Hace horas, reapareció el Frente Piquetero en La Plata. Fue con un corte en la Bajada de la Autopista, como ilustra la foto y en el marco de una jornada nacional de protesta, donde le exigieron al gobierno nacional un bono de fin de año de 15.000 pesos y un subsidio de 40.000 para los trabajadores desocupados. Además le reclamaron al gobernador Axel Kicillof y al ministro Andrés Larroque, que aumenten la cantidad de alimentos que se entregan a los comedores y merenderos barriales. Es la primer señal que preanuncia un fin de año caliente. Para esta fecha, siempre el temor está a la vuelta de la esquina. Pero pese al fuerte aumento de la pobreza, el Gobierno no prevé un fin de año violento con gente pidiendo alimentos en la puerta de los supermercados. No obstante, en la Casa Rosada todos coinciden en que hay que estar muy atentos y elaborar un plan de contención lo antes posible. En esa dirección, ya se empezó a trabajar en un esquema de política social reforzada con el entramado de distintos programas destinados a descomprimir situaciones de tensión y contener a los sectores más vulnerables.

No hay que dejar de tener en cuenta, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo por estos días un anuncio muy duro, especialmente para un gobierno peronista. No es ni más ni menos, que la eliminación del IFE, que recibieron las personas más afectadas por el freno a la economía que se produjo por la pandemia. La medida fue tomada luego de una pulseada que duró semanas dentro del Gobierno y en la que, finalmente, se impuso el criterio fiscalista de Guzmán. Esa discusión tal vez sea la más trascendente que haya dividido al oficialismo porque ya no se trata de los fatigados roces entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner: afecta, en cambio, a lo más esencial de la identidad kirchnerista. Se empezó a debatir algo que es muy profundo y que definirá el destino del Gobierno.  

Por lo que pudo saberse, el plan de la Casa Rosada en diciembre para apaciguar el malestar social en los barrios irá al compás del operativo destinado para el reparto de la vacuna contra el COVID-19 que espera tener el Gobierno a fin de año.

Detrás de la eliminación del IFE, la estrategia va hacia la redefinición en otros programas. Se contempla además la entrega de un bono de fin de año, la caja navideña, una ampliación de programas laborales, más recursos para los comedores escolares, un nuevo giro de fondos a las provincias y el pago doble de la Tarjeta Alimentar, entre otras cosas.
También se está trabajando articuladamente con movimientos sociales, las Iglesias de diversos credos y los gremios para sustentar esa contención social en los barrios populares.
También se prevé el aporte de las Fuerzas Armadas en la distribución de alimentos como se viene haciendo hasta ahora con 1.200 operativos realizados en los barrios populares. La logística de este esquema se la considera crucial  para superar la etapa clave de fin de año en una Argentina donde la pobreza se aproxima a casi el 50% de la población.
En la mirada del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se viene ahora un esquema de “reconstrucción” basado en tres ejes:
1- El refuerzo en asistencia alimentaria. La Tarjeta Alimentaria, que llega a 3 millones de chicos, a más de 1 millón y medio de familias se va a duplicar en su monto para diciembre. Esto es un pago doble que implicará una erogación global del Estado de 14.000 millones de pesos.
2- Más planes laborales. A raíz de que el IFE tenderá a desaparecer o se redefinirá, el Ministerio de Desarrollo Social lanzará en estos días el plan Potenciar Joven para 100.000 chicos de 18 a 29 años, y las personas que se quedaron sin ingresos. Para ellos se prevé un esquema de contraprestación de proyectos de trabajo a cambio de una beca durante 12 meses de cerca de $8.500 mensuales. La intención del Gobierno es llegar a un millón de beneficiarios de este plan laboral y empezar a apuntalar en diciembre a estos sectores vulnerables.
Además, se buscará reforzar el plan Potenciar Trabajo, que contempla un pago de 9.400 pesos mensuales para unas 300.000 personas
3-Comedores escolares. El Ministerio de Desarrollo Social se encuentra en plena etapa de ampliación de fondos para los comedores y merenderos de todo el país. Se destinarán de aquí a fin de año más de $1.000 millones para este proyecto de contención social que se trabaja coordinadamente en los barrios con los movimientos sociales y las Iglesias.
A todo ello, en diciembre el Gobierno ya prepara un bono de fin de año para los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo monto aún se encuentra en estudio en la Anses, a cargo de Fernanda Raverta.
También se  contempla el reparto de 1,7 millón de cajas navideñas que este fin de año con más de nueve productos. Estarán destinadas a las familias que concurren a los comedores o merenderos. Los organizadores aseguran que la caja navideña que se prepara duplicará a la que se entregó en diciembre de 2019.

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro cree que "este fin de año la situación social en los barrios más críticos se ha descomprimido. En las ollas y comedores está yendo menos gente. Hay mucha más movilidad laboral. Millones de argentinos están buscando trabajo, hacen changas, hay más trabajo informal”.
No obstante, Navarro admite que hay que estar “alertas” y no descuidarse. En la práctica, esto es lo que le plantea a su equipo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: recorrer los barrios, estar atentos y contener a la gente que la está pasando mal.
Por orden presidencial, el monitoreo diario de la situación social es casi una gimnasia obligada que les transmite el jefe de Gabinete a sus ministros y funcionarios.
Además, Matías Kulfas prepara desde el Ministerio de Producción la continuidad del programa ATP para las empresas que se encuentran en situaciones complicadas. Esta es considerada también una herramienta clave para contener a los sectores productivos y evitar desmanes a fin de año. En el Gobierno saben que una quita de los ATP implicará un mayor foco de conflicto con los gremios, que ya están en estado de ebullición por la eliminación del IFE.

