Dentro del término IN/SEGURIDAD hay un prefijo “IN”, que por definición “es un prefijo negativo que puede expresar un valor contrario a la palabra que acompaña o bien puede indicar la ausencia de una acción”. En los últimos años el término se ha utilizado en forma indiscriminada y en consecuencia, es un concepto que tiene varias connotaciones. Corrientemente tiene un uso cuantitativo cuando se oyen afirmaciones tales como, la inseguridad ha crecido, ahora hay más delito que antes o en este barrio se han incrementado los robos. Un análisis profundo de la problemática de la inseguridad implica estudiar muchas variables.

Este documento pretende analizar la problemática desde la perspectiva de la ausencia de una acción y no de la cantidad de delitos. Transcurrido más de un año de gestión, el objetivo es demostrar que las políticas de seguridad del actual gobierno municipal no se ajustan a las necesidades de la ciudad y evidencian un alto grado de experimentación.

Lejos de las promesas de campaña, como también sucede en otras áreas, la ciudad de La Plata NO cuenta con un proyecto que apunte a mejorar los índices de seguridad.

La falta de un Plan Estratégico de Prevención de Delitos es una muestra clara de la actual situación. Transcurridos 14 meses, el ejecutivo municipal no sólo no ha presentado los ejes desde los cuales se ha proyectado la ciudad en materia de seguridad, sino que tampoco ha invertido en nuevos recursos y viene desplazando, poco a poco, los recursos humanos de la policía Local.

A la fecha, la falta de inversión es alarmante. La rendición de cuentas del presupuesto 2016 revelará que el municipio ha subejecutado las partidas presupuestarias de la secretaría de seguridad de acuerdo a las previsiones y necesidades de la ciudad. En este sentido, es por lo menos preocupante que no se hallan incorporados nuevos patrulleros (siendo este la principal demanda y herramienta de prevención) como también así equipamiento para la policía local, tendido de fibra óptica, cámaras de seguridad, nuevas tecnologías. A lo anterior se agrega la falta de mantenimiento de lo existente, obteniendo como resultado una cada vez menor capacidad de respuesta. La decisión política del ejecutivo municipal de no invertir en materia de seguridad refleja la improvisación con la que lleva adelante la gestión.

La improvisación se hace visible en la ausencia de un plan estratégico. Transcurridos más del 25 % de mandato del actual gobierno la principal herramienta de gestión, seguimiento y control de las políticas de seguridad no ha sido presentada ni en el concejo deliberante como tampoco así en la comisión de seguridad, que ha ignorado todos los problemas generados dentro de esta área, dando un fuerte respaldo al ejecutivo Municipal en lugar de advertir e intervenir en defensa de los intereses de los ciudadanos contribuyentes.

La decisión política de no invertir el dinero de los platenses en seguridad se conjuga con otros errores desde el mismo inicio de gestión.

La medida del intendente Garro de designar a ex policías frente a la secretaría de seguridad ha tenido para la ciudad, lamentables consecuencias.

Al nombrar funcionarios con pasado en las fuerzas policiales, el intendente determinó una lógica policial a la secretaría de seguridad, como si tratara de la antigua “bonaerense”. Prontamente comenzaron a vislumbrarse otros fines. Policías custodiando comercios, estaciones de servicio, inmobiliarias, casas de funcionarios y oficinas de funcionarios, empezaron a ser los nuevos lugares a prevenir. Se recordará el caso de un efectivo de la policía local que ha sido procesado en mayo de 2016 por pedir coimas a cambio de “presencia policial especial” a comerciantes de la avenida 44. Es sabido que esos “pedidos” no son decisiones individuales, por el contrario, forman parte de un colectivo sincronizado.

La contracara a estos nuevos objetivos, resultó ser la inmensa cantidad de escuelas vandalizadas en 2016, aumento de robos a alumnos y docentes (como casos emblemáticos se encuentra una escuela de Altos de San Lorenzo que permaneció sin clases por la reiteración de hechos o la gran cantidad de robos en las inmediaciones de la institución que fuera denunciada por padres de la escuela San Cayetano). Así también, los distintos barrios que dejaron de tener la presencia de los efectivos recorriendo sus calles.

El primer error grave fue designar al frente de la Secretaría de Seguridad a un ex policía en lugar de un funcionario capaz de “controlar y coordinar” a la nueva fuerza en su relación con las ya existentes. Recientemente el intendente dispuso el cambio del secretario de seguridad. Lo hizo después de haber transcurridos más de cuatro meses desde que la justicia imputo, al comisario que estaba a cargo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público por la muerte de Emilia Uscamayta en una fiesta clandestina que el Municipio debió haber suspendido el 1 de enero de 2016.

