Encima, hay 100 mil prófugos de la justicia en las calles, un  verdadero ejército que le viene de perillas a las mafias. Las intimidaciones anteriores que recibió la mandataria fueron atribuidas al corcoveo del potro indómito de la Bonaerense. Pero ahora, atacar a la justicia quemando un juzgado con causas sensibles en la lucha contra las drogas, es para leer entre líneas como un ultimatum de las poderosas fuerzas del mal. Dieron a entender que si se lo proponen, pueden llegar lo lejos que quieran y hasta atentar contra la vida de la jefa del gobierno bonaerense.

Hay datos que sostienen esta reacción. En lo que va del año, el consumo de estupefacientes ha crecido un 50% en los barrios. Las organizaciones criminales no están dispuestas a entregar esa caja. El Gobierno muestra voluntad de erradicarlos con los gendarmes. No obstante, depositar a esas fuerzas en el Gran Buenos Aires, es la sábana corta, ya que se descuidarán las fronteras, para que continúen siendo un colador.

Daniel Scioli ya lo hizo y los efectos fueron de corto plazo. Hay factores a tener en cuenta.El negocio es muy grande y hoy la droga sintética se fabrica como pasto en cualquier garage o baño del Gran Buenos Aires. Hace falta un sitio pequeño para montar un laboratorio. Y como si fuera poco, hay cientos de pistas clandestinas en el norte. Pero nadie habla de eso. Tampoco se hacen públicos, datos ciertos de cuántas vidas de chicos se carga anualmente el Paco. 

En Tolosa los vecinos colocaron urnas para que se denuncie a los vendedores. Resultado: se robaron la mayoría, como señal inequívoca que están dispuestos a todo. Hay quienes pretenden replicar esa metodología en otros puntos del país. Pero la movida es apenas una gota de agua en el mar, en tanto la policía continúe protegiendo a los distribuidores. Hacen falta políticas a largo plazo y dejar de emparchar la seguridad con fines electorales. Es evidente que el Estado no funciona de una manera efectiva. Estamos en una sociedad en decadencia, cercada por los grupos mafiosos y con fuerzas de seguridad cómplices. Recuerdo que hace 30 años moría un pibe por sobredósis en Ringuelet. Fue en 1985. Por aquel entonces la droga empezaba a desembarcar en las escuelas platenses y nadie hizo nada para evitarlo.

CON EL SELLO TEMERARIO DEL NARCOTRAFICO

El mensaje para la gobernadora Vidal en el incendio intencional en los tribunales de San Martín, donde se tramitan causas muy sensibles de narcotráfico, es una prueba de que los mercaderes de la muerte están muy lejos de pensar en retirarse. La nota que dejaron en el lugar  es lo suficientemente contundente para entender que la vida de la mandataria corre peligro. "Andate Vidal de San Martín", fue el mensaje intimidatorio encontrado adherido con cinta a un mástil del edificio. Para no dejar huellas, fue elaborado con letras recortadas de una revista junto a la palabra "droga" y la imagen de un revólver. 

No hay que olvidar, que San Martín es uno de los satélites más importantes del narcotráfico en el conurbano. Hace poco tiempo vimos  la cruda realidad de ese distrito por la tele, en una investigación  del programa PPT. Allí se puso al descubierto a uniformados que cobran gruesas sumas por semana, para liberar zonas. Cada puesto de venta de drogas factura alrededor de 10 millones de pesos por mes y de allí se le pagan 500 mil de coima a las autoridades policiales.

Es la expresión más clara de que  la policía en la mayoría de los casos presenta rasgos delictuales que ponen en evidencia su complicidad con las peores lacras.La droga, la trata de personas, el comercio ilegal, el robo por encargo, la venta de zonas liberadas y los desarmaderos, generan una caja muy voluminosa para quienes deberían perseguir esas actividades.

En esa compleja red, también aparecen comprometidos algunos funcionarios judiciales, amantes de la puerta giratoria, lo cual acrecienta la sensación de desamparo y multiplica los casos de justicia por mano propia. En este contexto, la marcha ParaQueNoTepase no fue lo multitudinaria que se esperaba, como las de Blumberg . Algunos hablan de 5 mil personas. Sin embargo, se observó un dato elocuente: por metro cuadrado todos eran familiares de víctimas de la violencia desenfrenada.Un ejército de seres angustiados clamando justicia por un genocidio sin freno.Un atropello a los derechos humanos de las personas decentes. 

También tiene que ver con que el sistema judicial viene desde hace tiempo saturado de leyes penales y escaso de resultados. Todas las encuestas reflejan que el país está harto de vivir con miedo. Pero los políticos no aciertan con la receta.Un solo dato alcanza para demostrar la indolencia de los poderes que tienen que cuidarnos: en Argentina hay cien mil prófugos que nadie busca. De ese total, 25 mil son con condena. Mil puede ser una cifra normal, diez mil una mala gestión, pero cien mil , es vergonzoso. Es la foto de la ineptitud. El equivalente a un estadio y medio de fútbol lleno de fieras hambrientas dispuestas a matar hasta por un celular. Según la consultora de opinión Synopsis, la inseguridad y el narcotráfico preocupan a dos de cada tres bonaerenses. La muestra se realizó sobre 1697 casos. A la hora de analizar responsabilidades, casi un 50% de los entrevistados culparon a la Justicia.

