Cien días de negociaciones para apagar el fuego de lo que es un delito, es demasiado tiempo para la impunidad. Era una fija que iba a terminar de la manera más violenta como ocurrió esta madrugada en Guernica. Entre corridas, gritos, detonaciones y decenas de detenidos, más de 4.000 efectivos bajo la dirección de Sergio Berni, realizaron a primera hora de la mañana el desalojo de la toma, predio usurpado desde principios de julio.
Los movimientos de izquierda, que eran los más radicalizados en defender su bastión, ya habían adelantado que resistirían hasta las últimas consecuencias. Desde esta columna advertimos en una sucesión de notas, que la presencia de grupos armados era altamente peligrosa y se iba a fortificar con el paso de los días en medio de estériles negociaciones que lo único que hicieron fue fortificar a los intrusos. Ni siquiera la generosa política de subsidios del gobernador Axel Kicillof, pudo convencerlos.
No obstante, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el Gobierno para desalojar pacíficamente el predio. A cambio recibieron materiales de construcción, y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas. En tanto, otras fueron alojadas en “espacios transitorios” de Presidente Perón.
Contrariamente, bajo la consigna "No al desalojo, tierra para vivir", militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco y en la Autopista Buenos Aires- La Plata.
Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial.
La explosión de tomas de tierras en diversos puntos del país puso al descubierto la desconcertante mirada del Gobierno sobre esta problemática. Fue suficiente, para abrir las puertas de la impunidad y desgastarse frente a los ojos de la sociedad, cuyo límite es la propiedad privada. SI bien es cierto que los hechos reflejan un drama que involucra la real falta de acceso a la vivienda, se sumaron rápidamente la mecánica de organizaciones mafiosas, sustentadas en un imprescindible apoyo político.
Debe haber un antes y un después de Guernica. Hay que cortar de cuajo cualquier tipo de usurpaciones, para que no se reproduzcan, En este marco, la respuesta inicial del gobierno se caracterizó por la confusión discursiva, donde alternaron posturas antagónicas como la del referente social Juan Grabois y la del ministro de Seguridad provincial Sergio Berni y por la pasividad práctica. En este tramo, desconcertó además que la ministra de Seguridad Sabina Frederic y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero fijaran la postura oficial. Dijeron que “la toma de tierras no es un problema de inseguridad” y que “hace falta una sentencia firme para que una toma sea ilegal”, respectivamente. En los hechos, estas situaciones acrecentaron la oleada de usurpaciones con aval gubernamental. Inexplicablemente ya se contabilizan unas 1.800 denuncias de tomas y 4.300 hectáreas ocupadas sólo en la provincia de Buenos Aires.
Por ejemplo, en La Plata, hubo 60 intentos y la avanzada de copamiento de la propia comuna por parte de movimientos sociales, los mismos que intentaron echar raíces en Guernica.
Otra luz roja para la Casa Rosada, debe representar la escalada específica de ocupación de tierras en la región cordillerana de Río Negro, con usurpación de Parques Nacionales, incendios de propiedad privada y agresiones cont ra habitantes de Villa Mascardi, El Bolsón y El Foyel. Este cuadro de situación no hace otra cosa que devaluar al gobierno en la misma actitud de inacción y complicidad tácita con los delincuentes. En este caso, con el agravante de convalidar una real amenaza a la soberanía nacional, por tratarse de un conflicto que involucra a grupos que se autodefinen mapuches y reclaman supuestos derechos ancestrales sobre territorio argentino. Se llegó además al extremo, con las intervenciones de Frederic cuando denunció a los vecinos que se manifestaban contra las tomas en Mascardi-y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuyas autoridades directamente incitaron e incluso participaron de las tomas.
También llegamos al muy resonante caso de Entre Ríos. Una realidad de tensión creciente, y una secuencia que se reproduce con un mismo guión ideológico, dirección gubernamental e interpretación de actores oficiales que cometen flagrantes delitos, o los justifican sin pudor.
Todo lo expuesto refleja una grave defección de las funciones esenciales del Estado de derecho que, para peor, lejos está de circunscribirse sólo a los aspectos referidos. Que el Gobierno exponga un desapego a la ley tan manifiesto no puede dejar de sorprender.
No puede haber otro Guernica. La consecuencia inexorable de todo esto es una erosión cada vez mayor de las instituciones y de la legitimidad democrática.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.