Los jueces del fuero penal platense concretaron ayer una presentación ante la Suprema Corte bonaerense con una severa crítica al accionar del juez en lo Contencioso Administrativo de nuestra ciudad Luis Arias, por su intervención en el marco de un desalojo dispuesto en un predio de Abasto, en la que advirtieron al máximo tribunal provincial que “de continuar este alocado criterio (de injerencia en causas de otro fuero) veremos en el futuro constreñidas la validez y poder coercitivo de nuestras resoluciones a la supervisión del citado magistrado, ya que podría ordenar al Poder Ejecutivo abstenerse de cumplimentar cualquier orden de detención por entender, según su particular criterio, que la misma resulta contraria a algún pacto internacional o garantía constitucional”.

Como se sabe la semana pasada el juez de Garantías de La Plata Pablo Raele, a pedido de la fiscal Betina Lacki, ordenó el desalojo de centenares de personas que “habían usurpado” -según la resolución judicial- un predio de Abasto. Pero días después Arias dictó una medida cautelar para evitar que la Policía ejecute la orden dispuesta por la Justicia penal. Finalmente la resolución se cumplió, con algunos incidentes, heridos y detenidos.

El miércoles pasado, en medio de ese desalojo, apareció el juez Arias, quien increpó a policías para que desistieran de actuar. En ese mismo episodio el vicegobernador Gabriel Mariotto mantuvo un diálogo con los actores de este caso con el fin de postergar la medida, que finalmente se llevó a cabo el jueves pasado.

LA PRESENTACION

En la nota enviada al presidente de la Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters, los jueces penales manifestaron la “mas honda preocupación por los sucesos” antes señalados, en el marco de la IPP 15.367/15, a cargo del juez Raele y la fiscal Lacki.

Los magistrados reseñaron que el 5 de este mes Arias, como titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo I, en “los autos Calles Añasgo Roland y otros C/ Fisco de la Provincia S/ medida cautelar autónoma anticipada”, dictó una resolución ordenando “al poder ejecutivo provincial abstenerse de la orden de desalojo” dispuesta por el juez Raele.

“Lo curioso -agregaron- es que en el punto 3.3 del citado decisorio (de Arias) se aclara que “no es competencia de este magistrado valorar acerca de la actuación jurisdiccional de otros jueces en ejercicio de sus respectivas competencias materiales”.

Es decir, que el juez Arias “no valora acerca de la actuación jurisdiccional de los jueces de este fuero, pero se arroga la facultad de dirimir si sus decisorios deben ser cumplidos o no por la autoridad de aplicación”, expresaron los jueces penales.

También destacaron que entonces Arias “se impone entonces a sí mismo como una especie de alzada supra legal, a través de la cual pretende dejar sin efecto la ejecución de un decisorio de un magistrado que, para peor, había sido confirmado por la Cámara de Apelaciones Departamental (Sala IV)”.

Finalmente expresaron que “lo absurdo de esta situación nos exime de mayores comentarios, simplemente buscamos por este medio manifestar nuestra preocupación por este hecho puntual que no sería el primero y recabar del Alto Tribunal arbitre las medidas necesarias para poner coto a la reiteración de hechos como el expuesto”.

Esta nota enviada a la Corte fue firmada por los jueces Juan Pablo Masi, Andrés Vitali, Diego Tatarsky, Guillermo Atencio, Claudio Bernard, Eduardo Eskenazi, Ernesto Domenech, Guillermo Labombarda, Maria Isabel Martiarena, Claudia Greco, Jorge Moya Panisello, Julio Germán Alegre, Marcela Garmendia y Santiago Paolini.