“El intendente de Olavarría está protegiendo a lo más oscuro de nuestra historia. Y encima le envía a su comunidad un mensaje de impunidad.” Esto dijo en 2004 el entonces secretario de Derechos Humanos bonaerense Remo Carlotto. En una nota publicada en Página 12 y nutrida por un informe de la periodista , Martina Noialles, Remo Carlotto –uno de los tíos reencontrados por Ignacio Hurbán -Guido Montoya Carlotto- condenaba así la inexplicable decisión del entonces intendente de Olavarría (murió de cáncer en 2007) Helios Eseverri de mantener en un cargo público a uno represorres acusados por participar de lo que en Olavarría se conoce como La Matanza de Monte Peloni.

Una matanza que será ventilada en juicio oral el próximo 22 de septiembre en dependencias de la Universidad Nacional del Centro.

PROTEGIDO POR ESEVERRI

Un hecho que, curiosamente, nunca figuró en la agenda de los medios de comunicación masivos y del que podrían desprenderse datos claves para la pesquisa de la apropiación de Guido y de otros bebés nacidos en cautiverio y presuntamente llevados a la Olavarría de los años de plomo.

“A pesar de los testimonios de ex desaparecidos y las denuncias de los organismos de derechos humanos, el intendente se niega a remover a su director de Control Urbano, Omar “Pájaro” Ferreyra”, se señaló en el artículo donde se citaban declaraciones del intendente Eseverri: “No se fusila sin sentencia”, defendió Eseverri a su jefe de Control Urbano.

Toda una frase paradojal. Como paradojal resulta que Eseverri un día abandonó el radicalismo de toda su vida para pasarse al Frente para la Victoria. Y que al morir, su hijo José lo reemplazara en el cargo y al poco tiempo fuese uno de los primeros jefes comunales en reportarse a Sergio Massa.

EXIGIA PRUEBAS CONTRA SU AMIGO

En la nota se contaba que la comunidad de Olavarría “ya dio su veredicto: muchos vecinos se niegan a que el represor les firme el carnet de conducir”. 

En la Conadep aparecía un represor de Olavarría denunciado bajo el apodo de Pájaro. Ninguna de estas pruebas parecieron alcanzarle al entonces intendente Eseverri que, “desde que confirmó a Ferreyra en su cargo, se convirtió en el primer gobernante que se niega a remover a un represor de las filas de su administración”, decía el artículo. 
“Eseverri quiere que le presentemos una foto de Ferreyra torturando o sus huellas digitales en una picana. Se olvida que las pruebas por las que se condenó a los miembros de la última dictadura son testimoniales”, se indignó Remo Carlotto acaso sin saber que ese intendente había compartido muchas cosas con quien fuera el apropiador de su sobrino Guido: el terrateniete Carlos Francisco “Pancho” Aguilar.

LAS VISITAS DE REMO CARLOTTO A OLAVARRIA

La denuncia sobre la presencia del represor Ferreyra había sido hecha por la Central de Trabajadores Argentinos que afirmaba que un represor de Monte Peloni cumplía funciones en la municipalidad de Olavarría.

Otra paradoja: Remo Carlotto visitó reiteradas veces al intendente radical. Le recomendó personalmente y por escrito que lo separara a Ferreyra del cargo, pero no hubo caso. Eseverri no accedió. “Separar del cargo es condenar por sospechas y sin defensa en juicio a una persona que vivió en paz durante 20 años. Proceder así sería volver a utilizar el empleo público como instrumento de persecución política. ¿No estaremos poniendo en marcha una caza de brujas?”, respondió públicamente el intendente Eseverri, a quien tras su muerte lo sucedería su hijo, hoy enrolado en la fuerza de Sergio Massa.

