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Píparo pateó el tablero por más mano dura
*Por Jorge Joury.- Cambió a Burlando por Marcelo Peña, un abogado reconocido en el Círculo Rojo de La Plata por haber sido candidato a intendente y defendido al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, condenado por haber participado en las torturas de víctimas que permanecieron secuestradas en los centros clandestinos de detención del circuito Camps.
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Por:
Jorge Joury
Jorge Joury
El dicho popular aconseja que no hay que cambiar de caballo en el medio del río. Pero la diputada provincial Carolina Píparo decidió apartar a Fernando Burlando de la defensa de su esposo Juan Ignacio Buzali, detenido tras haber embestido una motocicleta en la madrugada de Año Nuevo. Esa titánica tarea pasa ahora a manos de Marcelo Peña, un abogado reconocido en el Círculo Rojo de La Plata por haber sido candidato a intendente y defendido al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, condenado por haber participado en las torturas de víctimas que permanecieron secuestradas en los centros clandestinos de detención del circuito Camps. Muchos se preguntan si realmente le conviene a Píparo encargar la defensa de su esposo a un defensor de genocidas. El enigma es si eso no le terminará dando más letra a la oposición y a las organizaciones de derechos humanos para asociarla definitivamente con la mano dura y ampliar la lluvia de críticas.
No hay que olvidar, que recientemente la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Píparo se mostraron juntas para reforzar el ala dura de Cambiemos en la Provincia y dar una señal de fortaleza política en medio de la tormenta.
El abogado Peña explicó las razones técnicas de la movida. Dijo que "se trata de una división de estrategias: Burlando seguirá llevando adelante la causa del robo que sufrieron Píparo y su marido y yo me haré cargo de la defensa de Buzali", explicó.
Peña se puso a trabajar para generar las pruebas necesarias que permitan solicitar que la causa será recaratulada y a partir de allí se pueda pedir también la excarcelación de Buzali, una solicitud que la Justicia ya le negó el pasado viernes.
Peña además fue abogado del ex policía bonaerense José Salmo, quien en 2001 baleó a Carla Lacorte. La hoy dirigente del PTS y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CPRODH) perdió la movilidad en ambas piernas tras ese hecho en el que el policía dijo haberla confundido con una asaltante. En una primera instancia, la sentencia había sido favorable al expolicía pero luego el fallo fue revertido.
Peña también participó en la política, en línea coherente con el perfil de las causas que defendió. En las elecciones generales de 2019 fue candidato por el Frente NOS, el partido del ex carapintada Juan José Gómez Centurión, ferviente defensor de la mano dura y militante antiderechos. Ya se había anotado para ese cargo en 2011, en la lista que presentó a Adolfo Rodríguez Saá como candidato a gobernador bonaerense.
El abogado es oriundo del barrio de Tolosa. Estudió en la Escuela Italiana y luego siguió la carrera militar en el Liceo Naval de Río Santiago. “De ahí viene algo de lo ‘facho’ que me achacan”, reconoció durante una entrevista en la que negó ser fascista y en la que se pronunció en “defensa de las dos vidas”.
Lo que se comenta en las mesas de café de las diagonales platenses es que Píparo pateó el tablero porque no estaba de acuerdo en muchos aspectos con la defensa encabezada por Burlando. El rumor es que las diferencias se acentuaron en los últimos días cuando la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó otorgarle la excarcelación. En el entorno del exitoso y mediático abogado creen que el caso se ha politizado demasiado y con tanta presión mediática se hace cuesta arriba estructurar una defensa que llegue a buen puerto.
"Las resoluciones impugnadas que no hacen lugar a las excarcelaciones de Juan Ignacio Buzalli (ordinaria y extraordinaria) se encuentran fundadas y ajustadas a derecho", sostuvo la Sala de Feria de dicha Cámara en su fallo que confirmó lo que había resuelto en primera instancia la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia.
Los jueces Alejandro Villordo y Silvia Oyamburu se pronunciaron por el rechazo a la excarcelación ordinaria y extraordinaria de Buzali, mientras que el camarista Fernando Mateos adhirió al voto en la ordinaria pero votó a favor de otorgarle la extraordinaria por considerar que el detenido "no procurará eludir u obstaculizar la investigación ni burlar la acción de la Justicia".
Mientras tanto, Buzali continúa detenido a disposición de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien le imputó el delito de "doble homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de los dos motociclistas que atropelló al confundirlos con "motochorros".
A su vez, los camaristas rechazaron cambiar la calificación del hecho tal como lo había solicitado la defensa de Buzali y ratificaron que se trató de un "doble homicidio en grado de tentativa".
En su voto, Villordo detalló que la excarcelación ordinaria no puede prosperar "en tanto la pena que tiene previsto ese delito es de entre 4 y 16 años y ocho meses de prisión",
Para rechazar la extraordinaria también tuvo en cuenta "las características del hecho, la pena en expectativa y a la conducta asumida por el imputado luego de acaecido el hecho que se le atribuye lo que no encuentra garantizada su sujeción al proceso vía excarcelación".
En el voto, al que adhirió Oyhamburu, el camarista valoró la declaración de los dos jóvenes atropellados por Buzali en la madrugada del 1 de enero en calles 21 y 38 de La Plata al confundirlos con dos "motochorros" que minutos antes los habían asaltado.
El magistrado mencionó que los motociclistas refirieron que circulaban por un costado de la calle para dejar pasar otros autos "momento en que uno escucha un vehículo circulando a gran velocidad, al que le hace señas para que baje la velocidad, pero al darse cuenta que iba a ser impactado, se abraza a su amigo, pero igual es impactado".
