Los pedidos de Garganta que ahora deberá resolver la jueza de Garantías Marcela Garmendia también alcanzan Walter Edgardo Carbone, Sandra Mamberti, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavell.

Para justificar la inhibición de bienes, Garganta asegura que a los imputados “se les atribuye haber haber cometido el delito de peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en 25 hechos”.

El fiscal detalla que las supuestas maniobras fraudulentas ascienden a la suma aproximada de 10 millones de pesos, mientras que el pedido de inhibición es por un valor de 15 millones de pesos.

La denuncia había sido presentada hace unos meses por la diputada Elisa Carrió e incluyó al ex mandatario provincial Daniel Scioli. De acuerdo a Garganta, está demostrado que Pérez y los demás imputados sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones, entre 2014 y 2015, la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas.

Respecto a la prohibición de salir del país, el fiscal aseguró que “apunta a mantener la indemnidad patrimonial de los imputados en vísperas a una eventual indemnización” y además menciona “la magnitud de la presente investigación y la disponibilidad económica de los imputados”.

En su declaración a principios de mes, Pérez negó su participación en la confección de “facturas apócrifas” y aseguró que podría haberlas firmado desconociendo esa irregularidad y que correspondía a otras instancias detectar si eran “apócrifas”, deslindado responsabilidades a los organismos de control.