El principal blanco de las críticas, es el ministro de Energía, Juan José Aranguren, apodado por sus críticos como el "Capitán Frío". La diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador, está convencida que el funcionario "no debería haber asumido porque está absolutamente impugnado. Cuando toma decisiones sobre el petróleo está beneficiando a las acciones que tiene en Shell", cuestionó.
Y también Camaño criticó "el relato" que construyó el Gobierno macrista para tratar de convencer a la sociedad que no había otra alternativa que eliminar subsidios e incluso para "apretar a la Corte Suprema" para que falle a su favor.
Lo que cayó como un baldazo de agua fría en la Casa Rosada, fue que la Corte determinara que el precio del gas en boca de pozo también debe discutirse en audiencias públicas dado que no es un “precio de mercado” como en Estados Unidos, donde las distribuidoras cierran contratos a largo plazo con las petroleras sin intervención del fisco. Ese precio, que Aranguren llevó de un plumazo de un promedio de 2,75 a uno de 4,66 dólares por millón de BTU, es el que explica el 70% del incremento de las facturas de los hogares.

ARANGUREN EN EL OJO DE LA TORMENTA

Sin embargo, la mayoría sostiene que Macri seguirá bancando a Aranguren, por lo menos un tiempo más hasta que pase la tormenta. "El Presidente no quiere darle de comer a las fieras, ya que su ministro cuando era presidente de Shell fue uno de los que se le plantó a Néstor Kirchner cuando quiso manejar el cuadro tarifario", reveló una fuente confiable. Los funcionarios que enjabonan el piso del ministro de Energía, tienen en la manga dos candidatos a sucederlo: el ex secretario Carlos Bastos y el director de Yacyretá, Humberto Schiavoni. 
Hay que decir además, que el Gobierno acusó un doble golpe por el fallo de la Corte. La primer lectura tiene que ver con el plano político, por el cuestionamiento severo que implica a su autoridad. El otro, impacta en la economía, por el agujero fiscal que ahora se deberá cubrir desvistiendo otros santos y el cambio de reglas de juego.
Una de las áreas que quedó con serios cuestionamientos, es la secretaría Legal y Técnica. Hace poco tiempo, Elisa  Carrió deslizó conforme a su estilo frontal, que se necesita contar con un buen escudero en ese frente para evitar conflictos que deterioren las defensas del Gobierno.

Con la resolución judicial, quedó claro que la polìtica es lo que envejece y pasa a través de los años, pero la que queda es la vara de la Corte Suprema, que volvió a hacer gala de su poder. El fallo unánime,  significó una durísima estocada al corazón del poder, después de cinco meses de discusiones infructuosas y desgastantes, donde desde la propia oposición a título de aporte se había propuesto la idea de barajar y dar de vuelta.

Los operadores mediáticos del oficialismo, también fallaron al acercarle información interesada a los medios periodísticos más influyentes. Quisieron imponer como un hecho, horas antes del fallo, una eventual resolución positiva para el Gobierno.También quedaron en orsay. 

LA CEOCRACIA EN EL OJO DEL HURACAN

En tren de fracasos, desde el área del ministro de Justicia, Germán Garavano los funcionarios que utilizaron los vasos comunicantes con el alto organismo de justicia, naufragaron sin atenuantes. La Corte volvió a hacerle un corte de mangas a las aspiraciones del macrismo. Salir del nocaut no será fácil. Públicamente, por parte del oficialismo hay un lógico llamado republicano a la independencia de poderes y el respeto a los fallos, pero puertas adentro abunda el pase de facturas para la CEOcracia, hombres con altas condecoraciones en el mundo empresario, pero carentes de sensibilidad social y sentido común a la hora de poner las cartas sobre la mesa para un reparto equitativo de los esfuerzos.

Los comportamientos de los espadachines macristas, una vez más alimentan las críticas de sectores de la oposiciòn, que sostienen frente al desconcierto en algunas acciones, que "en Cambiemos no saben gobernar".