En el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo de Pedro, también cargan las baterías. Se prepara la última entrega de un fondo especial para la atención a las provincias para enfrentar la pandemia que llegará en diciembre con un giro de $20 mil millones.

Otra herramienta clave qie en la Casa Rosada señalan a la hora de hablar de contención social es la ampliación de la AUH que sumará un millón de chicos y de estos hay más de 15.000 que serán incluidos por la eliminación del tope de 5 niños por familia.
Así, la AUH que hoy llega a 2,3 millones de beneficiarios que cobran la Asignación Universal por Hijo pasará a ampliarse a más de tres millones de beneficiarios. Es la forma que encontró también el Gobierno para descomprimir el IFE y trasladar la ayuda a esos sectores.
Mientras tanto, los movimientos sociales se mantienen alertas. Algunos perciben que la situación social está al rojo vivo y que el desborde en las calles es un fantasma que merodea la escena. Otros sostienen que el tema está controlado desde la política social desplegada por la Casa Rosada.
Las primerass espadas del Gobierno no descartan que puedan existir “micro conflictos” en algunas zonas, pero no ven un panorama de desborde social generalizado. Entienden que la situación de inseguridad con altos niveles de violencia en el conurbano está controlada por el Ministerio de Seguridad y no tiene nada que ver con una eventual revuelta social en los barrios.
A diferencia de la mirada del oficialismo, Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Martín Fierro, una agrupación que está alineada con el kirchnerismo, observa un fin de año de alta tensión.
“Vemos con preocupación el aumento de precios que se dio como consecuencia de los aprietes para devaluar a pesar de que el gobierno se mantuvo firme para no hacerlo. No hay espacio para abordar la crisis junto al Estado, los comités de emergencia no funcionan y la gran mayoría de las organizaciones no somos convocadas”, añadió Beibe.
Desde esta agrupación sostienen que fue una “decisión equivocada” sacar el IFE en este contexto porque si bien se refuerzan otros programas y se está haciendo una inversión importante en la ayuda social “hay millones de argentinos que no tienen acceso a ellos y se van a quedar sin ese ingreso que no era mucho pero ayuda sobre todo en vísperas de estas fiestas que van a ser las más duras de los últimos años”.
Los referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) mantuvieron el una reunión con el ministro Arroyo para trasladar la preocupación por lo que se viene para fin de año en materia de protestas y reclamos sociales.
“Hay una preocupación del sector de la economía popular, tras la salida del IFE y la situación económica que se vive en los barrios. Hoy hay mucha gente en una situación de indefensión absoluta. La realidad en los barrios es muy difícil”, dijo Dina Sánchez de la UTEP después de la reunión.
Y desde el Movimiento Evita, Gildo Onorato, disparó que “no es función de los movimientos popular contener ningún conflicto, sí pelear para que se canalicen institucionalmente, nos parece relevante inyectar recursos para iniciar integración social a través de trabajo, porque el tiempo de los subsidios tiene que terminarse, son funcionales a que la pobreza se estructuralice”.
Mientras tanto, la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, trabaja para articular fuertemente esta cadena de ayuda entre el Estado, los movimientos sociales, las Iglesias y los gremios. En el Gobierno están convencidos de que el reparto de recursos sólo será útil en un diciembre caliente si se sostiene con un fuerte plan de contención.
“El Gobierno sigue sosteniendo a los sectores que más lo necesitan con un doble pago en la tarjeta AlimentAR, que además prevé una ampliación que alcanza a los 200.000 niños y niñas que ingresaron a la AUH entre marzo y septiembre. A esto se suma la ampliación de esa misma asignación y el Certificado de Preinscripción de Identidad, medida que permitirá llegar a los sectores más castigados y que -justamente por no contar con la documentación correspondiente- no pueden acceder a derechos básicos”, dijo Tolosa Paz.
La funcionaria también sumó como esquema de contención social el relanzamiento del Repro II que funcionará como un empalme para que los desempleados jóvenes puedan acceder al mundo del trabajo. Y si a esto le suma el bono extraordinario que podría aprobarse el próximo martes. “Vamos a tener un 25% de esa asistencia destinada al ProgresAR, que en los hechos significa la incorporación de unos 700.000 jóvenes al programa”, añadió.

Desde la Iglesia Católica monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas Argentina manifestó que “la pandemia, con sus consecuencias tan dolorosas, ha sido la ocasión para que estrechemos lazos de cooperación y coordinación con otras organizaciones de asistencia y promoción. El aporte solidario de la sociedad y el trabajo admirable de los voluntarios, son los nervios vitales con los que se sostienen los servicios más variados, que Caritas brinda desde los centros urbanos hasta los parajes más remotos del país”, señaló.

Así, la Iglesia y el Gobierno renovaron los convenios para asistir a los comedores y merenderos en los próximos meses. Todos saben que la situación social es muy frágil y puede activar en diciembre una bomba de tiempo y abrir las puertas del infierno, sobre todo, en una Argentina plagada de carencias.

 

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.