ASESINADOS

Aquella revelación sobre el pasado de Ferreyra, contaba Página 12, llegó a desencadenar, incluso, una crisis en el gabinete que terminó en la renuncia indeclinable del secretario de Gobierno, Héctor Vitale, quien no soportó que su jefe ratificara al represor en la Dirección de Control Urbano. 
La Secretaría de Derechos Humanos ha logrado recolectar testimonios de varios ex detenidos desaparecidos que involucran a Ferreyra con la represión. En 1977, Rubén Sampini cumplía el servicio militar en el Regimiento de Caballería Blindada de Olavarría cuando observó movimientos extraños. “Un grupo de suboficiales y oficiales andaban siempre vestidos de civil, entraban y salían a cualquier hora, se movían en vehículos sin chapa –recordó Sampini–. Entre ellos se encontraba un sargento Ferreyra al que apodaban el Pájaro.” Luego de descubrir un calabozo con detenidos, Sampini fue secuestrado de su casa, mantenido desaparecido en Monte Peloni y luego trasladado al Penal de Azul.

OTROS TESTIMONIOS

Otro de los testimonios es el de María del Carmen Fernández, hermana del secuestrado y luego asesinado Jorge Fernández. Tras enterarse por la radio que su hermano había muerto en un supuesto enfrentamiento, reclamó al teniente coronel Ignacio Verdura que le entregaran el cuerpo. Después de varios días de idas y venidas, finalmente le dijeron que se lo darían, bajo amenaza de no abrir el féretro “si no queríamos terminar como Jorge”. “El ataúd fue bajado de una Ford F-100 celeste por Omar ‘Pájaro’ Ferreyra. Luego lo llevaron a un depósito donde permaneció más de un mes”, explicó María del Carmen, como ya lo había hecho en 1983 en la Cámara 1 en lo Criminal de la Capital Federal, que en ese entonces llevaba la causa del Primer Cuerpo del Ejército.

EL INEFABLE CORONEL VERDURA

El coronel Verdura, también juzgado por la Matanza de Monte Peloni, es quién ordenó a la viuda del asesinado abogado Carlos Moreno (en un hecho que involucra a Amalia Fortabat) que lo enterrase en cualquier parte menos en Olavarría.
“No quiero hablar absolutamente nada porque ya es mi vida pasada”, fue una de las pocas respuestas que dio Ferreyra al diario local El Popular. Ante la insistencia de la periodista Noallies sobre su actuación en Monte Peloni, el militar sólo atinó a contestar: “Si ustedes quieren saber algo, vayan y hablen con el regimiento”.

El sitio www.desaparecidos.org/arg/centros/peloni/ describe Monte Peloni ubicándolo sobre la Ruta 76, en la localidad olavarriense de Sierras Bayas.

MONTE PELONI

“Fue una estancia de vieja construcción. El edificio principal era alargado, con un alero formado por enredadera y una vereda alrededor. Techo de dos aguas, ventanas enrejadas, piso de ladrillos. Una habitación grande con una cama y un sillón de cuero. Sala de interrogatorios, una habitación a un nivel treinta cm más alto que las otras y cuatro habitaciones más, con camas de elásticos de flejes. Los detenidos no conocieron baño. A un costado se encuentra un edificio formado por un galpón, cocina y varias habitaciones, una de las cuales se usaba como sala de torturas a la cual se descendía por dos o tres escalones. Frente a este local, una vivienda de caseros. En el patio, entre ambos, dos carpas. Tanto éstas como la vajilla llevaban la inscripción E.A. (Ejército Argentino). Se escuchaba un generador eléctrico con motor a explosión.

Olavarría funcionó como cabecera represiva de la región. "Monte Peloni" fue utilizado por el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados Nº 2 "Lanceros General Paz" del Ejército Argentino, como lugar de detención, tortura y eventual ejecución sumaria de decenas de militantes políticos, gremiales y sociales de Olavarría y la zona.

EL JUICIO EN SEPTIEMBRE

Monte Peloni comenzó a ser utilizado como improvisado lugar de reunión de detenidos, según la terminología represiva, aproximadamente al año del golpe de estado. En septiembre de 1977, debido a la gran cantidad de secuestros simultáneos que asolaron la ciudad a partir del 16 de ese mes (alrededor de veinte jóvenes en una única redada), se habilitó el predio militar como centro de interrogación y detención permanente. Este CCD funcionó hasta mediados de 1978”.

Recientemente según se indica en el sitio www.soc.unicen.edu.ar/ el Consejo Académico de la Universidad del Centro, a través de la Resolución Nº 098/14, declaró de Interés Institucional la realización de las audiencias sobre el Juicio Monte Peloni que se realizará en la sede del Complejo Universitario de la UNICEN de Olavarría, a partir del 22 de septiembre de este año por parte del Tribunal Oral en la Criminal Federal de la Ciudad de Mar del Plata.

