El diputado del Frente Renovador, Pablo Garate, fue quien abrió el fuego, al pedir que el gobierno de María Eugenia Vidal explique qué medidas se implementaron, tanto antes como después del recital del Indio Solari.  Por el lado del kircherismo, también saltaron a la yugular de Vidal a través de la senadora Mónica Macha, quien señaló que "la gobernadora vuelve a esconderse cuando hay pibas y pibes desparecidos y heridos". Macha responsabilizó de lo ocurrido, a la mandataria y al intendente Galli, señalando que "decidieron borrarse después del show de Solari".

El intendente de Olavarría pasa por su peor momento y se lo ve casi derrumbado. No solo ha recibido la condena de gran parte de la población por la tragedia derivada por semejante invasión de fanáticos, sino que tiene a la mayoría del Concejo Deliberante soplándole la nuca. Sobrevuela por la ciudad del cemento, el fantasma de la destitución de Galli a través del juicio político. 

María Eugenia Vidal se ha distanciado del conflicto y no se ha referido al tema en público. No obstante, en su entorno comentan que  sigue de cerca el caso y está dolorida por lo que pasó. Por eso envió a la intendencia bajo fuego, a dos de sus primeras espadas, los ministros Joaquín De la Torre (Gobierno), especialista en roscas políticas y a Cristian Ritondo (Seguridad), un bombero de primera para apagar incendios. Como hecho destacable, ninguno de los dos se mostró con el alcalde cuestionado por haber avalado el show.

UNA CARTA QUE ES DINAMITA

 Otro dato que pulveriza el relato del jefe comunal es la advertencia formulada hace más de un mes por los vecinos del barrio San Vicente, próximo al predio La Colmena que habían manifestado su temor por la llegada de más de 200 mil personas. Se lo habían planteado a Galli a través de una carta que tomó estado público en las últimas horas, pero el alcalde nunca los recibió. En lo que tiene que ver con el plano judicial, la justicia finalmente imputó a los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, propietarios de la empresa "En Vivo" que fue la que produjo el show del Indio Solari el sábado, donde murieron dos personas. También evalúan prohibirles la salida del país. Por ahora son sospechosos, aunque todavía la fiscal Alonso no definió el delito. Para eso espera el resultado de las autopsias y algunas otras pericias. Los empresarios podrían ser acusados de estrago doloso, cohecho (si se comprueba corrupción) e incluso por homicidio culposo. Mientras tanto, las responsabilidades fuera del predio alquilado para el evento, corresponden a la comuna. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli y Carlos Indio Solari, por ahora siguen dentro de la causa en calidad de testigos.

EL ENIGMA DE SI FUNCIONARON LOS CONTROLES

Habíamos advertido desde esta columna, que el hecho tendría consecuencias políticas y la hipótesis quedó plenamente ratificada en las últimas horas por la ofensiva del Frente Renovador para instalar el tema en la Legislatura bonaerense. En esa dirección, se pidió que el gobierno de Vidal explique qué medidas se tomaron, tanto antes como después en el recital del Indio Solari. En el pedido de informes que impulsa el diputado massista Pablo Garate, se argumenta que "es lógico y racional suponer que ante un evento de esa naturaleza cuya concurrencia de público supera ampliamente a la propia población del lugar, el Gobierno provincial debió haber acudido en ayuda y colaboración del intendente local, máxime al tratarse de un hombre del mismo color político, sobre todo en áreas tan sensibles como la defensa civil, la salud pública o el transporte de personas". Se reclama además, que se informe la cantidad de efectivos de la policía bonaerense que fueron destinados al control preventivo y de seguridad del evento. Y si se coordinaron acciones con áreas del gobierno municipal  como Defensa Civil, Bomberos y el servicio de salud. Otro de los reclamos más sensibles tienen que ver con si se efectuaron controles de venta de estupefacientes y drogas -narcomenudeo- y de bebidas alcohólicas en espacios públicos cumpliendo con la legislación vigente y si el intendente Galli solicitó colaboración en forma previa o en forma posterior al recital, en qué consistieron y cuáles se implementaron.

