De acuerdo al organismo, cada causa le genera al Estado un costo no inferior a los 10 mil pesos. Al número final se arriba multiplicando ese monto por las 18.327 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) que se registraron en 2018.

En ese sentido, la Defensoría reveló que casi el 29% del total de causas por violación de la Ley de Estupefacientes se iniciaron por tenencia para consumo personal, es decir por pequeñas dosis, principalmente de marihuana.

“La necesidad del poder político de mostrar mejores estadísticas y los resultados de los procedimientos policiales, terminaron por vulnerar los derechos de cientos de personas”, sostuvo el Defensor Adjunto, Walter Martello.

Bajo este escenario, el organismo planteó modificar la Ley de Estupefacientes, una norma de 1989, para evitar la persecución judicial de usuarios y cultivadores, incluyendo en el debate los puntos de vista de los consumidores.

También, reclamó revisar la Ley de Desfederalización Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, una medida adoptada en 2005 para que las provincias tengan competencia en materia de estupefacientes para los delitos menores.

“En este esquema, los organismos nacionales centrarían su atención sólo en el comercio ilegal en gran escala, pero como resultado se generó un debilitamiento de las políticas federales”, destacó la Defensoría.

Asimismo, pidieron declarar la emergencia en materia de adicciones en todo el país, dotando de recursos al sistema de prevención y asistencia de las adicciones, con el compromiso de todos los gobiernos provinciales.

“Es necesario avanzar hacia una actualización de las normas para que los consumidores dejen de ser criminalizados, y que tengan el derecho de poder realizar una actividad que forma parte de su cultura y de su estilo de vida”, marcó el Defensor, Guido Lorenzino.

Fuente: DiputadosBonaerenses