La resolución está fundamentada en el siguiente considerando:

Que resulta fundamental promover la educación ciudadana en derechos humanos pues constituye una obligación indelegable de todo Estado que aspire a construir una sociedad democrática y es un derecho que tiene que ser garantizado igualitariamente para todos los que viven en esta Nación.

Que la Universidad Pública estimula todas aquellas actividades que contribuyan substancialmente al mejoramiento social del país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y a través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia.

Que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y por ende cada Facultad, en tanto institución pública, tienen la responsabilidad de crear condiciones para sensibilizar, profundizar y reflexionar acerca del campo de conocimiento y análisis de las prácticas en derechos humanos, en procesos que promuevan el aprendizaje como vehículo del desarrollo de las prácticas y de la transformación de identidades, visibilizando, a su vez, las demandas de los derechos y reconocimientos de una memoria colectiva. 

Que la educación superior es esencialmente una responsabilidad en la construcción del futuro común de la Nación, y por ello resulta una tarea indelegable de la Universidad Pública la reconstrucción de la Memoria Histórica del Pueblo a partir de la búsqueda de la verdad y la justicia.

Que la realización del por Juicio Monte Peloni (causa Nº 93306153) en la sede UNICEN de Olavarría implica una modificación en la vida institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, puesto que colaborará especialmente en todos los aspectos de la organización sobre todo considerando la cantidad de personas involucradas en la causa y el tiempo de ejecución (a partir del 22 de Septiembre de 2014 durante seis semanas de lunes a jueves durante toda la jornada de cada día).

Que durante los 25 años de trayectoria que tiene la FACSO las actividades sobre DDHH han sido una de las temáticas que identifican institucionalmente a la facultad, y que a lo largo de su historia se han comprometido y participado todos los claustros en la realización de diferentes actividades.

LA OLAVARRIA DEL HORROR Y LA COMPLICIDAD

Para conocer más sobre la Olavarría de los años de plomo y las complicidades de empresarios y políticos con la represión y el robo de bebés, resulta esclarecedor el artículo publicado en 2004 en www.olavarría.com por la periodista Ivone Anahí Martín.

En ese artículo se desmenuza la pista Monte Peloni y la complicidad de un sector del poder político.

“Omar Ferreyra, director de Control Urbano de Olavarría y acusado por su pasado presuntamente represivo, fue confirmado en el cargo por el Intendente Helios Eseverri, tras la presentación de un documento firmado por ex detenidos desaparecidos y la elaboración de un contundente informe por parte de la Secretaría de Derechos Humanos Bonaerense que refiere a su actuación en Monte Peloni. Según el titular de dicha secretaría, Remo Carlotto, Eseverri es el único gobernante que se negó a remover a un ex represor de su Gabinete.

EL GOLPE EN OLAVARRÍA

Cuando en Argentina asumió la Junta Militar encabezada por el general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti, Olavarría no quedó al margen de la política implementada por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El entonces Intendente Municipal Raúl Pastor fue removido ilegítimamente y se implementó también aquí, la técnica de desaparición de personas. Según un documento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos la nómina de personas asesinadas por las FFAA cuyos familiares viven en Olavarría sobrepasa la veintena: Jorge Alvarez, Osvaldo Bartolini, Griselda Betelú y su compañero, Adolfo Berardi, María Gau de Berardi, José Boneto, Ana María Mobili de Boneto, Héctor Cassataro, Alicia Ramírez Abella de Cassataro, Eduardo Cassataro, Elba de Cassataro, Jorge Fernández, Alfredo Maccarini, María Eugenia Sanllorenti de Massolo, Carlos Moreno, Liliana Pachano, José Pareja, María Luisa Peredo, Elba Pirola, Roberto Rivelli, María Rago, Alberto Repetur, Rubén Villeres y Graciela Folini.

LAS DENUNCIAS

Las versiones que incriminan a Omar Ferreyra tomaron estado público en Enero de 2004, cuando un grupo de ex detenidos-desaparecidos olavarrienses durante el proceso militar que abarcó hasta 1983 expresó públicamente mediante un documento su pedido de investigación respecto del pasado “presuntamente represivo” del director de control urbano municipal, y solicitó asimismo su separación del cargo al intendente. 

