El conflicto además mantiene en vilo a la ciudad por el alto nivel de impacto en las calles. Por momentos paraliza la actividad urbana y altera el pulso ciudadano de automovilistas y peatones. Quedan un grupo de 1.500 trabajadores sin arreglar con el municipio y los dirigentes sociales amenazan con intensificar la protesta. Por ejemplo, el domingo pasado más de un centenar de personas pertenecientes a una agrupación de Los Hornos, convulsionaron a los vecinos de un coqueto barrio de City Bell donde vive el intendente. Realizaron allí una bulliciosa protesta durante varias horas, desplegando banderas y batiendo bombos y redoblantes. Se trata de grupos organizados que llegaron en micros.
El diferendo amenaza con dejar al descubierto una maniobra extorsiva por parte de punteros. No solo Garro está convencido de ello, sino que el titular de la ONG La Plata Solidaria, Pablo “Colo” Pérez, tema del cual me ocupé en otro artículo, es una de las personas que más información tiene al respecto, además de contar con infinidades de testimonios de víctimas que se las hacen llegar por whats app en diferentes formatos.
El miedo a denunciar de las víctimas de estos aprietes, severas amenazas de represalia, y un nivel de corrupción inaudito en el submundo de quienes regentean las cooperativas, es el denominador común que surge en entrevistas a funcionarios judiciales que investigan en diferentes causas el accionar mafioso.
LA MAYORIA SE INCORPORO A PLANTA
Mientras tanto, desde el municipio informaron que unas 3.500 personas ya se incorporaron a planta y recibirán un aumento de 4 mil pesos, además de gozar de beneficios como el aguinaldo y la obra social.
El conflicto ha dejado muchas preguntas sin contestar. Por ejemplo :¿Qué intereses se ocultan detrás de esta pulseada y el poder de fuego que ostentan los movimientos piqueteros?.El intendente atribuye la movida a un pequeño grupo el que cuestiona el pase a planta de los trabajadores. Y además, encendió más la mecha al aclarar que "se trata de una mafia de punteros que extorsionan a estos grupos y les sacan dinero".
Del otro lado del mostrador no se quedan atrás. Los trabajadores no aceptan las condiciones en que el Ejecutivo pretende realizar las contrataciones. Objetan -entre otras cosas- los bajos salarios y cuestionan que los contratos sean renovables cada tres meses.
"No es un pase a planta, es un contrato por tres meses con sueldos de entre 12 mil y 15 mil pesos", aseguró Javier Burelli, dirigente de La Dignidad Confluencia, una de las organizaciones sociales que lleva adelante el reclamo de los cooperativistas.
Por su parte, el gremio UPCN exige un aumento salarial y la convocatoria a paritarias por parte del gobierno de Julio Garro."En todos estos días nadie nos recibió, nadie nos atendió", afirmó Burelli. "Se niegan a atendernos cuando éramos 200, aunque desde la Municipalidad decían que éramos 10, y se niegan atendernos cuando somos 4.500", agregó.
Finalmente, ante la falta de respuestas, informó que mantendrán el acampe y que se mantendrán los diversos cortes de calle.
CAOS EN LA VIA PUBLICA
Las negociaciones no se han interrumpido, pero no logran llegar a buen puerto y el conflicto parece haberse desmadrado. La vía de la denuncia penal por la ocupación del espacio público elegida por el intendente no frenó a los cooperativistas quienes redoblaron la apuesta. No limitaron la presencia a las calles 11 o 12, frente y detrás de la Municipalidad, sino que la extendieron a todo el microcentro.Bloquearon 12 y 54, 12 y 51, las calles laterales de 51 hasta la avenida 7, 7 y 54 y hasta 6 y 54, colocando gomas y contenedores de basura. Hasta izaron en el mástil de Plaza Moreno un chaleco amarillo como si fuera una bandera. El impacto en las calles fue instantáneo y se tradujo en el malestar que expresaron los automovilistas.
El conflicto se desató en el momento mismo en que Garro empezó a consensuar con las distintas organizaciones cooperativistas las condiciones del pase a planta transitoria. El mandatario aseguró que todos los que prestan servicios para el Estado municipal serán incluidos, pero un grupo de trabajadores asegura que la medida podría implicar inestabilidad laboral, además de una reducción en sus ingresos
Según denuncian los manifestantes, el anunciado pase a la planta temporaria será a través de un contrato trimestral con un salario de apenas $12.000 de bolsillo, que no reconoce la antigüedad y tampoco es compatible con otros programas nacionales ni con la tarjeta Alimentar. Critican que por ello, en la práctica, implica una reducción salarial de alrededor de seis mil pesos.