Se pudo haber evitado el porrazo, pero desde lo más alto del poder no supieron escuchar tampoco las señales de alerta que provenían de sus propios votantes. Hace unos meses, desde diferentes rincones del Gran Buenos Aires, algunas encuestas marcaban que comenzaba a fluír el descontento desde un sector de las clases media-baja. Tiene que ver con personas con un ingreso familiar superior a los 20 mil pesos mensuales en promedio, que comenzaron a manifestar su fastidio por el deterioro de su poder adquisitivo, como consecuencia del proceso inflacionario. Se trata de un grupo, caracterizado como C3 en la pirámide socioeconómica, que no recibe subsidios ni es beneficiario de planes sociales y que había empezado a recibir facturas de luz y gas con fuertes aumentos. Macri deberá enderezar el rumbo, si pretendente sumar poder en las elecciones legislativas del año próximo. 

SE VIENE UNA AVALANCHA DE AMPAROS

 

La sentencia de la Corte parece cerrar una etapa de enormes rispideces y puso en caja al Gobierno, que entendió que el único camino para poner en marcha la polìtica tarifaria es llamar a audiencias públicas. Aún así, asoman nubes negras en el horizonte. Si bien Macri puede festejar que el aumento del gas se dejó sin efecto en hogares pero no en empresas, por lo que el freno al tarifazo sólo se aplicará sobre un porcentaje que puede variar entre el 25 y el 30 por ciento del consumo de los usuarios, hay dos frentes de turbulencias a tener en cuenta. El primero, es que pequeñas y medianas empresas, pueden desatar una nueva avalancha de amparos judiciales para que se les confiera la misma protección que la Corte dio a los usuarios residenciales. El segundo es que, luego del freno a la suba del gas, se abre la posibilidad de que los incrementos en las tarifas de energía eléctrica, agua y hasta la telefonía fija sigan igual camino, mientras no se realicen audiencias públicas.

Hoy la polìtica fiscal es la más complicada por los desaciertos en la gestión. El propio ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, se encargó en los últimos días de ponerlo de manifiesto cuando sugirió que, si se frenaban los aumentos tarifarios de gas y de luz, habría que limitar la ejecución de las obras públicas previstas, para cumplir con la meta de déficit fiscal primario del 4,8% del PBI. Las otras alternativas son recurrir a un mayor endeudamiento o bien a una emisión monetaria que generaría un grave retroceso en la difícil lucha contra la inflación, justo cuando ésta empezaba a mostrar algún pequeño resultado positivo.
Al capotar el plan de Aranguren, que incluía un nuevo incremento tarifario antes de fin de año que quedó trunco, Macri aspiraba a reducir los subsidios energéticos de la friolera de u$s 15.800 millones que insumieron el año pasado a menos de la mitad en 2016: u$s 6.800 millones. Ahora, con el revés de la Corte, el gasto no bajará de u$s 10.000 millones. Hoy la pregunta que se cae de maduro, es qué gastos se recortarán para sostener la pauta de reducción del déficit fiscal. Si Macri mete mano en la obra pública para achicar gastos, como amenazó Prat-Gay para presionar antes del fallo, profundizará una caída que ya le costó 70 mil empleos formales al sector de la construcción. 
Tal vez para Macri sea la hora de barajar la posibilidad de un Acuerdo Económico Social y dejarse ayudar por todas las fuerzas polìticas. No obstante, quedará la duda sobre cuántos problemas se hubieran evitado si el Presidente convocaba de entrada a audiencias públicas para avanzar con las tarifas. Nada será sencillo para su gobierno, con la actual relación de fuerzas. Tal vez sea el momento de abandonar la lógica de todo o nada y abrir el juego para que asome la prometida luz al final del túnel.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP. Su correo electrónico es [email protected]. Quienes quieran consultar sus notas, pueden recurrir al sitio: Jorge Joury De Tapas.