La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Valeria Amendolara (FPV-PJ), plantea que frente a la solicitud de la licencia por violencia de género, el organismo empleador deberá preservar el derecho a la intimidad de la víctima y disponer medidas para el acompañamiento y abordaje integral a través de los organismos competentes.

“Estamos dando respuesta a una demanda concreta de las organizaciones de mujeres y sindicatos, estableciendo una licencia específica que permite a las víctimas tomarse un tiempo para recuperarse física y emocionalmente, asesorarse e iniciar acciones judiciales”, explicó Amendolara.

De acuerdo a lo dispuesto en la norma, el uso de esta licencia “no alterará bajo ningún concepto las condiciones laborales, no afectará la remuneración que corresponda abonar a la trabajadora ni eliminará ningún derecho que surja de la legislación vigente”.

La Legisladora valoró además que se “contribuirá a visibilizar el flagelo, ya que la violencia de género no es una enfermedad ni un asunto particular por lo que resulta injusto que las víctimas deban tomar carpetas psiquiátricas”.

En el caso de la violencia ejercida por sus ex parejas o padres de sus hijos, por ejemplo, al enfrentarse judicialmente por la tenencia, el hecho de haber recurrido a una licencia psiquiátrica les trae desventajas y complicaciones legales.

“Estamos llamando las cosas por su nombre y reconociendo un derecho que promueve la igualdad de oportunidades en los ámbitos laborales”, concluyó.