La comuna local tiene en la mira a una mujer acusada de ser la cabeza visible de una red de trata de personas para reclutar a unos 200 senegaleses que operan en La Plata en la venta callejera. En esa dirección se presentaron una serie de pruebas ante la Justicia Federal. Hay precisiones, domicilios clave donde operaría esta mujer a la que apodarían "La jefa" y el origen y los lugares donde se ocultaría la mercadería que se comercializa. También se acercaron a la justicia datos del sitio donde les brinda alojamiento y hasta la mecánica del armado de las viandas de comida diarias para los vendedores. Todo forma parte de un voluminoso expediente donde se solicitan una serie de diligencias judiciales para poder desbaratar esta banda ante el presunto delito de “asociación ilícita” y trata de personas, comentó una fuente confiable a DIARIO FULL. Son muchos meses de trabajo a fondo y seguimientos.    

Rápida de reflejos, la Asociación de Senegaleses que residen en La Plata salieron a desmentir de plano la existencia de este negocio ilícito.Desde ese sector aseguraron que "no hay trata de personas, no hay ninguna mujer que nos traiga la mercadería ni nada de esto. La mercadería la compramos en La Salada, en esos lugares que todo el mundo conoce. Con nuestra plata vamos, volvemos a vender, guardamos la ganancia y con lo demás volvemos a comprar. Así trabajamos, no hay nadie detrás nuestro".  

Pero el río viene sonando desde hace tiempo y haciendo olas de una verdadera mafia. Son muchas las constancias en el plano investigativo que marcan certezas.

Por ejemplo, en el mapa de la manera clandestina que se mueve el negocio, se estableció a través de mecanismos judiciales que los contingentes del país africano llegan desde Dakar hasta América vía Ecuador, pasan luego por Perú, por Brasil e ingresan a la Argentina por la porosa frontera de Misiones. El territorio misionero también es canal de entrada de productos ilegales. Después, la organización arma el vallado y la distribución en el país. 

Córdoba, Rosario, Mendoza y otras ciudades como La Plata, integran esa malla mafiosa. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma son los puntos de arribo frecuente y donde más se factura. Pero también la red se extiende hasta en algunos puntos de la Patagonia.

La Plata a través de las denuncias del municipio, promete ser el disparador en esta búsqueda del entramado. Las fuentes consultadas por DIARIO FULL manifestaron que existen elementos de técnica judicial primarios, de rápida resolución investigativa y de punibilidad posible. A la violación de la Ley de Marcas antecede la flagrancia en la comisión del delito penado por el artículo N° 205 del Código Penal, para aquellas personas que propaguen una enfermedad contagiosa.
Los manteros en cuestión no tienen la mínima prevención sanitaria en sus puestos tendidos en las veredas. Lo señalan, además, los comerciantes que debieron tener sus negocios cerrados durante  más de cinco meses.
“Ni hablar de la desigualdad ante la ley que impone ese doble estándar. Por no abundar en que venden mercadería ‘trucha’, en que no pagan impuestos o en la deslealtad de la competencia por vender en esas condiciones algunos rubros que nosotros tenemos en vidriera; entre ellos textiles, calzado plásticos, óptica, elementos de celulares, prendas de lana, marroquinería y una variedad que se expande”, insisten fuentes del comercio local.
La punibilidad es compleja. De los 200 senegaleses establecidos en el casco urbano de La Plata, 170 de ellos no tienen documentos. Aún así, en esa informalidad, el de ellos es el único comercio que creció 200% en los últimos tres años. Al punto de desplazar a los vendedores ambulantes locales, confinados a las ferias americanas con ropa usada. Los senegaleses son apenas el cortinado, coinciden en la mesa tripartita que acaba de armarse.

En la presentación judicial que se efectuó este lunes ante los Juzgados Federales de La Plata, se solicita se investiguen los delitos de acción pública de “Asociación ilícita”, “falsificación y reproducción de marcas”; “encubrimiento de contrabando” y “evasión tributaria”.

Al mismo tiempo, se solicita que se investigue la procedencia de la mercadería, a raíz de que son artículos que violan la legislación por ser falsificaciones de marcas.