Los siete firmantes fueron Juan José Castelucci, Carmelo Vinci, Carlos Gensón, Eduardo Santellán, Rubén Sampini, Eduardo Ferrante y Osvaldo Fernández. Previo a esto, el secretario de Gobierno Héctor Vitale había reconocido la existencia de sospechas que recaían sobre el funcionario, cuya designación el 11 de diciembre pasado recibió duras críticas por parte de organismos defensores de Derechos Humanos, así como organizaciones sindicales y políticas. “Nosotros, como ex detenidos políticos y secuestrados por quienes actuaron en aquella época en nombre y junto al ejército podemos presumir que Ferreyra pudo haber sido uno de los integrantes de los grupos de tareas que actuaron en los centros clandestinos de detención, como el Monte Peloni en Olavarría y La Huerta en Tandil, entre otros. Este militar retirado fue visto en el operativo que se hizo en el Cementerio Municipal para entregar el cuerpo de Jorge Oscar Fernández, en cajón cerrado, a sus familiares directos. El ataúd fue entrado al cementerio por una puerta trasera en una camioneta celeste que también habría sido usada para secuestrar militantes políticos... Estos hechos fueron relatados ante la Justicia cuando se reabrió la investigación sobre el secuestro y asesinato de Jorge Oscar Fernández. Así como este militar retirado pudo participar de un operativo tipo comando para entregar el cuerpo de quien había sido secuestrado de su hogar por hombres vestidos de civil, ¿Por qué no pensar que también pudo formar parte de los grupos de tareas que actuaron en Monte Peloni u otro centro clandestino de detención?”, indicaron.

"MI VIDA PASADA"

Cuando el diario local consultó al actual director de Control Urbano sobre su actuación en el controvertido Monte Peloni este manifestó que fuesen a buscar una respuesta al Regimiento: “Sobre esa época no quiero hablar absolutamente nada porque ya es mi vida pasada”, añadió. Una respuesta que podría incriminarlo por el hecho de no salir a defenderse ante las graves acusaciones si verdaderamente no tuvo participación alguna.

LAS VÍCTIMAS Y LOS RECLAMOS

Algunas de las víctimas que en Monte Peloni estuvieron detenidos en la segunda mitad de 1977 fueron Jorge Oscar Fernández, luego asesinado por el ejército y cuyo cuerpo se entregó en cajón cerrado a familiares, y Alfredo Maccarini, que permanece como desaparecido. “A ambos los vimos con vida, compartimos el cautiverio, los escuchamos gritar”, aseveraron quienes hoy peticionan con razón, debido a que son muchas las sospechas que envuelven a Ferreyra. Por tanto, solicitaron ante Helios Eseverri una investigación para que el mismo funcionario explique su grado de involucramiento en el operativo del Cementerio Municipal, especifique su función en Monte Peloni u otro centro clandestino de detención durante esa época. “Le pedimos, como damnificados directos del terrorismo de Estado en Olavarría y la zona, que se separe a Omar Ferreyra de su actual función de la Dirección de control Urbano y que no ocupe ningún cargo público hasta tanto no aclare su situación respecto de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la zona durante la dictadura militar”, concluye la presentación que recibieron tanto el Departamento Ejecutivo comunal como la Secretaría de DDHH de la Nación y la Provincia, partidos políticos locales y legisladores.

Hubo además del reclamo de los ex detenidos otros tres: uno por parte del bloque de concejales del Justicialismo, para que se informe si fehacientemente se trata de un represor, otro en el cual la Asociación Permanente por los Derechos Humanos(APDH) requirió al Ejercito Argentino información detallada acerca de qué servicios y actividades cumplía el ex militar, sin dejar de lado el inicio de sumario administrativo para que se separe del cargo a Ferreyra, y un expediente posterior elevado al Concejo Deliberante en el que el bloque del Partido Intransigente pide una separación preventiva, figura prevista en la Ley Orgánica de los Municipios como en los estatutos de personal municipal. Y Eseverri, que no deja de ser noticia por su postura frente a temas sumamente delicados como éste, subrayó rápidamente que “no se fusila sin sentencia”. Declaró haberse comunicado con el ministro del interior Aníbal Fernández, quien habría coincidido en no castigar a alguien sin pruebas, ante lo cual el intendente le habría manifestado que “un torturador de cualquier laya que sea jamás se va a quedar”. Este es un hombre que hace cuatro o cinco años se retiró del ejército y ha trabajado desde entonces como colaborador en entidades de bien público, como la Fundación del Hospital, situación que le permite extrañarse de que todo esto surja precisamente cuando asume un cargo público, con la sensación de que ciertos grupos que se oponen al gobierno realizan estas denuncias.

