Las defensas de los acusados en la causa iniciada al dirigente peronista platense Mariano Bruera y a ex funcionarios de la gestión municipal de su hermano Pablo, formularon serias objeciones sobre el valor procesal de la principal prueba que ofrece la acusación: una serie de CDs con escuchas telefónicas que, según indicaron, habrían sido editadas de manera de "acomodar la prueba para el lado de la acusación".

En medio de una audiencia caliente, donde por momentos se cruzaron los gritos y en el que la fiscal del caso, Victoria Huergo se vio visiblemente molesta por las objeciones, se decidió que en diez días el Tribunal decida sobre la veracidad de esa prueba.

En caso negativo la causa podría "caerse a pedazos", indicó una fuente judicial.

Según explica en detalle el diario digital 0221.com.ar, la audiencia del 338 es una etapa procesal establecida en el artículo 338 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires donde, básicamente, las partes se expiden sobre la prueba a debatir en el eventual juicio oral del caso y en la que también so solicita (de ser necesario) la producción de nueva prueba (instrucción suplementaria).

La importancia de esa diligencia radica en que entre otros puntos también se trata la validez constitucional de los actos de la investigación penal preparatoria que deban ser utilizados en el debate y las nulidades que pudieran existir, siempre que tales cuestiones no hubieren sido planteadas y resueltas en dicha etapa investigativa.

Según 0221.com.ar, el abogado Juan Di Nardo, defensor de Enrique Ángel Sette - ex secretario de Planeamiento Urbano de la gestión Bruera-  solicitó la “exclusión probatoria” de las escuchas telefónicas que existen en la causa por entender que la defensa no tuvo la posibilidad de controlar la prueba. Sostuvo que hizo ese planteo “en defensa de la República y del estado de derecho” pero aclaró, socarronamente, que no estaba “imbuido por el espíritu” de la líder de Cambiemos “Elisa Carrió”.

El defensor alegó que el juez de Garantías de la causa, Pablo Raele, “no garantizó nada” y avaló que el denunciante Guillermo Andreau “actuara como agente provocador, llamando por teléfono a los acusados para hacerlos hablar” lo que consideró “una verdadera excursión de pesca” y a partir de esas escuchas “se armó el expediente”. Además señaló que los CD donde fueron registrados los audios “carecen de fecha cierta, no se sabe cuándo se tomaron” las intervenciones telefónicas.

Las defensas sostienen que nunca tuvieron acceso a la totalidad de las escuchas telefónicas, que solo pudieron ver desgrabaciones parciales “que contienen errores” lo que genera “falta de confiabilidad de las transcripciones” sostuvo el abogado Alejandro Montone, defensor de Mariano Bruera.

La información de 0221.com.ar consigna además que los audios no fueron ofrecidos para el juicio oral como prueba por la fiscal Huergo, quien solicitó que se tomen en cuenta las actas de desgrabación. Ante ese panorama Montone sostuvo que esas transcripciones “no son prueba” ya que “en lo grabado se encuentra la prueba preconstituida”.

A su turno el abogado Fabián Améndola, defensor del ex funcionario Gustavo Petró, aseveró que las escuchas “son medios de prueba que fueron manipuladas por la acusación.

La fiscal recordó que las intervenciones telefónicas fueron avaladas por el juez de Garantías y por la Cámara de Apelaciones; señaló que el fiscal de instrucción Jorge Paolini “seleccionó los tramos útiles para sostener la acusación” al tiempo que no se opuso a que los audios sean sumados como evidencias y se escuchen durante el debate. “Las grabaciones siempre estuvieron a disposición de las defensas”, subrayó la fiscal y propuso como instrucción suplementaria que se sumen como prueba para el juicio la totalidad de las grabaciones resguardadas bajo el número de efecto 4204.

El defensor Di Nardo se opuso por entender que la etapa de ofrecimiento de prueba estaba cerrada. Esa postura fue acompañada por el resto de las defensas. El abogado Améndola, en elevado y efusivo tono de voz, señaló que la fiscal “propone en esta audiencia salvar sus errores”.

Por su parte el abogado Eduardo Gutiérrez, defensor de Roberto Moreno, consideró que “la igualdad de armas siempre se respeta, debemos ir a debate con la prueba ofrecida” y selló su negativa al planteo de la fiscal.

La audiencia fue presenciada por Gabriel Bruera, hermano de Mariano; el titular del Partido Justicialista de La Plata, Luis Lugones, tío de los hermanos Bruera, y la abogada feminista referente de la lucha contra la violencia de género, Flavia Centurión.

La causa se inició por la denuncia el abogado y empresario platense Guillermo Andreau en febrero de 2014. Asegura que los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.

Según la investigación del fiscal Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.