Como se informó, el reconocido abogado Fernando Burlando decidió
tomar la defensa de Urribarri tras considerar que el ex gobernador de Entre
Ríos, ha sido objeto de “persecución política” y de “arbitrariedades
manifiestas que son inconciliables con una correcta administración de
justicia”.
Esto requiere un remedio inmediato, porque se corre el grave riesgo
de detener ilegalmente a una persona. Ello -explica el profesional- podrá
traer consecuencias administrativas y penales para los responsables que
autoricen o consientan tamañas ilegalidades. Cada funcionario que haya
abusado de su autoridad o incumplido la ley, tendrá que hacerse cargo de sus
actos. “A veces los magistrados pueden ser responsables por sus conductas.
Pero muchas veces, también son responsables por la omisiones a la
aplicación de la ley que consienten o toleran dolosamente.” “El funcionario
tiene un deber de actuar, porque es especialmente garante del cumplimiento
de las leyes” afirmó en forma categórica el letrado agregando que esto es así,
especialmente “cuando se trata de magistrados de un nivel superior”.
Según se desprende de información de acceso público que circula en
las redes sociales y en algunos portales de internet, habría versiones que
indicarían cómo, dónde y cuándo se habrían gestado las acciones judiciales
y mediáticas contra Ulibarri, por lo que podríamos estar en presencia de una
“gigantesca causa armada”, como parece que dejó trascender el abogado, al
hablar de las “acciones penales y pedidos de juicio político” que habría dado
instrucciones a su equipo de iniciar.
Según trascendidos, existen múltiples evidencias que podrían
demostrar que los procesos contra el ex gobernador fueron “diseñados” con
mucho tiempo y minuciosidad y “orientados a dar un duro mensaje a la clase
política” de parte de “puntuales magistrados que pueden ser señalados con
nombre y apellido”. El equipo de Fernando Burlando estaría evaluando una
nómina de testigos que estarían dispuestos a declarar en el caso de
concretizarse las acciones judiciales y administrativas.
El abogado Burlando fue muy cauto al respecto y prefirió no dar
mayores precisiones sobre las eventuales denuncias contra jueces y fiscales.
No obstante, aseguró que la sentencia condenatoria contra el ex mandatario
estaba “plagada de irregularidades” y que “violaba absolutamente un
sinnúmero de preceptos vigentes tanto de la Constitución Provincial, de la
Constitución Nacional y múltiples artículos del código de procedimiento
penal en Entre Ríos …”
En este sentido, añadió que los magistrados, parecen haber olvidado
la vigencia de leyes básicas como la 5140 -de contrataciones de publicidad-
; 11043 -que modificó dicha normativa- la ley 25520 -que exigía
autorización judicial para recabar información sobre las comunicaciones
telefónicas; 24059 -cuyas formalidades para requerir el auxilio de fuerzas
federales no se cumplió – y otro sin número e preceptos como las que
ordenan el proceso -el código de procedimiento de la provincia- o las leyes
que establecían las funciones de la Contaduría General -ley provincial 9981-
o las leyes 19550 o los propios arts. 209 al 213 de la Constitución Provincial.
Estas irregularidades denunciadas por el equipo del Dr. Burlando se
condicen con las informaciones periodísticas en cuanto a que estaríamos
frente a un nuevo escándalo judicial y político que pone de manifiesto los
"intereses" de algunos magistrados concretos por lograr una condena
arbitraria contra Ulibarri, sin importar los costos de sus atropellos
institucionales.
En este orden de consideraciones, se ha llegado a hablar de
manipulaciones desde el exterior por parte de jueces sobre una serie de
resortes judiciales para ese fin, para lo cual, los letrados del ex gobernador
han requerido diversas diligencias de prueba en el día de la fecha.