LOS RECLAMOS 

El departamento Ejecutivo Municipal remitió entonces las actuaciones al secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde mientras todo continuaba dilatándose, aunque ya una carta había sido entregada en manos del presidente Néstor Kirchner en su visita a Olavarría por parte de la APDH y de los propios ex detenidos-desaparecidos. Por otra parte, pese a que el secretario de gobierno Héctor Vitale sentenció que bajo ningún punto de vista estaría junto a represores cumpliendo funciones en un gobierno democrático, el director de Control de Tránsito no nada desmintió acerca de su actividad en el centro clandestino de tortura.

La Provincia tomó intervención en el mes de febrero, cuando el Secretario de Derechos Humanos Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió al Jefe Comunal que separe preventivamente a Omar “Pájaro” Ferreyra de la Dirección de Control Urbano, tras sostener que “es una actitud ética que se debe tomar ante la menor sospecha”. Según su opinión, no significa un juicio previo sino respeto por quienes han padecido hechos dramáticos durante la dictadura militar. “El gobierno nacional ha separado inmediatamente a cualquier funcionario que hubiese estado involucrado”, enfatizó. Carlotto expresó que una vez reunidos los testimonios que pudieran sumarse a los ya presentados por los ex detenidos políticos, la CTA y la APDH todo se elevaría ante la Conadep a fin de que su nombre quede en los registros, y a la Secretaría de DDHH de la Nación para corroborar la existencia de elementos suficientes que establezcan su vínculo con la represión. Observó que estarían dadas las condiciones para reactivar causas vinculadas a violaciones a los DDHH durante la última dictadura y dijo al respecto que era un “elemento suficiente que el Cuerpo Legislativo haya anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”.

Omar Ferreyra está sospechado de haber participado de los grupos de tareas que en la madrugada del 16 de septiembre de 1977 secuestraron de sus hogares a una veintena de militantes políticos, a quienes se condujo vendados y esposados a una comisaría de Las Flores. Diez días más tarde estos fueron trasladados a Monte Peloni, un predio bajo jurisdicción de las FFAA en la zona de Sierras Bayas. Las voces y escasos detalles registrados le permitieron a los secuestrados reconocer el lugar ante la Conadep cuando lo visitaron con la comisión, creada por el gobierno de Alfonsín. “El gobierno municipal quiere pruebas, y las víctimas de la represión le presentaron algunas. No se puede exigir pruebas concluyentes al modo con que se las reúne en un proceso actual, con las instituciones en pleno funcionamiento... ¿cuál es el vínculo que existe entre Omar Pájaro Ferreyra y el grupo que arrancó de su casa a Fernández para después asesinarlo... Este hecho fue relatado ante la Justicia y en la Conadep aparece un represor local denunciado bajo el apodo de Pájaro. Estos son elementos que podrían ser pruebas. La brecha que queda entre ellas y las que exige el gobierno municipal sólo puede ser salvada por la ética”, afirma una nota publicada en El Popular el 15 de febrero. Así, entre los indicios que comprometen a Ferreyra se sumó un ex conscripto que le adjudica haber estado ubicado dentro del área de inteligencia del Ejército. No son pocos quienes están convencidos de que tuvo una participación directa, ya que incluso posee una voz idéntica a uno de los individuos que golpeaban y picaneaban a jóvenes olavarrienses.
 