Los cooperativistas suman al reclamo que quienes no aceptan el pase a la planta perderán la posibilidad de conservar el puesto de trabajo. "Hay una obligación de aceptar las condiciones sin otra alternativa que quedar afuera del sistema", indicaron voceros de las cooperativas.
Las personas afectadas trabajan en relación directa con la Municipalidad, prestando fundamentalmente servicios de mantenimiento y limpieza en los barrios.
TEMOR A PERDER PROGRAMAS SOCIALES
La discusión por la renovación automática cada tres meses o el reconocimiento de la antigüedad son factores importantes de la negociación, pero no los únicos. Los trabajadores denuncian también que aceptar las condiciones los obliga a quedar fuera de los programas nacionales como el Progresar, Hacemos Futuro o el acceso a la tarjeta Alimentar, que son fundamentales para engrosar el ingreso.
Las cuentas para los cooperativistas son sencillas. Actualmente cobran poco más de ocho mil pesos a los que suman otros diez mil con los programas laborales mencionados con los que complementan su ingreso hasta llegar a unos 18 mil pesos. El pase a planta implicaría para ellos un ingreso 12 mil pesos y aunque contarán con el beneficio de aportes jubilatorios y obra social ya no tendrían la chance de acceder a los programas sociales.
EL PODER DE FUEGO PIQUETERO
Hay que decir que las organizaciones piqueteras vinculadas al Gobierno tienen un enorme poder de fuego. Manejan planes de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social por $82 mil millones. El platense Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, es quien controla el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
El programa se llama “Potenciar Trabajo”. La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, está orientado a brindar inclusión laboral, sobre todo a los trabajadores de la economía popular, y favorecer el acceso al crédito no bancario. Entre enero del año pasado y enero de 2021, el Gobierno le destinó $82.705.119.547. Para acceder a los beneficios que otorga el programa hay que inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) que está bajo el liderazgo de Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y principal referente del Movimiento Evita.
Pérsico es secundado en el cargo por el coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien fue nombrado subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local.
Rafael Klejzer, otro personaje con volumen propio dentro de las organizaciones barriales, también comparte ministerio con Pérsico y Menéndez, es el director de la Secretaría de Economía Social y es el referente del Movimiento Popular La Dignidad.
DIRIGENTES CON UN PIE EN EL GOBIERNO
Con el desembarco de Alberto Fernández la Casa Rosada, los principales grupos piqueteros, alineados al kirchnerismo, accedieron a cargos con poder de decisión y abultados presupuestos en la cartera de Daniel Arroyo.
Es el caso de Fernando Chino Navarro, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Esteban Gringo Castros, son algunos de los dirigentes de organizaciones sociales que dejaron los piquetes para pasar a ser funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.
El programa Potenciar Trabajo es una de las principales iniciativas del ministerio, y desde un comienzo estuvo consensuada con Pérsico y otros referentes sociales, como Fernando “Chino” Navarro, otro de los líderes del Movimiento Evita y con despacho en Balcarce 50.
Junto a la Tarjeta Alimentar, es uno de los principales programas que cuenta con millonarios fondos para destinar a un amplio sector de la sociedad golpeada por la crisis económica del país que fue en aumento con las restricciones impuestas por el gobierno nacional durante el aislamiento social por la pandemia.
Entre el primer mes de 2020 y febrero de este año, el gobierno del Frente de Todos, destinó $131.826.220.932 al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre (PNACH). De ese total, $113.057.865.000 se vehiculizó a través de la Tarjeta Alimentar. Los restantes $18.768.355.932 corresponden a otros programas que entregan víveres a los sectores más vulnerables de la sociedad.
De ese último monto, casi $10 mil millones fueron manejados por las organizaciones sociales que también manejan Potenciar Trabajo. Es decir que entre el año pasado y el comienzo de este, administraron casi $100 mil millones.
En total se repartieron 61.199.010 kilos de alimentos. Una cifra que habla por sí sola sobre la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan millones de familias argentinas.

* Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP.