jueves 25 de abril de 2024 - Edición Nº3865
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El plan para frenar la bomba carcelaria

*Por Jorge Joury.- El Presidente leyó el mensaje de la gente a través de los cacerolazos del jueves -los más largos de los últimos tiempos- y rápidamente pegó un golpe de timón. En la Casa Rosada reconocen que el primer propósito es descomprimir la ocupación carcelaria que se desbordó.


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    El Presidente leyó el mensaje de la gente a través de los cacerolazos del jueves -los más largos de los últimos tiempos- y rápidamente pegó un golpe de timón. En la Casa Rosada reconocen que el primer propósito es descomprimir la ocupación carcelaria que se desbordó. Además,  ponen el foco en “el abuso de los jueces”. También están convencidos que la  oposición  buscó aprovechar un reclamo legítimo de la sociedad para sacar provecho haciendo política partidaria. No obstante, la protesta fue extendida geográficamente y socialmente. Una señal muy potente: atribuirla a la oposición suena realmente exagerado y muestra incomprensión del problema.
    Algunas encuestas también encendieron las alarmas, al marcar que más del 81% de la población está en contra de estos beneficios carcelarios, donde se colaron violadores y hasta temibles represores acusados por delitos de lesa humanidad.
    Rápido de reflejos, Alberto Fernández  hizo una lectura del campo contaminado por el debate y habló con sus primeras espadas, entre ellas la ministra de Justicia, Marcela Losardo. La orden que bajó es apagar el fuego, enviar un fuerte mensaje a los tribunales y apuntarles a la cabeza en caso de excesos a los jueces, como lo hizo Sergio Massa quien este lunes promoverá los primeros tres pedidos de enjuiciamientos. 
    El Presidente no actuó en soledad. Primero conversó con Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, para consensuar la idea de dar un mensaje claro y contundente, en medio de la creciente tensión por las excarcelaciones para evitar un contagio masivo en los penales, donde la situación no está para nada calma, sino en un tenso tic-tac de una bomba de tiempo. 
    Alberto Fernández y Axel Kicillof salieron al mismo tiempo a marcar la cancha. Dejaron en claro que las decisiones sobre las prisiones domiciliarias eran responsabilidad de la Justicia, mientras que Massa advertía con las futuras sanciones a magistrados que “abusen” en sus fallos con liberaciones de presos que no sean grupos vulnerables. 
    El tigrense fue uno de los críticos más fervorosos, al reconocer que “sobrevino una oleada de abusos de jueces que están haciendo su veranito”. El presidente de la Cámara de Diputados ya tiene en la mira a tres magistrados. Por el lado de  Kicillof , le encomendó a su ministro de Justicia, Julio Alak, un informe pormenorizado de los fallos judiciales bonaerenses. El gobernador quiere constatar si hay magistrados que hayan otorgado prisión domiciliaria a presos por delitos graves. En ese caso, actuará en forma conjunta con Massa para avanzar en presentaciones y una herramienta de control para evitar futuros excesos.
    Lo más inquietante, es que las estadísticas marcan que el 80% de los liberados no califican como grupo de riesgo. Desde el 17 marzo, en la provincia de Buenos Aires hubo 439 libertades relacionadas con el coronavirus sobre una población carcelaria de 42.300 (entre penales y alcaldías). Entre los beneficiados hay 56 violadores.
    Si bien la jueza de ejecución penal de Quilmes, Julia Márquez señaló que desde el comienzo de la etapa de aislamiento social obligatorio fueron excarcelados o, al menos, obtuvieron prisiones domiciliarias 176 pervertidos sexuales, fuentes judiciales establecieron ese piso de 56 beneficios otorgados a violadores directamente por sus condiciones físicas. Estiman que en el resto de los casos puede tratarse de libertades asistidas o directamente la finalización de penas. Lo preocupante es que esa situación confirmada en los casos bonaerenses se replica en otras provincias.   
    En lo que tiene que ver con el Servicio Penitenciario Federal hay 13.086 mil internos, de los cuales 1.280 pertenecen a los grupos de riesgo. La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, fue terminante en repudiar las liberaciones de violadores sobre todo y por estas horas analiza con una lupa  caso por caso la situación de los 320 reclusos que fueron beneficiados con prisión domiciliaria. También realiza un pormenorizado análisis de los antecedentes de unos 405 detenidos que estarían en condiciones de acceder a la libertad asistida o condicional. 
    En la quinta de Olivos creen que cuanto antes hay que apagar la mecha y ponerle punto final a la situación, antes que se desmadre y se convierta en más caldo de cultivo para la oposición. Sostienen que “no hay más nada que decir. El tema lo deben resolver los jueces. Nosotros no tenemos que ver con la liberación, que en realidad tampoco es liberación, es mandarlos a prisión domiciliaria. Si la oposición quiere aprovechar un reclamo legítimo contra los jueces para hacer política partidaria, eso tiene poca vida. No se puede capitalizar algo así y tampoco nosotros vamos a pagar el costo con el tiempo de lo que hacen otros”, murmuran en el entorno presidencial. 
    El jefe de Estado quiere ser ecuánime. Sostiene que “entidades internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos.En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema”, sostuvo. 
    En los pasillos de la Casa Rosada reconocen que los cacerolazos del jueves se sintieron más fuertes que en otras oportunidades. No obstante,  en la lectura fina argumentan que “darle una intencionalidad política a la protesta o que la oposición crea que puede representar ese cacerolazo porque es contra el Gobierno, va a hacer que se peguen un porrazo. Muchos de los que hicieron sonar las cacerolas a las ocho de la noche salieron a aplaudir la cuarentena una hora después; ni uno significa una protesta contra el Gobierno ni el otro un aval”. 
    El Presidente ya bajó linea de que no quiere más voces del oficialismo sumándose al debate público. Pero en el Gobierno no dejan de levantar el dedo contra a la oposición: “Si creen que ganan la agenda, esta agenda es muy corta y basada en una mentira de liberaciones masivas. Pueden querer sostenerla pero no puede durar mucho más que unos días”.
    Mientras tanto, la jueza de ejecución penal Nº 1 del Departamento de Quilmes, Julia Elena Márquez, arrojó más nafta al fuego. Puso en el centro de la escena que desde que comenzó la pandemia fueron liberados 1.528 detenidos. La magistrada afirmó que ya tienen la domiciliaria 176 violadores y abusadores. “Fueron liberadas 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual”, disparó sin anestesia. En esa dirección, Márquez añadió que en un solo día salieron la misma cantidad de detenidos que en todo un año, y reveló que por cada preso se llegan a recibir en su juzgado hasta cuatro solicitudes de prisión domiciliaria. Peligroso escenario es el que acontece. Se hace necesario desactivar cuanto antes la bomba. Sobre todo, para llevar tranquilidad social a la población en medio del aislamiento y no cargar más las tintas con noticias inquietantes.
     
    *Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.    

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