Las huellas de estas organizaciones que operan en la Argentina, tienen antecedentes concretos. Por ejemplo, meses atrás, se conoció una trama siniestra de tráfico y trata de personas. Esto tiene que ver con unos 75 senegaleses que fueron traídos al país para ser explotados luego como manteros en la venta de mercadería ilegal. Se hizo mediante una ingeniería compleja, que incluyó la falsificación de pasaportes, el traslado, la recepción de las personas traficadas en varios países y la evasión de controles migratorios. Además, el cobro, por parte de los explotadores, de 6000 dólares para sacar a las víctimas de su país de origen y traerlos a la Argentina.

Los hombres captados por esta red fueron primero trasladados desde Senegal hasta Gambia, donde se les otorgaban pasaportes de esa nacionalidad. Desde allí, eran trasladados a Ecuador, que no les requiere visado a quienes cuenten con ese pasaporte. Una vez que llegaban al país latinoamericano, los esperaba alguien. La consigna, al salir de Gambia y al llegar a Ecuador era clara: nunca mencionar que el país de destino sería Brasil o la Argentina.
Finalmente, desde Ecuador, eran "bajados" por tierra. Primero, a Perú, donde algunos relatan que para ingresar, pasaron "a pie" un río. Luego, los trasladaban, también por pasos ilegales, a Brasil, con un derrotero que los llevaba por varias ciudades. Finalmente, terminaban en la Argentina, donde desembarcaban en la localidad de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones, para luego ser trasladados en colectivo hasta la ciudad de Buenos Aires.
La promesa para captar a los senegaleses siempre es la misma. En Dakar, la ciudad en el que algún integrante de la banda los reclutaba, se les prometían trabajos formales, con los que podrían saldar sus deudas con los traficantes y hacer una vida digna en el país. Pero cuando llegaban, se encontraban con un escenario muy distinto. Eran forzados a vender mercadería ilegal. Varios líderes de esta organización fueron detenidos y a través de los testimonios se logró saber que se les quitaban el pasaporte y, al llegar aquí. La excusa era que el documento seguía estando en Senegal. ¿Cómo comenzó la investigación? Tuvo su puntapié inicial el 14 de febrero de 2018, por una denuncia realizada por Julián Marcelo Curi, quien fuera entonces Subdirector Nacional de Migraciones y Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).
Desde esa dependencia, se informó que cinco ciudadanos senegaleses "habían otorgado elementos para detectar una maniobra de ingreso ilegal de personas a la Argentina". Tres de esos cinco expresaron que tenían deseos de volver a su país y todos coincidieron en que la migración se debió a la falta de empleo y la pobreza que viven en su país de origen.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones, se señaló que hacerle frente a las redes transnacionales de tráfico y trata, requiere un esfuerzo especial para evitar el ingreso ilegal al país. "Somos el país más abierto de toda América. Nosotros radicamos a 720.000 personas del mundo en tres años y medio. Por eso tenemos que tener una clara política en contra del tráfico de personas y de la trata de personas. Es importante entender que la Argentina tiene 9500 kilómetros de frontera, mientras que, la de Estados Unidos con México tiene 3000".

Alika Kinán, una sobreviviente de una red de trata para la explotación sexual, quien trabaja en el Programa de Estudios, formación e Investigación sobre Trata y Explotación de la Universidad de San Martín, cuenta que la forma de operar de estas organizaciones delictivas siempre deja a la víctima en "deuda" con su tratante. "La maniobra era descontarles dinero mes a mes, año a año, en función de lo que ellos van ganando, cuando en realidad son reclutados para ser explotados. laboralmente".  

Los senegaleses también desembarcan durante los veranos en la costa atlántica. Los he visto en Pínamar, cuando los traen como ganado en la caja de las camionetas, donde bajan sus bolsas. Llevan instrucciones precisas de los lugares donde operarán, lejos de la mirada de los inspectores municipales. Siempre los comanda un argentino. Es la misma persona que les da alojamiento y comida y que se lo descuenta de las comisiones por las ventas que logran.

Es un negocio que mueve $71.500 millones al año y donde existe una telaraña de poderosos intereses, entre ellos el entramado de los talleres clandestinos, que también proveen a poderosas marcas y famosos modistos.

 

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.