viernes 19 de abril de 2024 - Edición Nº3859
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Juicio y escándalo por el supuesto robo de la idea del Estacionamiento Medido

Este martes empiezan las audiencias de un juicio millonario entre un particular, Carlos Lijavetzky, y la empresa que operó el Estacionamiento Medido cuando se produjo su implementación. En la investiigación preliminar ya declararon el el intendente Pablo Bruera y quien fuera su Secretaria de Modernización, Alejandra Sturzenegger.


"La historia comienza entre 2007 y 2008, cuando Carlos Lijavetzky, un comerciante e “inventor” platense, tuvo dos ideas. La primera, loable, creativa, nos trajo soluciones a todos: una propuesta de negocios para gestionar pagos a través de SMS. Cualquier tipo de pagos, para cualquier tipo de servicios. La segunda idea fue decididamente mala: contárselo a Pablo Bruera". Así comienza un artículo publicado por el portal de noticias Infocielo.com.ar donde se cuenta la historia del millonario juicio que se viene.

"De ese encuentro, concertado en marzo de 2008, en el despacho principal del Palacio Municipal, Lijavetzky se fue entusiasmado. A Bruera le gustó la idea y le prometió volver a contactarse para trabajar sobre su aplicación. Durante un año, no hubo ninguna novedad al respecto, hasta que, en febrero de 2009, se sorprendió con el flamante anuncio de la municipalidad, que aplicaba, de manera unilateral e inconsulta, una idea que le pertenecía. Tras gestionar distintos reclamos, Lijavetzky fue desenredando una trama compleja. Está íntimamente convencido de que Bruera le trasladó la idea a la directora de Modernización y Desarrollo Económico, Alejandra Sturzenegger, hermana del director del Banco Central de la República, quien, a su vez, contrató a la empresa Pampa Systems para que le proveyera el software necesario, a la vez que negociaba con las empresas telefónicas los detalles de aplicación".

Según Infocielo, "las sospechas del denunciante se fundan en el “dudoso origen” de Pampa Systems, que cuyo domicilio estaría “flojo de papeles”, los prácticamente nulos antecedentes de la firma y de la inscripción de sus titulares Marcelo Bianchi y Pedro Deviggiano ante la AFIP. En el contrato rubricado junto al municipio, más precisamente en el inciso ocho, afirma tener la propiedad intelectual del sistema, lo cual, se supo después, no era cierto. Enterado de que el municipio había implementado un plan de negocios que le era propio y que estaba registrado a su nombre, Lijavetzky inicio expedientes administrativos en la Municipalidad, que no tuvieron respuesta, por lo cual decidió acudir a la justicia. Mientras tanto, decidió cubrirse: El 23 de marzo de 2010, amplió el registro de su patente y la hizo específica respecto del estacionamiento medido".

En la nota se cuenta además que "alertado por los reclamos de Lijavetzky, el municipio rescindió el contrato vigente con Pampa Systems y acordó la implementación del Estacionamiento medido con la UNLP que más tarde lo exportó a una docena de municipios bonaerenses e incluso al exterior: el presidente de esa casa, Fernando Tauber, también se la atribuyó a la hora de negociar con la Universidad Estatal de México la cesión de derechos, por 128 mil dólares. En el inciso octavo, referido a la “propiedad intelectual” del acuerdo, se subraya que “Los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual que generen de “Los Proyectos” objeto del presente instrumento, serán propiedad de “La UAEM” dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos”. Es decir, nuevamente, la UNLP “facturó” aquello que Lijavetsky había ideado".

La historia, según Infocielo, sigue asi:

"Alarmado, el dueño de la idea original recurrió a la justicia en 2011. En primera instancia, logró que el fiscal Álvaro Garganta se le reconociera la propiedad del proyecto de negocios y que se procesara a los titulares de Pampa Systems. Sin embargo, Bruera y Sturzenegger salieron limpios, ya que el contrato que unía al municipio con la firma estipulaba, en su cláusula octava, que “la propiedad intelectual del Sistema de Estacionamiento (…) le pertenecen al PRESTADOR”, con lo cual quedaron pegados a la fechoría. Sin embargo, y a pesar de lo que figura en la letra del contrato, las declaraciones públicas de la propia Sturzenegger ponen en duda a quién le corresponde la comisión del posible delito. Un documento al que accedió INFOCIELO, y que lleva la firma de Sturzenegger, contiene una declaración polémica de la funcionaria: “El nuevo sistema de estacionamiento medido es un servicio prestado por la Municipalidad de La Plata, no está tercerizado. La idea, la implementación, la difusión y el control son desarrollados por el Municipio, habiendo solo contratado a la empresa platense Pampa Systems para la elaboración del soporte informático necesario para llevarlo a cabo” afirmaba por entonces. El paper que está colgado en la web de la Secretaría de Gabinete, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Pero hay más: en ese documento, Sturzenegger se atribuyó específicamente la idea y su puesta en marcha: “La Secretaría que tuvo a su cargo el desarrollo del proyecto fue la de Modernización y Desarrollo Económico, que coordinó la intervención de otras áreas municipales como la Dirección de Transporte y Tránsito, la Dirección de Control Urbano y el Departamento de Ingresos”, reseñó la entonces funcionaria bruerista. Esta semana, la Justicia tomará impulso para dilucidar, de una vez por todas, a quién le corresponden los derechos del sistema de Estacionamiento Medido. Por lo pronto, la Justicia tiene contra las cuerdas a los directivos de Pampa Systems, a quienes se acusa por estafa. Pablo Bruera como Alejandra Sturzenegger, además de Fernando Tauber y el decano de Informática, Pablo Javier Díaz, declararán en carácter de testigos, aunque su situación se puede complicar. Según los denunciantes, Bruera tiene grandes chances de quedar imputado. ¿Cómo explicará el intendente que implementó un sistema y contrató a una empresa para gestionarlo sin verificar la propiedad intelectual del mismo? ¿Cómo responderá a la acusación de plagio que esgrime Lijavetzky, habida cuenta del encuentro que mantuvieron en 2008, previo a la puesta en marcha del SEM?. Además de sumar una nueva mancha a su abultado expediente judicial, Bruera puede dejarle una pesada herencia al municipio. Hoy, Lijavetzky busca que el municipio le reconozca sus méritos y cese en su “uso ilegítimo” o que lo compense económicamente. Se estima que está en condiciones de pedir parte de las ganancias de un negocio que, entre pagos y multas, que también se constatan vía SMS, generó unos nueve millones de pesos por mes durante los últimos 60 meses. Haga las cuentas...".,


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