LA DEFENSA DEL INTENDENTE

No obstante, a horas de la llegada de Carlotto a Olavarría el intendente defendió por primera vez a Ferreyra y calificó su gestión en Control Urbano como “excelente”. Si bien prefirió no inmiscuirse en el pasado del funcionario y sí dejar todo en manos de la secretaría de DDHH ratificó que no lo separará preventivamente. Es más, dijo no haberse arrepentido de nombrarlo en el cargo. Remo Carlotto recordó que “es exclusiva atribución del intendente el sostenimiento o remoción de su funcionario”. Más allá de sanciones sociales, casos como el de Omar Ferreyra que aporten documentos contundentes podrían enmarcarse en las megacausas que están reabriéndose por las atrocidades cometidas hace más de 25 años. “Estamos conviviendo con los responsables de todo ese horror”, estimó sin dejar de mencionar que “desde la función que yo cumplo, tengo la obligación de actuar con mesura para contar con los elementos que acrediten esta situación. Lo que hicimos fue una recomendación. Por ahora, lo que puede haber es una condena de orden social y creo que, cuando tengamos todos los elementos sobre el rol de esta persona, va a ser de orden institucional. Entonces, no importa si se da desde el Ejecutivo Municipal, la Secretaría de DDHH de la Provincia o desde el marco de la Justicia”.

MAS DE CARLOTTO EN OLAVARRIA

Carlotto explicó que por los años transcurridos el grueso de los datos por recabar tenía que ver con pruebas testimoniales, vivencias de los detenidos que serían evaluados para confeccionar un informe que llegara al Intendente, y luego se plantearía a quienes hicieron la presentación si quieren presentarse como querellantes o si lo quiere hacer una ONG. El 20 de Febrero, tras el encuentro entre Eseverri y Carlotto, Héctor Vitale quien oficiara de vocero del Intendente comentó lo que este había prometido al secretario de DDHH: “Le dijo que no va a durar un minuto en el gabinete nadie que haya participado de los delitos que se denuncian”. Vitale confirmó también que el funcionario cuestionado había puesto a disposición de Eseverri su renuncia, pero le fue negada .

El viernes 27 de febrero llegó a manos del Intendente el informe que involucraba seriamente a Ferreyra, aún parte de su gabinete, con el terrorismo de Estado, a partir de pruebas testimoniales y un entrecruzamiento de datos de la Conadep con otros actuales. Del libro “Nunca Más” elaborado en 1984 surgen crudas testificaciones, y una de las víctimas que ya no reside en la ciudad corroboró la existencia de un represor con el apodo de Pájaro. 

Pero nada fue suficiente ante la obstinación del Ejecutivo, que tres días y medio después de la entrega del informe declaró no haber leído el documento, qué sólo habría pasado por las manos del presidente del Concejo Deliberante Julio Alem. Éste reiteró que la salida del director de tránsito “es lo mejor para todos”, al tiempo que el secretario de Gobierno, subsecretario de Comunicación y cultura, el senador José Eseverri y la presidenta del bloque de la UCR extrañamente no habían tenido acceso a los datos provinciales. En medio del hermetismo, Eseverri no recibió siquiera a quien viajó desde La Plata con el informe que recomendaba “encarecidamente” la separación del cargo ya que “aparece con escasísimo margen de duda la participación activa de Omar Ferreyra en los grupos de tareas, y si este margen de duda de mantiene, es precisamente por las características de clandestinidad que tuvo la actuación de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal”.

EL REPUDIO DE LOS DIPUTADOS

Un grupo de diputados nacionales repudió conceptos de Eseverri y según fuertes trascendidos jamás llegó a la secretaría de DDHH de la nación la documentación que el Ejecutivo Municipal dijo haber enviado. Los concejales olavarrienses, por su parte, insistieron en que Ferreyra debía ser echado sin más: algunos calificaron el informe de 11 páginas con crueles testimonios de detenidos desaparecidos como “lapidario”. 

Tampoco diez días fueron suficientes para que Eseverri diera el brazo a torcer y removiera a su funcionario, seguía dudando y esperando pruebas que no iban a llegar porque no existe otro elemento que el testimonial para señalar a los represores. Carlotto salió a declarar a la agencia Infocielo que “el informe presentado es suficientemente contundente: hay muchas coincidencias”. De todas maneras no se hicieron esperar las amenazas, y la presidenta de la filial local de la APDH, Rosa Iguerategui, recibió un mensaje armado sobre páginas de diario de tono intimidatorio: “Tachi asesinada”. El mensaje llevaba la firma de un “Comando olavarriense del Orden Social”.