Al cambio del funcionario se le sumo la reciente fusión del área con la secretaria de Legal y Técnica que termina arrojando más dudas que certezas. Transcurridos un poco más de 50 días de la asunción del nuevo secretario, aún se mantienen a la mayoría de los funcionarios que comenzaron a gestionar los destinos de la secretaría a comienzo de diciembre de 2015. Uno de los casos más llamativos es el del actual Director de Asistencia a la Victima. Ex policía, que supo prestar funciones en el cuerpo de Infantería, es quien el Intendente ha designado para la atención de personas que han sido víctimas de hechos delictivos. Una persona con formación y antecedentes en la represión del delito, es quien se encarga del primer contacto, de contener a quien ha padecido el trauma de un hecho de inseguridad. Estas contradicciones en la conformación de un equipo idóneo, formado y con experiencia en la función pública explican las idas y vueltas en las que se encuentra una de las principales áreas del ejecutivo municipal.

Por otro lado, lejos de las expectativas que se habían generado con el nuevo gobierno, el 30 % de los efectivos de la policía local fueron cesanteados en sus funciones, en sintonía con la decisión del Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs. As, aumentando de este forma el índice de personas despedidas del año 2016 y ocasionado un marcado perjuicio a las necesidades de la ciudad.

El punto de partida fueron nuevas evaluaciones psicológicas, básicamente en la segunda parte del año pasado, proporcionando como resultado presunciones incompatibles con la función policial. Lo que resulta sugerente es que a la mayoría de los policías despedidos se les encontraron iguales diagnósticos, lo que revela la intención con la que fueron evaluados. No es menor y prueba de una decisión política en la dirección de reducir la cantidad de policías, que los equipos psicológicos, aquellos que se encargaron de indicar quienes no podían continuar, fueron notificados que no se les renovará el contrato profesional a partir de enero de 2017.

Para la implementación de esta política de despidos en la fuerza policial, el fundamento más importante fue la imagen creada en la capacitación o mejor dicho, falta de capacitación. En este sentido es oportuno preguntarse ¿No es la capacitación permanente una condición esencial de cualquier profesión? ¿Por qué resultó más sencillo la destitución a generar nuevas estrategias de formación? Los hechos revelan que se trató de una construcción desde la cual se inició una merma significativa de recursos que significó una mayor desprotección para los vecinos platenses. NO hubo una sola iniciativa para reformas de fondo sobre esta nueva estructura acorde a las características urbanas, culturales y sociales de nuestra ciudad. No se logró avanzar sobre una de las cuestiones que se había comenzado a construir en la segunda parte del año 2015, a partir de un estudio y recomendación de la Comisión Provincial de la Memoria, en lo referente al uso y portación del arma cuando el efectivo se encuentra de franco. Datos específicos y distintos relevamientos, afirman que un 70% de los efectivos policiales baleados, lo son en ocasiones de encontrarse fuera de servicio. Tres de cada cuatro policías son heridos-baleados cuando no están en funciones. Recientemente un efectivo de la policía local resulto herido gravemente al utilizar el arma reglamentaria cuando se encontraba fuera del cumplimiento de sus tareas policiales.

Como dato final, resulta ser el NO funcionamiento del Observatorio Local de Seguridad y Violencia regulado por la ordenanza N° 11061 de setiembre de 2013. La misma establece, que el Observatorio debe funcionar en forma permanente en la órbita del Concejo Deliberante y la designación del Coordinador es competencia del presidente del Concejo Deliberante y presidente de la Comisión de Seguridad. Esta herramienta ciudadana de importancia vital, tiene entre sus principales funciones la confección de un mapa para la prevención de la violencia y el delito, producción de una base de datos para la elaboración de estadísticas y generar instrumentos que posibiliten la medición y diagnóstico de la problemática, tales como encuestas, entrevistas, investigaciones.

En el período comprendido entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, el Observatorio no ha sido convocado formalmente y en consecuencia no existen datos, estadísticas y relevamientos que reflejen la situación actual de la ciudad; como tampoco se conoce a la fecha el funcionario encargado de dicha área.

Sin una planificación que integre las características demográficas, sociales y culturales de nuestra ciudad, sin inversiones en nuevos patrulleros y recursos tecnológicos, con una lógica que responde a los mismos criterios que se dice querer erradicar, con un desmembramiento progresivo de la policía local, sin la convocatoria de las instancias de seguimiento y confección de datos confiables, hoy la ciudad de La Plata se encuentra acéfala en políticas de seguridad.

Lic. Guillermo Escudero ex Secretario de Seguridad

Colaboración: Walter Docters Ex Director General de Asistencia a la Victima