Se trata ni más ni menos, que la cara oscura de un submundo de mafias, que durante mucho tiempo y escudados en la política y la protección policial, sus jefes hicieron negocios millonarios, aún a costa de destruir la economía nacional. Una prueba del festival de dinero que se movía en el predio de La Salada en Lomas de Zamora, donde se llevaron a cabo los allanamientos, fue el hallazgo de 9 cajas fuertes que estaban ocultas en habitaciones secretas de la oficina administrativa.Contenían 11 millones de pesos y 6 mil dólares, además de armas de grueso calibre. Al lugar se accedía por puertas secretas disimuladas en las paredes. La cifra es casi un vuelto, si se tiene en cuenta que solo Punta Mogote por día mueve unos 300 millones de pesos, la mayor parte en negro y en efectivo. Además, los investigadores secuestraron documentación con listados de nombres de clientes y una supuesta contabilidad paralela que Castillo preservaba en 111 cajas.

PRUEBAS CLAVE PARA PROBAR EL LAVADO DE DINERO

Por lo que trascendió de fuentes confiables, se sospecha que allí están las pruebas que pueden llevar al fiscal a probar la evasión impositiva y el posible lavado de dinero que el clan Castillo realizaría a través de 14 sociedades, buena parte a nombre de él, pero también de su esposa, la mujer que anticipó que quedará a la cabeza de los negocios del padre de sus hijos, mientras éste siga detenido. El fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, que fue amenazado de muerte tres veces, se metió a fondo en la causa, desde el 2015 después de cinco asesinatos mafiosos por la disputa territorial y los negocios turbios. Paradójicamente, el propio fiscal y su esposa fueron secuestrados en el pico de la investigación. Fue el 4 de mayo del 2016, a manos de cinco delincuentes armados y encapuchados. Los raptaron en la localidad de Parque Barón y los liberaron, después de que su madre pagara un rescate miserable, en Temperley. El fiscal tiene la convicción de que fue un apriete de Castillo.

DINERO FRESCO PARA CAMPAÑAS POLITICAS 

Por estas horas, en los pasillos de la gobernación, las primeras espadas de María Eugenia Vidal se entusiasman en llegar al fondo de la olla de un negocio ilegal que ronda en los 75 mil millones de pesos anuales. Creen que Castillo sabe mucho, sobre todo de las coimas que se ufanaba repartir y cuyos sobre distribuía mensualmente. Creen que abrumado por las pruebas en su contra, se podría quebrar. Sospechan que de ese nicho salía dinero fresco para las campañas políticas de Daniel Scioli y del intendente de Lomas, Martín Insaurralde, en cuyo feudo se puso al descubierto el descomunal escándalo. Lo enumerado, forma parte de un  mega operativo del que dimos cuenta en DIARIO FULL en un  artículo anterior y forma parte de  una causa por "asociación ilícita y extorsión", contra los feriantes. Tras numerosos allanamientos, fueron detenidas 31 personas, entre ellas Jorge Castillo, administrador del complejo comercial, varios integrantes de su familia, tres policías y un prefecto. Ahora se supo, que la operación comenzó hace unos siete meses, con el trabajo de inteligencia de ocho policías infiltrados como puesteros, feriantes y hasta acarreadores de mercadería, en su mayoría trucha, que luego identificaron y marcaron en un mapa que a mano alzada le dibujaron al fiscal Sebastián Scalera.

UN LAVA JATO ARGENTINO EN PUERTA

Era de esperar que un año electoral como este, el duro golpe a la mafia enquistada en la zona de Ingeniero Budge, salpique para el lado de la política. Uno de los ventiladores más fuertes lo encendió el legislador del espacio Bien Común, el partido de la ONG La Alameda, que lucha contra la trata de personas. Gustavo Vera, amigo del Papa Francisco, denunció que el predio de Lomas de Zamora era una “zona liberada por un pacto de complicidad de miembros del actual y anterior Gobierno y la policía". Para demostrarlo enseñó, una fotografía de Enrique "Quique" Antequera, uno de los dueños de la feria, junto con las diputadas Margarita Stolbizer y Elisa Carrió y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dijo Vera que la instantánea fue tomada durante el lanzamiento de la campaña CC-ARI de 2009 donde Alfonso Prat Gay se llenaba la boca hablando bien de La Salada porque recibían financiamiento, mediante los beneficios que se obtenían desde el trabajo clandestino, esclavo y reducción a la servidumbre. Yo creo que si a Castillo lo dejan dos semanas adentro y habla, vamos a tener una especie de lava Jato de abajo hacia arriba porque es tanta la gente para salpicar transversalmente”. Para el legislador, las cuestiones que se debaten en estos días “las venimos llevando a la Justicia,  a los medios y lo dijimo en la cara del propio Castillo que nos amenazaba constantemente. Hay un montón de funcionarios que fueron cómplices de La Salada. Nos cansamos de denunciar y corrimos riesgo de vida, así que no nos van a venir a contar qué es la mafia de La Salada, que atraviesa transversalmente el aparato del Estado como muchas otras cosas”.

Vera pidió a la Justicia y al Ejecutivo bonaerense de María Eugenia Vidal que actúen de forma tal que puedan mantener los puestos de trabajo pero en buenas condiciones: “¿Qué es lo que tendría que hacer ahora la Justicia de Lomas de Zamora, el Gobierno de Vidal concretamente en este caso? Intervenir estatalmente La Salada, auditar a todos los proveedores, ayudarlos a registrarse, cumplir el plan que había escrito Enrique Rodríguez de que si están todos en blanco aún así venderían un 43% más barato y esta sería una solución. Porque Justicia no es solo llevar al mafioso preso, es no victimizar de vuelta a quien ya está victimizado por la propia mafia”.

“Les pido a Vidal, al juez y al fiscal interviniente y a Insaurralde que por un momento dejen la grieta electoral y se pongan de acuerdo en una política pública progresiva y logren salvar a toda esa gente que estaba reducida a la servidumbre para que avance hacia un trabajo digno y que eso sea un mega emprendimiento competitivo que siga manteniendo las fuentes de trabajo pero dignas”, aseveró Vera.

EL INTENDENTE QUE SE HACE EL DISTRAIDO

Uno de los que trató de desviar las miradas que por estas horas se posan sobre él, fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien expresó su “satisfacción” por el avance de la Justicia para desbaratar las “mafias” enquistadas en la feria ubicada en ese partido bonaerense, y al advertir que ese complejo comercial"no tiene nada de kirchnerista". Además, pidió no “mezclar la política” en este tema. El alcalde, en cuyo territorio funcionaba el negocio ilegal más grande de Sudamérica, también pateó la pelota afuera al expresar "su felicidad por las detenciones para terminar con los delincuentes que, en La Salada, buscaron “apropiarse del espacio público” y admitió que el delito de asociación ilícita que se investiga “tiene que ver con la ilegalidad y la complicidad tanto judicial, de la policía y de la política. Este punto de partida de sacar a las mafias y de encarcelar a los delincuentes le da aire a La Salada, a Ingeniero Budge, a Lomas de Zamora y a la provincia de Buenos Aires” y confirma que quienes están fuera de la ley “tienen que estar atrás de las rejas y no apropiándose del espacio público.Por el año 2010, 2012 comenzaron las conversaciones con los feriantes, que eran de otra la composición social, se podía charlar con ellos”, recordó el intendente, para señalar que “lamentablemente en estos últimos 3, 4 años empezaron los violentos, los delincuentes a apropiarse de la vía pública”.

MORENO DICE QUE CASTILLO ES SU AMIGO