El 9 de marzo fue la fecha en que Helios Eseverri decidió conservar en el cargo a un hombre sindicado como ex represor, y como consecuencia inmediata renunció su secretario de gobierno y mano derecha, Héctor Vitale. La decisión no aceptaba objeciones, pese a no recibir el apoyo de sus funcionarios más cercanos. Posteriormente envió a la Secretaría de DDHH una respuesta al informe provincial: “Hasta su designación el señor Ferreyra era un vecino más sobre el cual no pesaban inculpaciones algunas por su actuación como suboficial de carrera de las FFAA. Nadie había hablado durante más de 20 años... Es norma en mi gobierno no tolerar funcionarios corruptos, ni torturadores ni represores. En toda mi vida he defendido la preeminencia de las libertades públicas y de los derechos individuales. Por ello siempre he estado en la otra vereda de todos los totalitarismos. En esos regímenes el ciudadano pierde de inmediato su derecho a la inocencia y el estado represor asume la potestad de condenar sin pruebas y sin defensa alguna. Esto se agrava más en esta sociedad mediática en la que vivimos, donde se ha generalizado el perverso sistema que convierte toda denuncia en una sentencia”.

El texto del Intendente continúa: “Separar del cargo como quiere el movimiento acusatorio, es condenar por sospechas y sin defensa en juicio a una persona que vivió en paz durante esos 20 años... Parece interpretarse que la sola separación de las funciones libera de culpas y cargo al inculpado, conclusión que sería desacreditante para toda la petición. Proceder así sería volver a utilizar el empleo público como instrumento de persecución política... Es claro que el camino más llano para este Intendente es separar del cargo al cuestionado, a quien por otra parte, no lo une ni amistad personal, ni vinculación política. Pero, proceder de esta manera, es convertir al suscripto en una especie de Poncio Pilatos... Usted (por Remo Carlotto) dice textualmente que las pruebas testimoniales colectadas seguramente no serían suficientes para establecer que Omar Ferreyra haya sido autor material del delito de tortura o que haya tenido un puesto de relevancia para ordenar que este aberrante delito se cometiera, si las pruebas son insuficientes y sobre ellas construimos un sistema de sospechas atropellando las certezas, ¿no estamos poniendo en marcha esa caza de brujas?... Entiendo que usted debiera pedirle probanzas concretas al grupo acusatorio, para seguir considerando esa petición.”, concluye la carta, intentando revertir sobre el Secretario de DDHH bonaerense el discurso antidictatorial.

Carlotto puso en evidencia que Eseverri tiene un enfoque muy equivocado sobre la función del informe provincial y que su decisión “atenta contra el sistema democrático”. Sostuvo que es imposible “exigir pruebas a quienes estuvieron amordazados y encapuchados” y que impulsarán que se abra una causa ante la Justicia Federal que desnude todo el aparato represivo que se desplegó en la zona durante la dictadura. A su entender, el informe no significa una condena a un inocente, y disintió en otro aspecto: “si esta persona convivió pacíficamente en la comunidad es porque hubo impunidad”. Finalmente explicó que no se trata de una caza de brujas sino del modo correcto de cómo deben funcionar las instituciones. En una nueva visita a Olavarría confirmó que Eseverri es el único gobernante que se negó a remover a un ex represor de su Gabinete. El objetivo del informe era expresar a los olavarrienses con quién están conviviendo. Ahora, la APDH y la CTA, junto con sus pares de Azul y Tandil, desean avanzar en la denuncia penal par investigar a fondo la brigada de Las Flores, La Huerta y Monte Peloni.

OBEDIENCIA DEBIDA Y PUNTO FINAL

El periodista Osvaldo Fernández, hermano del asesinado Jorge Fernández, afirmó tras los dichos del intendente, que “no es verdad que no se lo haya mencionado durante 20 años”. De no haber sido por las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida Ferreyra debía haber respondido ante la justicia por la acción en que Ferreyra entregó el cuerpo sin vida de su hermano. “Esto mismo lo vengo manifestando incansablemente, desde hace casi una década, en mi programa de radio y en cuanta emisora estuve”, recalcó.