Villordo agregó que los testimonios, videos y otras pruebas aportadas en la causa "dan cuenta que la persecución del motovehículo, se efectivizó -aproximadamente- 40 minutos después del eventual hecho de robo denunciado por el imputado y su pareja, que habían emprendido con la finalidad de dar alcance y detener a los posibles autores".
Píparo fue asaltada en la madrugada del 1º de enero en la puerta de la casa de su suegro, ubicada en la ciudad de La Plata. Seis sujetos en moto la rodearon y amenazaron con un arma para robarle la mochila con dinero y el teléfono celular.
Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado, por lo cual persiguieron y terminaron por embestir a una de las motos, arrastraron el rodado, dejaron tirados a los jóvenes y emprendieron un escape.
A todo esto, una organización social de La Plata pidió en las últimas horas mediante una carta abierta que la justicia actúe sin presiones de ningún tipo en el caso. El documento se suma a un pedido de familiares de víctimas y otras organizaciones a nivel nacional que se manifestaron a favor de que la diputada provincial sea apartada de su cargo en la Secretaría de Atención a la Víctima en la Municipalidad de La Plata.
La carta abierta fue publicada por la ONG María Pueblo, que exige "de manera firme a la justicia para que actúe sin presiones de ningún tipo y que los ciudadanos de La Plata, de la Provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina podamos unirnos cada vez más en nuestras luchas de manera solidaria".
También denuncian que las empleadas de la Secretaría de Asistencia a la Víctima no conocían personalmente a Carolina Piparo porque "jamás atendió a ninguna víctima en persona" en su lugar de trabajo.
El fundador de María Pueblo, Darío Witt, manifestó que el intendente Julio Garro, se está "haciendo el distraído" con el caso. Ante la negativa de Carolina Piparo de renunciar a su cargo, el abogado mencionó que "ya es responsabilidad de Garro mantener a Piparo".
La semana pasada dimos cuenta en esta misma columna que la ONG había publicado una carta pidiendo la renuncia de Piparo y que había sido firmada por organizaciones de todo el país y familiares de víctimas. Según comentaron, el documento tiene más de 2500 rúbricas. Uno de los firmantes es Jorge Taddei, padre de Wanda, quien fuera asesinada después de rociarla con alcohol y prenderle fuego el 21 de febrero de 2010 por el femicida Eduardo Vázquez del grupo Callejeros. Sobre el documento que pide la dimisión de Piparo, Taddei dijo que "no fue un accidente, yo creo que estaban buscando justicia por mano propia, porque conozco la mentalidad de esta persona". "La conozco personalmente, he participado en reuniones donde ha estado", agregó.
Para Carola Labrador, madre de Candela Rodríguez, la niña de 11 años asesinada en 2011, Piparo debe apartarse del cargo "porque no está capacitada para atender a las víctimas. En todo este tiempo nunca atendió una víctima". En la misma línea, la mujer describió que "hay muchas víctimas" que estarían más capacitadas "porque tienen solidaridad y humanidad. Ella no tiene nada de eso".
Sobre los deberes de funcionaria pública de Piparo, Gustavo Taddei puntualizó que la culpa le cabría igual a Piparo aunque se hubiera tratado de un accidente. "Cualquier funcionario que deja despatarrados a dos pibes en la calle que fueron atropellados y no le exige al marido que frene o que llame al 911, no puede estar en un cargo público de esta característica", afirmó.
Taddei afirmó que el jefe Julio Garro "tiene la misma mentalidad que esta mujer, la misma concepción ideológica de la sociedad. No tengo dudas de eso. Además de cuestiones partidarias y políticas". Para la madre de Candela, Garro no apartó a Piparo de su cargo "porque son del mismo partido". Además, abonó el argumento del pensamiento igualitario entre el intendente y la legisladora. Para Labrador "en la universidad donde estuvieron, no les enseñaron la materia humanidad". Respecto al avance de la causa, Taddei se mostró resignado y dijo que "lamentablemente sabemos que tenemos una justicia bastante amañada. Una justicia nacional que ha practicado el lawfare". Luego afirmó que hay que seguir luchando para tener una justicia más limpia. Desde su perspectiva, Labrador no cree que el rol político de Piparo en Juntos por el Cambio pueda pesar al momento de la investigación. En la misma línea, agregó que "no hay mucha gente del partido que la apoye" en el municipio.
En el plano polìtico, hay que dar cuenta que en el PRO bonaerense se comenta que "la imagen pública de Píparo quedó muy dañada". El argumento se sostiene a partir de una encuesta que disaró que de que cuatro de cada diez votantes de Juntos por el Cambio no cree en su relato de los hechos. Este dato llevó a varios en la mesa de poder amarillo a analizar que no logró fortalecer el discurso del robo y que emergió con más fuerza la figura de abandono de persona. "Es muy grave. La bancamos políticamente y, de alguna forma, de ir a la hoguera en la plaza pública, pero eso no quiere decir que no tenga que pagar un costo político", manifestaron.
En este punto, la mayoría de los dirigentes prefieren la baja exposición en la mayor medida posible y evitar ser blancos del peronismo en un año de elecciones. Por estas horas, se evalúan dos vertientes del plan en curso, que ya tiene un posible desenlace interno: dejarla fuera de la próxima lista legislativa y prevenir una caída de la boleta completa. "Arrastró a dos inocentes cuatro cuadras y ese quilombo lo va a seguir teniendo porque su marido sigue detenido. Lo mejor seguramente será preservarla", concluyó una fuente que trabaja a todo terreno en el Grupo Dorrego.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP.
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