Jueves 17 de julio de 2025 - Edición Nº4313
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La Plata sin transporte público: micros con cuentagotas y custodiados por la policía

Sigue el padecimiento de miles de platenses. La UTA y El Bondi se echan las culpas mutuamente. Denuncias cruzadas.


El conflicto con los choferes de la Línea Este que comenzaron el lunes un paro y bloqueo de la terminal de la empresa se precipitó a partir de un desalojo pacífico ordenado por la Justicia cuando una gran cantidad de efectivos llegaron a la terminal de el Expreso (Ruta 11 y 611) y los manifestantes decidieron dejar el predio en forma pacífica. De todos modos, continuaron con su protesta en la céntrica esquina de 7 y 50, donde bloquearon el paso de todos los colectivos de la firma Unión Platense, es decir casi todos los micros que pasan por el lugar, ya que la empresa de Osmar Corbelli concentra el 80 % del transporte público de pasajeros de la ciudad.

La protesta es acompañada por organizaciones de izquierda. El paro es mantenido por un grupo de trabajadores de “El bondi”, una agrupación que no responde a la conducción de la UTA e integra el grupo sindical clasista “Interlíneas” junto a los choferes de la Línea 60 de CABA y los metrodelegados del subte.

Con el pasar de las horas, la situación se fue tornando más tensa y varias unidades sufrieron pinchaduras en sus neumáticos y pintadas en vidrios y carrocería.

Ante esta situación, la UTA La Plata decretó un paro de choferes que afecta tanto a las líneas locales como las provinciales. “No están dadas las condiciones mínimas de seguridad. Hemos decidido dejar de prestar el servicio hasta que las autoridades retomen el control de la situación”, explicó el secretario general del gremio, Oscar Pedroza.

Los choferes denuncian malas condiciones laborales, despidos injustificados y la violación de un acuerdo firmado a fines del 2016 con intervención judicial. Desde la UTA aseguran que no hubo despidos sino el cese de contrato de personal temporario.

Hasta el momento, desde la intervención de la Municipalidad se redujo a presentar una intimación por vía judicial para que “se garantice el libre tránsito de las unidades y se permita continuar prestando un servicio que es utilizado por unos 70 mil usuarios”, lo que derivó en el operativo policial que concluyó con el desalojo pacífico.

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