UNA SOCIEDAD A LA BUENA DE DIOS

No hay mejor prueba que los números, cuando se trata de medir la magnitud del drama. Por ejemplo, se denuncian 85 delitos por hora, de los cuales treinta son robos. Sólo un 3% de los casos que existen en el país llega a recibir una sentencia. Es decir, que de 1.500.000 víctimas que se presentan cada año en una comisaría para denunciar, por ejemplo, un robo o una violación, sólo 47.000 obtendrán una respuesta judicial a su problema. Si se tiene en cuenta que, según las cifras oficiales, sólo se denuncia la mitad de los delitos que ocurren, el alcance de los fallos es apenas del 1,5% de los casos criminales que se producen en la Argentina. Las estimaciones indican la existencia de dos millones de armas en la población. Pero existe la presunción cierta de que son nueve millones. Es decir, una cada cuatro habitantes. La radiografía descarnada para entender lo que nos pasa es que hay unos sesenta mil presos en el país, de los cuales 33 mil están en la provincia de Buenos Aires y unos dos mil quinientos en comisarías -algo irregular, que se supera porque los presos pagan a los comisarios para estar allí.

Según el Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones, en Argentina se observó en 2016 un incremento del 50% de venta de drogas a nivel barrial. “El nivel -dice el informe- experimenta un incremento abrupto entre los años 2010 y 2011 para luego seguir una senda ascendente progresiva”.

Tomando el período entre 2010 y 2014 el Barómetro señala que los movimientos más intensos tuvieron lugar en la Patagonia 87%, NEA 85% y AMBA 35%. “El incremento en el registro de venta de drogas en el barrio se produce haya o no presencia policial. Se observa que en algunas regiones urbanas la suba es proporcionalmente mayor en las zonas que tienen presencia policial. En AMBA el registro de venta de drogas se incrementa un 43% en barrios con presencia policial y un 34% en donde no hay vigilancia policial, algo similar ocurre en la región pampeana”.

LA POLICÍA EN SU PEOR MOMENTO

Según los especialistas, hay una explicación a la baja cantidad de sentencias que se dictan. Por empezar, los cálculos más optimistas indican que la Policía –encargada de todas las investigaciones de campo en nuestro país– logra identificar a menos del 50% de los autores de los delitos denunciados. De ellos, sólo consigue llevar hasta los Tribunales a menos del 5%. Sobre esa cantidad es que los jueces dictan sus fallos.

También están en el centro de las miradas los llamados casos de “justicia” por mano propia y los recurrentes reclamos por homicidios en asaltos, uno cada 54 horas en la Provincia. Por lo que se sabe, la gobernadora María Eugenia Vidal no quiere parches, sino avanzar en un plan integral de seguridad que abarque a las fuerzas de Seguridad, la Justicia y el Sistema Penitenciario. En esa dirección, la inversión en equipamiento, tecnología y comunicaciones tuvo un aumento del 119% en relación a 2015. En este escenario hay que mencionar la implementación del anillo digital. Se trata de un sistema de cámaras lectoras de patentes. La preocupación del gobierno de Vidal es tratar de revertir los números de las encuestas, que marcan que seis de cada diez bonaerenses tiene una imagen negativa de las fuerzas de seguridad y asegura que no están bien formados.

LA DESCONFIANZA GANA TERRENO

Estos datos se desprenden de una encuesta realizada por Managment & Fit. La muestra, que recopiló 2 mil casos en ámbito bonaerense entre el 11 y el 20 de septiembre, reveló que al 24% de la población no le generan confianza las fuerzas de seguridad y al 36% muy poca confianza. En el grupo de los que conservan una mirada positiva de ellas, apenas un 9% las ve con "mucha confianza" y casi uno de cada tres personas dice tener "algo de confianza". Pero las alarmas también se disparan por el lado de la Justicia, donde se observa el mismo descreimiento: el 66 por ciento cuestiona y confía "poco" y "nada" en los jueces. En esta medición también se puso al descubierto la poca consideración respecto a la formación de los nuevos policías. Los números son contundentes: el 65,7% de los consultados coincidió en que no están bien capacitados para desempeñar sus tareas.

En ese sentido, para el 40% de los bonaerenses Vidal debe invertir en la capacitación de los policías para cambiar la situación. En cambio, un 15% asegura que debe poner el foco en el control interno de la participación de los policías en delitos. De aquí también  se desprenden dos conclusiones que derriban varios mitos en cuanto al combate de la inseguridad: apenas un 8% afirma que se debe invertir en cámaras de seguridad y sólo un 6% cree que hacen falta más controles en vía pública. Parte de la mirada negativa sobre las fuerzas de seguridad tal vez se explique en que el 82% de los encuestados considera que el principal motivo de ingreso de los aspirantes es que encuentran allí una "salida laboral". Y apenas un 5% considera que lo hacen "por vocación" a la tarea. Para fin de mes se prepara el desembarco de manera progresiva de unos 7 mil efectivos de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. Será un nuevo intento para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico. El plan deberá completarse con otros 2.500 hombres antes de diciembre, un mes clave para las escaladas de conflictividad. Por lo que hemos expuesto, la medida aparece como otro manotazo de ahogado. Uno más para tratar de salir a flote. Hay que hacer inteligencia a fondo y llegar hasta los jefes . Sacarles los bienes y toda fuente de financiamiento. La impunidad y el narcotráfico no se corrigen poniendo más uniformados en las calles, sino aplicando políticas de Estado, de prevención en el largo plazo, además de "desratizar" a la policía y la justicia, como sugirió el fiscal Moldes. Esta vez no hay que perder el tren porque es la última estación. Aún estamos a tiempo. Después puede ser demasiado tarde.

* Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Su correo electrónico es [email protected].