La trama de conspiración ha adquirido incluso ribetes novelísticos al
yuxtaponerse con trasfondos románticos de contenido homosexual: según
trascendidos en las redes sociales, dos funcionarios judiciales que habrían
tomado la decisión de asumir una nueva elección sexual, estarían
atravesando una apasionado romance y -mientras disfrutan del verano
europeo- enviarían mensajes para ejercer presiones indebidas sobre sus
colegas del alto tribunal.
Fuentes judiciales que pidieron preservar su identidad hablaron de
“serias presiones” sobre el voto de una de las juezas supremas para que "se
cierre de una vez por todas el asunto contra Ulibarri.” Dichos llamados se
habrían hecho llegar a una magistrada a través de su pareja que -según
trascendió- sería un ex funcionario de Ulibarri. En este aspecto, serán
determinantes las pruebas que se soliciten y especialmente, la posibilidad de
establecer mensajes y llamadas entrantes y salientes entre los magistrados
así como los eventuales registros de viajes al exterior que se autoricen
judicialmente -si es que media una denuncia penal-. El equipo del Dr.
Fernando Burlando parece estar trabajando activamente esta posibilidad.
El Dr. Burlando llega a la defensa de Ulibarri después de su
participación como querellante en la investigación de la muerte de Berenice
Gonzálvez en Entre Ríos, donde habría recibido información de primera
mano sobre las causas contra el ex gobernador entrerriano. El abogado
sostiene que el ex mandatario ha sido sometido a un "escuadrón de
fusilamiento judicial, político y mediático" con investigaciones y juicios
plagados de arbitrariedades.
El equipo del profesional habló de posibles abusos de autoridad,
incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, falsedades
ideológicas y hasta de un posible prevaricato. El abogado afirmó a este
medio que “las eventuales causas que se puedan iniciar contra algunos jueces
y magistrados muy concretos, no prescriben mientras los funcionarios sigan
en función judicial.” Y que “la idea de que estos delitos no prescriban
mientras los magistrados sigan en funciones, es justamente evitar que puedan
manipular las investigaciones valiéndose de los cargos que detentan.” Pero
destacó: “los errores judiciales son muy evidentes en este caso” y puntualizó
que “se trata de una sentencia que carece de motivación real, que aplica
preceptos derogados, que invade competencias administrativas, en donde los
jueces se arrogan facultades que no tienen y se contradicen a sí mismos”. “Se
han invocado hechos falsos; hay groseras falsedades -como cuando se dicen
que un allanamiento duró lo que no duró- y se le ha ocultado gravemente
prueba a los defensores.” El equipo del Dr, Burlando detectó al menos más
de seis leyes nacionales vulneradas y otra media docena de leyes provinciales
que no fueron tenias en cuenta en la sentencia, amén de múltiples
afectaciones a la constitución nacional y a diversos pactos internacionales.
Este será el primer caso político en el que Burlando intervendrá como
defensor, respaldando su decisión al afirmar que se trata de un proceso
amañado, absurdo y de tinte completamente político. “Los hechos que se le
imputan al ex gobernador no son delitos y han sido realizados cumpliendo
con todos los resortes administrativos de la provincia. Querer imputarle actos
administrativos en los que se respetaron todas las instancias reglamentarias,
además de invadir esferas políticas implica un avasallamiento de uno de los
poderes del estado en desmedro de otro.” Pero el letrado aclaró: “No hay que
confundir a la opinión pública. No es el poder judicial”. “La mayoría de los
jueces de Entre Rios son excelentes” “Hay jueces honorables, de mucha
solvencia, muy preparados, que trabajan muy bien pero justamente no
son los que salen en los diarios.” “Paralelamente, hay muy pocos jueces
muy puntuales, de ascensos son meteóricos, que hacen carrera ejerciendo
presiones indebidas mientras se pasean con sus parejas por las playas de
Europa”. “Estos elementos le hacen muy mal al poder judicial.” Por mucho
menos “Martín Insaurralde perdió su cargo y está procesado”. La justicia,
debería también investigar a los jueces corruptos que provocan tanto daño en
el seno de la administración de judicial.