sábado 20 de abril de 2024 - Edición Nº3860
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El juez Arias le marcó la cancha al Protocolo: el Concejo es incompetente para regular libertad ambulatoria

El magistrado platense advirtió: “este Protocolo es una violación a la libertad ambulatoria y, toda restricción a dicha libertad, tiene que ser expuesta por ley, no por resolución ministerial ni por decreto”.


 A poco de que el presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Fernando Ponce, presentara un proyecto para crear un “Protocolo de actuación en manifestaciones públicas” en La Plata, el juez Luis Federico Arias advirtió que el Concejo es “absolutamente incompetente” para regular la libertad ambulatoria.

En diálogo con el portal de noticias Octava Sección el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata aseguró que  “este Protocolo es una violación a la libertad ambulatoria y, toda restricción a dicha libertad, tiene que ser expuesta por ley, no por resolución ministerial ni por decreto”.

“Los derechos garantizados en la Constitución Nacional no son absolutos, pueden ser reglamentados, pero le corresponde hacerlo al Congreso y no a la Legislatura bonaerense o al Concejo Deliberante”, amplió Arias.

En este sentido, consideró que la protesta es un derecho sustancial y que en un Estado democrático resulta esencial que los ciudadanos puedan reclamar sin temor a ser detenidos. “El miedo es la materia prima de la dominación”, aclaró el magistrado.


Luis Arias.

Por su parte, el funcionario de Julio Garro salió a defender su propuesta: “La iniciativa no apunta a cercenar el derecho constitucional de las personas a manifestarse, lo que busca es conciliarlo con el derecho del resto, a transitar libremente”, afirmó Ponce.

 “No buscamos de ninguna manera caer en la represión, sino que queremos lograr un control del tránsito volviendo previsible una marcha para que de esta manera la gente que tiene que circular, no padezca estos problemas o, por lo menos, que sea previsible”, sentenció.

Cabe recordar que el mes pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aprobó el Protocolo ratificando que cada provincia y la ciudad de Buenos Aires deberían adecuarlo a sus características, sus códigos contravencionales y sus códigos de procedimiento.

La polémica por su aplicación  está en marcha y el rechazo de diversos sectores ya se hizo notorio. 

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