sábado 20 de abril de 2024 - Edición Nº3860
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Maldita burocracia: una criatura puede perder la vista por la demora de un trámite

Sus padres vienen penando desde hace meses para que IOMA autorice la compra de dos insumos que los proveedores aumentaron.


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Liam Sánchez tiene 11 meses y nació con una malformación craneana que se define como "Plagiocefalia" y que debe operarse entre los 4 y 18 meses de vida para detener un proceso que sigue en la pérdida de la vista por la desalineación ocular, alteración de la mordida por problemas en la mandíbula y otras complicaciones graves. Sus padres vienen peleando desde el 1 de febrero de este año para que la operación, que ya ha sido acordada en la Clínica del Niño de nuestra ciudad, pueda hacerse. Pero hay un tapón burocrático que lo impide y el tiempo sigue corriendo.

"El problema .-cuenta Maximiliano, el papá de Liam- es que IOMA no autoriza la compra de dos elementos que son necesarios en este tipo de casos. Son dos micro placas absorbentes cuyo costo es de $ 500 mil cada una. IOMA dice que abrió la convocatoria para proveerlas pero que no se presentan oferentes y eso no es así porque yo me he comunicado con proveedores y lo que me dicen es que IOMA no quiere pagar el precio al que han trepado esos insumos y por eso las micro placas no aparecen".
La situación de Liam es cada vez más comprometida porque el proceso avanza y en cualquier momento las consecuencias empiezan a manifestarse hasta convertirse en un cuadro irrevrsible.

Ante la demora en resolver el conflicto por parte del IOMA, los padres de Liam interpusieron una acción judicial para que al Estado bonaerense le sean embargados los fondos que demanda la compra de las micro placas al precio en que hoy son ofrecidas por los proveedores de insumos. La ponencia fue hecha por la abogada María Noel Mbogja a través de un recurso de amparo en el que entre otros conceptos menciona la "actitud desaprensiva y la desidia" del Estado para atender una situación que pone en peligro la vida de un niño.

En ese contexto, la letrada pidió a la Justicia que proceda al embargo de las cuentas provinciales hasta cubrir la suma necesaria para comprar las mini placas, cuyo costo se ha estimado en $505 mil cada una y que se lo haga de manera urgente teniendo en cuenta la gravedad de la situación y el tiempo transcurrido desde que se inició el trámite de excepción.

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