El juez de Garantías Guillermo Atencio dictó la prescripción por el paso del tiempo que benefició a los ex senadores Juan Carlos Plana y Héctor Ricardo Monasterio junto a los ex agentes estatales Miguel Canicer y Gaspar Javier Giangrande en el marco de la investigación penal preparatoria (IPP) 124107/02, según se desprende del dictamen al que accedió Tinta Judicial.

El magistrado hizo lugar a un planteo de la defensora oficial Cecilia Sicard quien sostuvo que entre la fecha en la que los acusados fueron indagados (septiembre del año 2002) y el requerimiento de elevación a juicio oral (29 de febrero de 2012), pasaron más de seis años, período de cumplimiento de la pena en caso de una eventual condena.

Así la causa se cerró y el expediente nunca puso ser debatido en juicio oral, ya que los otros senadores involucrados fueron absueltos por el tribunal Oral Criminal V de La Plata, luego de un planteo del abogado Darío Saldaño (defensor de la ex senadora radical Ana María Posadas) que se hizo extensivo al resto de los acusados Gustavo Marelli y Carlos Pérez Gresia. El ex legislador Juan Carlos Stávale, falleció durante el proceso.

Saldaño se abrazó a una resolución de Felipe Solá quien cuando fue vicegobernador de la provincia estableció que los mecanismos de control eran internos del Senado que presidía.

También fueron alcanzados por la absolución los ex empleados legislativos Víctor Weckeser, Daniel Montes y Marta Cámara. El fiscal de juicio no apeló el dictamen y las absoluciones quedaron firmes.

El senador Plana, según el expediente, avaló, el 15 de abril de 2000, la entrega de un subsidio de $ 40.000 para la ONG, Azul Marino. Siempre según la investigación, ese mismo día, los senadores Gustavo Marelli y Juan Carlos Stávale avalaron la entrega de dos subsidios a la misma ONG por 20mil y 15mil pesos.

La investigación

La pesquisa desarrollada por los ex fiscales de Delitos Complejos, Ariel Argüero (hoy juez de Cámara) y Esteban Lombardo (en las filas de la Policía Judicial, se inició en 2002 a partir de la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en el otorgamiento de un subsidio que habría sido entregado por el ex senador Monasterio.

A partir de allí la fiscalía amplió la investigación a todos los subsidios otorgados a determinadas entidades o asociaciones civiles de cuya existencia se dudaba. Y finalmente los fiscales consideraron en su dictamen que había elementos para presumir que se otorgaron subsidios en forma irregular a entidades que no existirían, por un monto del orden del medio millón de pesos.

En el marco de la investigación, se le solicitaron al Senado los legajos sobre los citados subsidios y al ser analizados surgieron sospechas sobre maniobras similares, presuntamente concretadas por otros integrantes de esa Cámara.

Los fiscales dictaminaron que "en la mayoría de los lugares consultados por los funcionarios judiciales se descubrió que las entidades que figuraban como receptoras de los subsidios o eran 'fantasmas' -en las direcciones que constan en los legajos sólo hay casas particulares, la institución no existe y los vecinos consultados no tienen conocimiento sobre si alguna vez funcionó allí alguna- o existían pero estaban integradas por parientes, allegados a los legisladores o empleados de la Cámara Alta".

La maniobra se habría desarrollado durante varios meses por un monto superior al medio millón de pesos. Los subsidios solicitados se pagaban en pesos (que en ese momento la paridad cambiara con el dólar era 1 a 1) y en Patacones, una cuasi moneda emitida por el gobierno provincial para paliar el déficit en las cuentas públicas derivado de la grave crisis económica en la que se encontraba el gobierno de la Alianza heredada del menemismo, que luego profundizó con sus medidas económicas de recorte de salarios, jubilaciones y achicamiento del presupuesto.

El lunes 11 de agosto de 2003, en una nota del periodista Ramiro Sagasti para el diario La Nación se publicó: “Por otra parte, en la misma investigación judicial se descubrieron otras maniobras: en mayo de 1999 Monasterio había entregado subsidios de $ 1000 a Marta Ferra y Mónica Sabino. El dinero fue a parar a su cuenta bancaria. Dos meses después, las mujeres recibieron otros subsidios por el mismo monto. Lo mismo ocurrió con Norma Caliani, Yolanda Biagioni y Ana María Caliani.

Además de las irregularidades en los subsidios a personas, los fiscales registraron la misma maniobra con "falsas" asociaciones civiles. Una de las entidades, Leandro N. Alem, funcionaba en el 6° B de un edificio donde vivía la hija de Monasterio, Roxana. La otra entidad, Azul Marino, estaba en el 570 de la calle 11, en La Plata. Allí, en realidad, vivía Andrés Villalba, un empleado del bloque radical de senadores que aún no declaró ante los fiscales.

Monasterio le entregó cuatro subsidios por un total de $ 31.000 a la primera entidad. En estos casos, fueron acusados miembros de esa fundación: el ex empleado de la Legislatura Gaspar Giangrande, Marisa Irogovan, Guillermo Mungía y Miguel Carnicer.

A Azul Marino se le entregaron diez subsidios, por un total de 397.000 pesos. Esta entidad recibió subsidios de todos los senadores acusados. Como miembros de la entidad figuraban dos empleados del bloque radical, Omar Vitale y Paula Buscagli, además de Ricardo Gallo.”

 Fuente: www.tintajudicial.com