El ministro de Seguridad, Sergio Berni, por estas horas busca la mayor cantidad posible de efectivos bien entrenados para materizar la diligencia si no hay una orden en contrario. Por lo que pudo saber DIARIO FULL, serán necesarios más de 500 policías, con el soporte de cuatriciclos, caballos y vehículos con tracción en las cuatro ruedas dado lo escarpado del terreno.

Berni elaboró un cuidadoso plan para evitar que la situación se desmadre, ya que según el relato de los vecinos, en el lugar hay grupos armados que los amenazan y por las noches se escuchan tiros al aire. La orden que le bajó Kicillof al ministro es evitar la represión.

No obstante, el escenario es muy delicado, ya que las organizaciones de izquierda y de algunos movimientos sociales que están detrás de la toma, han endurecido el discurso y están dispuestos a resistir. Hasta el momento, rechazaron todas las propuestas presentadas por el gobierno bonaerense. La última incluía comprar tierras para reubicarlos y otorgar subsidios de 50 mil pesos para terminar con la usurpación. Por esa razón se preparan para resistir el desalojo que debería llevarse a cabo mañana jueves, tal como lo dispuso el juez Martín Miguel Rizzo de manera “improrrogable”. Esto es lo que genera mayor incertidumbre entre los funcionarios, que a contrarreloj llevan adelante las negociaciones en la mesa de diálogo creada para el efecto. “La cerrazón de ciertas organizaciones es llevar la situación a un extremo de violencia. Nosotros no queremos pensar mal pero lamentablemente nos están poniendo ante este tipo de reflexiones”, le dijo a Infobae Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad.

La tensión generalizada por el aumento de tomas ilegales de tierras aceleró la puesta en marcha en la provincia de un plan integral de 33.600 viviendas y acceso a la tierra, que se traducirá en una inversión de 190.000 millones de pesos en los próximos tres años. Para este proyecto, el gobernador empoderó a la ministra de Gobierno, Teresa García para que lleve adelante la operatoria.

Según las estimaciones realizadas por organismos oficiales, los usurpadores que responden a los grupos más radicalizados asentados en el predio de 100 hectáreas “no superan el 20 o 25% como máximo”, pero, según entienden, lograron tener la representación de las asambleas de los cuatro barrios que componen el acampe y que son 9 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión.

El análisis de campo realizado por Larroque, determinó que estas organizaciones son el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Partido Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), y un sector de lo que sería Libres del Sur vinculado a Humberto Tumini, y algunos otros sectores más pequeños. “Están poniendo en riesgo a las personas que están ahí, Hay cientos de familias con sus derechos vulnerados”, se señaló.
Este lunes, los movimientos de izquierda que encabezan la toma de Guernica marcharon a la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires para exigir la cesión de parte de las tierras usurpadas y rechazar la propuesta de Axel Kicillof. Desde la Municipalidad de La Plata se informó que el personal afectado a cubrir acciones de prevención en esa marcha, seguridad y tránsito, sumado a las tareas de limpieza y los daños ocasionados al patrimonio de la ciudad, superaron el millón de pesos. 

Durante esa movida se le exigió a Kicillof, el “10% de las tierras del emprendimiento inmobiliario de Guernica, que una vez finalizado sería de 365 hectáreas” También se anunció un “abrazo solidario" para este jueves para evitar el ingreso de la Policía bonaerense al predio, tal como lo dispuso la justicia.

Desde la gobernación tratan de evitar esa situación. Están convencidos que a pesar de todas las precauciones que se tomen, una provocación de los sectores que se manifiestan contra el desalojo podría llevar a algún tipo de enfrentamiento o heridos o aún peor. De hecho, los informantes recuerdan el confuso incidente ocurrido en las últimas horas del domingo en la que fue gravemente herido de bala Leandro Matías Sánchez, de 21 años, un militante social que pertenece a la CTD Aníbal Verón y participa de la toma mientras viajaba en auto junto a otros tres personas.

El joven fue internado de urgencia. Por el hecho, cuatro policías de la Bonaerense fueron acusados de efectuar los disparos. Todo ocurrió en la zona Glew, en el límite con Guernica. 
Las organizaciones de izquierda que participan de la toma ya elaboraron un proyecto de edificación por si consiguen la cesión del 10% de las tierras proyectadas para construir un barrio cerrado. Axel Kicillof ya desestimó esa propuesta.
La decisión es que los usurpadores que en su mayoría no son de Presidente Perón, serán reubicados en sus distritos de origen. Según pudo saber DIARIO FULL, los usurpadores provienen de Almirante Brown -más de 60 familias- y en menor medida de San Vicente, Esteban Echeverría, y algunos, muy pocos de Quilmes y La Matanza.
Los intendentes ya tienen a disposición los terrenos para que esas familias sean trasladadas. No hacen pública la ubicación por temor a que otros intenten usurparlas. La propuesta también involucra la posibilidad de que los habitantes de Guernica -casi 700 familias- se queden en las 9 hectáreas que no corresponden al proyecto inmobiliario y que solicitaron a la justicia el desalojo.
La razón es doble. Por un lado, los presuntos dueños “están flojos de papeles”. Hasta el momento ni el fiscal ni el juez de la causa confirmaron de manera fehaciente la titularidad de esos terrenos. Por el otro, se establecerían allí de manera temporal hasta que se les asignen tierras de manera definitiva, que a través de un fideicomiso puedan adquirirlas con créditos blandos otorgados por la provincia.
Quienes realizaron el censo en Guernica se quedaron con la sensación que la mayoría de los allí asentados buscan también una solución pacífica, pero que el “copamiento” de las organizaciones de izquierda de las asambleas dificulta llegar a un acuerdo. Por esa razón, el juez Rizzo convocó los últimos días a los abogados que patrocinan a los usurpadores. El juez y el fiscal tampoco quieren un desalojo violento.

Las personas que usurparon los terrenos son asesoradas y representadas por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, un colectivo que interviene con frecuencia en causas populares. Los números además hablan claro: en la Provincia ya se tomaron más de 4.300 hectáreas, un número que dispara todas las alarmas.  

 

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.