FALTA DE EXPERIENCIA EN LA GESTION

La situación del jefe comunal, es delicada. El ministro De la Torre está haciendo todos los esfuerzos para  "contener" a un Concejo Deliberante que empezó a pedir explicaciones. Galli, junto a su gabinete se presentó ante el CD, integrado por abrumadora mayoría opositora, donde se evalúa la posibilidad de iniciarle juicio político por su responsabiidad en la tragedia y los desmanes posteriores. El encuentro realizado en el Salón Blanco, fue casi protocolar, apenas duró 10 minutos y hubo escaso tiempo para los intercambios entre el alcalde y los ediles. 

Eduardo Rodríguez, presidente del CD señaló que los contratos son facultad del intendente."Si hay alguna cuestión que pone en riesgo los bienes del municipio, tiene que pasar por el Concejo. El más frontal de todos, fue el concejal Saúl Bajamón, quien sentenció: "vemos descontrol y falta de experiencia en la gestión. El intendente está queriendo salvar el pellejo". A todo esto, Einar Iguerategui añadió: "nos duele que en el año y medio de gestión es la primera vez que podemos tener una reunión institucional. Galli no asumió la resposabilidad. Su labor era cuidar a los vecinos". Por su parte, los concejales del Frente Renovador, Marcelo Latorre y Emilio Vitale, con el aval de Sergio Massa, presentaron el pedido de interpelación al intendente.

Los ediles reclamaron documentación relacionada con la habilitación del predio y del vínculo que la comuna asumió con la productora. Todo el procedimiento forma parte del paso previo a la interpelación a la que será seguramente sometido Galli. Aunque al jefe comunal se lo vio visiblemente demacrado, más aún ante los rumores de pedidos de renuncia que brotaron dentro de su propio espacio, reaccionó señalando que resistirá los embates. Una de sus cartas que jugaría,  para patear la responsabilidad hacia otra cancha, sería la expulsión del secretario de Seguridad, Eduardo Simón, responsable de haber transportado en camiones volcadores a la gente que deambulaba sin destino. Hay quienes sostienen que este argumento es de "tiro corto".

 Hasta el momento, Galli sólo atinó a culpar a la productora del recital por la sobreventa de entradas, que según él fue la determinante del caos. "La habilitación de bomberos se hizo por los metros cuadrados, que son 155 mil", dijo deslindando culpas, aunque admitió que habilitó la llegada de 200 mil personas.

SENTENCIADO POR SUS PROPIOS VECINOS

La estrategia se desintegró  a las pocas horas. Fue cuando tomó estado público el audio de una entrevista realizada en noviembre pasado, cuando Galli le respondía a un periodista local que le preguntaba cual era su expectativa sobre la llegada de gente y respondía "como mínimo esperamos 200 mil, pero en el gabinete ya hay quienes apuestas a 350 mil".

Existe además otra prueba irrefutable que compromete al jefe comunal, y que tiene que ver con el alerta de la extraordinaria masividad del evento. El 13 de febrero, un mes antes del recital, los vecinos del barrio Los Robles, pegado al predio donde se desarrolló el recital le enviaron a Galli una carta donde encendían todas las alarmas. En un encuentro realizado en una sociedad de fomento, decidieron solicitarle una audiencia a Galli para plantearle su temor por el movimiento de gente, ante la presunción de que podrían ser más de 200 mil personas, seguridad (previa y pos recital), espacios verdes, luminarias, salud, circulación de los medios de transporte y todo lo relacionado con la logística del evento. En uno de los párrafos de la misiva se consignaba que "la inquietud surgió por la poca información y confusa que se transmitió" y por no haberse realizado el timbreo, señalándose que solamente se dejó folletería en parte del barrio. Los vecinos pidieron que Galli se acercara a hablar con ellos, pero el intendente faltó a la cita y nunca tuvieron respuesta.

Además, en su conferencia de prensa Ritondo pareció dejar solo a Galli al sostener : "Quien habilita cada uno de estos eventos masivos es la intendencia". No sólo eso, el titular de Seguridad también criticó la decisión local de trasladar en camiones a las personas que se habían quedado varadas en la ciudad. Y contó que ordenó "detener esos camiones para trasladarlos (a la gente) en colectivo luego".

Mientras que en La Plata intentan desligarse de la polémica para encorcetarla en los límites de Olavarría , en la Casa Rosada sostenían que Galli había quedado librado a su suerte. Una que no parece venturosa. La oposición política de Olavarría, que tiene el control del Concejo Deliberante (a Galli sólo le responden 5 de los 20 ediles), anticipó que irá hasta el hueso. La moneda está en el aire.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP. Su correo electrónico es [email protected].