EL RECLAMO EN EL ANIVERSARIO DEL GOLPE

Todo esto se enmarca en una fecha más que significativa, por lo que es imprescindible destacar que un centenar de personas pobló las calles céntricas de la ciudad para conmemorar los 28 años del golpe de 1976 y en defensa por los derechos humanos, en una de las jornadas más intensas y numerosas que conozca Olavarría. Hubo una reunión testimonial en el Concejo Deliberante, la plaza se arropó con las siluetas y fotografías de los desaparecidos, y la marcha que concluyó frente a la casa del Director de Control Urbano, donde se produjo el primer escrache realizado en Olavarría. 

La memoria tuvo su lugar en el recinto, donde hablaron la presidenta de la APDH local, el asesor de la Secretaría de DDHH Enrique Pochat, y Osvaldo Fernández, Rosana Cassataro, Ana Julia Bonetto y Juan Weiz, familiares de desaparecidos. Posteriormente, una bandera argentina encabezó la marcha, y en cierto momento los dirigentes dejaron en “libertad de conciencia” a quienes no estuvieran de acuerdo en realizar el escrache, que incluía la suelta de un pájaro verde, pues para algunos esto pondría en peligro el éxito de la jornada. 

La vecindad mostró un apoyo incondicional a Ferreyra, y hubo cierto grado de violencia con cuatro o cinco manifestantes. Sin embargo, la protesta terminó pacíficamente, con la escultura del pájaro en su jaula colgada fuera del Palacio Belgrano, donde se desempeña el funcionario. Para la mañana siguiente, la realización artística había desaparecido. No así la lucha por la memoria, que continúa en Olavarría”.

LA MUERTE DE ESEVERRI

Eseverri nació el 16 de febrero de 1930 en la localidad de Sierra Chica, partido de Olavarría. Se desempeñó como trabajador rural (tambero) desde los 13 a los 36 años. Con posterioridad ejerció otras actividades económicas, como viajante de comercio y martillero público. 
Paralelamente, había comenzado a militar en la UCR, y desde 1958 hasta 1966 ocupó una banca en el Concejo Deliberante local. 
En 1973 resultó elegido senador provincial, puesto que desempeñó hasta el golpe militar de 1976. 
Con el retorno de la democracia, en 1983, fue elegido por primera vez intendente de Olavarría. Cuando concluyó su mandato, el entonces presidente Raúl Alfonsin lo designó delegado del PEN en Tierra del Fuego -cuando la actual provincia era territorio nacional-, y se mantuvo allí durante dos años. 
En tanto, volvió a ser elegido otras cuatro veces jefe comunal de Olavarría de manera simultánea, en los comicios de 1991, 1995, 1999 y 2003. Un episodio que lo tuvo como protagonista fue en agosto de 1997, cuando decidió prohibir la presentación del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dos días antes de la presentación de la banda, y mientras miles de jóvenes habían arribado a la ciudad cabecera del distrito. Al mandatario comunal se le detectó un tumor en el páncreas en abril de 2006. 
Al día siguiente de haber sido informado sobre su enfermedad, pronunció el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, en un acto que tuvo toda la carga emotiva generada por la noticia. 
En septiembre del año pasado anunció una vez más su candidatura a la reelección, a pesar de que su estado de salud se resquebrajaba. 
El 27 de mayo último presidió el acto de conmemoración de la Revolución de Mayo en la localidad de Espigas, en la que fue su última aparición ante el público.

EN LA PLATA LLORARON SU MUERTE

Su muerte, cabe señalar, mereció en La Plata sentidas expresiones de algunos políticos del radicalismo, del peronismo (todos ellos hoy enrolados en el massismo) y de otras figuras públicas, entre ellas un fiscal en ejercicio. Así se desprende del sitio http://eleccionesolavarria.blogspot.com.ar/2007/09/la-muerte-de-eseverri-en-la-web.html publicadas en la sección fúnebres del diario El Dia. Todo está guardado en la memoria...

Fuentes:
El Popular de Olavarría
Página 12
www.desaparecidos.org.ar
www.soc.unicen.edu.ar
www.olavarría.com
www.eleccionesolavarria.blogspot.com.ar