La violencia de género establece vínculos de poder, sometimiento y es simbólica, psicológica, física, sexual y económica. También política: la presencia de mujeres en ámbitos de toma de decisiones tiene como correlato la naturalización del menosprecio en sus capacidades, acoso, intimidación y violencia.

 El Observatorio de Violencia Política hacia las mujeres "Julieta Lanteri", realizó, entre 2017 y 2018, la encuesta nacional "Violencia machista en ámbitos públicos". El relevamiento de datos, compilados en el libro "No son las reglas, es violencia",  estableció que nueve de cada diez mujeres padecen violencia en el ámbito de la política.

  Esta tensión entre paridad de género y violencia machista se manifiesta en el 90 % de mujeres encuestadas que sufrió violencia de algún tipo durante su trabajo y el 65 % que recibió insultos a través de redes sociales. En tanto, un 88 % fue víctima directa o indirecta de bromas o comentarios por su desempeño en la política y el  27 % que percibió un ingreso salarial menor por su condición de género.  Además, 7 de cada 10 fueron silenciadas en sus propuestas y proyectos, 9 de cada 10 sufrió tanto una distribución desigual del trabajo político como también del uso de la palabra en reuniones.  De la falta de apoyo para la organización del tiempo familiar con el político resultó que lo padecieron 7 de cada 10 políticas mientras que 9 de cada 10 encuestadas se refirieron a las reuniones o actos políticos que no contemplaban sus horarios para tareas de cuidado familiar.

Mujeres, año electoral y campañas

  La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009, entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial como así también su seguridad personal.  

  En 2019, con la aprobación de la reforma a la Ley 26.485,  a las tipificaciones existentes de  violencia doméstica, institucional, laboral, hacia la libertad reproductiva, obstétrica y mediática, se incorpora la violencia política, como una manifestación más de violencia de género.

Poco antes de la modificatoria y con el espíritu de la reforma, el  Primer conversatorio sobre violencia contra las mujeres y disidencias en la política, estudió el impacto en redes sociales de las elecciones de 2019. El trabajo articulado del Observatorio Julieta Lanteri, el Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina (COPPAL) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Généro (ELA), indagó en la violencia política hacia las candidatas de  diferentes agrupaciones. Las manifestaciones más frecuentes fueron:  agresiones directas, opiniones despectivas sobre aspectos físicos, roles o mandatos, desvalorización de proyectos y discriminación de índole sexual  con el objetivo de "reproducir y reforzar estereotipos de género y naturalizar la violencia hacia la mujer en política".

  Según datos complementarios del informe, una de cada 2 mujeres fue maltratada en forma verbal en actividades políticas, 2 de cada 10 las agredieron físicamente y a 3 de cada 10 mujeres fueron víctimas de abuso. Los resultados indicaron que 8 de cada 10 legisladoras sufrió violencia durante su carrera política: 50 % violencia psicológica, 28 % violencia simbólica, 22 % violencia económica, 9 % violencia física, 7 % violencia sexual. El informe da cuenta que más del 60 % de las situaciones son a través de internet y que el 71 % de las agresiones específicamente en redes sociales.

Si conoces alguna situación de violencia hacia una mujer llama al 144 las 24 horas.

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