Estamos frente a un tema que produce efecto mediático. Nosotros estamos en contra de la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años de los jóvenes. Nos parece que el Estado debería estar promoviendo más firmemente los derechos de niñez y juventud para su inserción social, en vez de actuar como un Estado represivo de ellos. Existe una visión superficial del tema de “la baja” y además una visión estigmatizante de los adolescentes de los sectores populares respecto de este tema. Un informe de UNICEF (2015) da cuenta de que casi la totalidad de los 1305 adolescentes privados de la libertad en centros cerrados son varones, argentinos, y mayoritariamente tienen entre 16 y 17 años. Al momento del relevamiento sólo el 6,3% eran niños menores de 16 años. Este dato es concreto y no concuerda para nada con el discurso que impulsan quienes están a favor de la baja. Otro dato más: la condena a los menores de 18 años había disminuido de 4,2 en 2010 a 3,5 en 2015. Insistimos: creemos que se instala agenda en los medios con el hecho de hablar de la baja en la imputabilidad de los jóvenes, pero que se queda en la superficie de un verdadero problema de la sociedad. Según UNICEF (2015) el 35,2% de los adolescentes judicializados que no tienen estudios o tienen estudios primarios incompletos y el 35% que sólo terminó la escuela primaria. Estos datos son importantes porque demuestran la ausencia del Estado y la falta de cobertura educativa de los grupos más vulnerables, que luego es reemplazado por un Estado punitivo y represor. El nuevo informe de UNICEF (2017) relevó que los jóvenes entre 10 y 18hs son más de 5 millones y medio en Argentina, y que medio millón está fuera de la escuela y sólo el 45% logra terminar los estudios secundarios. Florence Bauer de UNICEF indicó que 1 de cada 2 adolescentes de entre 13 y 17 años es pobre; entre los 14 y los 15 años, 1 de cada 6 trabaja; y que entre los 16 y los 17 años, lo hace 1 de cada 3. Creemos que hay que dar la discusión y que se debe ir a una política más preventiva. Algunos especialistas en el tema indican que la privación de libertad no funciona, porque el chico va a estar en contacto con otros que cometieron delitos, y se desarrolla una “escuela del crimen”. Nuevamente el Estado está ausente en la reinserción social. La baja de la edad de imputabilidad fue rechazada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Numerosos entendidos, entre ellos Norberto Liwski -referente de Ñiñez y Juventuddicen que es necesaria la participación del mundo académico en la investigación y construcción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como “estandarte ético”. Es pensar en el presente y el futuro de miles de jóvenes que hoy en día son descuidados y estigmatizados por el Estado. Insistimos, en la Provincia de Buenos sólo el 3,5 por ciento de los delitos son cometidos por menores de 18 años. Los datos del Ministerio de Justicia provincial revelan que está bajando el índice de delitos cometidos por menores. La baja de la edad de imputabilidad no va a solucionar la inseguridad. Es engañoso decirle eso a la sociedad, más en una campaña política. Creemos que es burlarse de la buena fe de la gente que en el fondo quiere estar más segura. Gustavo Daniel Moreno, especialista en derecho de familia, afirma que la baja de la edad de punibilidad no tendrá “incidencia alguna” en la solución del problema de inseguridad, porque sería como intentar solucionar una crisis económica adoptando una medida que solamente ataque la causa que representa un mínimo porcentual en la generación de dicha crisis. Sabemos que la familia es el principal agente socializador, y en este tiempo se incrementaron los problemas materiales y emocionales en las familias populares por la falta de trabajo y oportunidades. Eso atenta contra los derechos de los niños y adolescentes. Según UNICEF (2017) entre los 12 y los 14 años, 1 de cada 3 chicos y chicas sufren castigos físicos por parte de sus padres, y entre los 15 y 17 años la proporción es 1 cada 4. También es preocupante la cantidad de suicidios en los adolescentes: en 2015 se registraron 438 muertes, de las cuales 3 de cada 4 se corresponden con un varón. En este sentido, el Estado no sólo no atiende estas cuestiones, sino que además reduce las partidas presupuestarias. Un ejemplo es el área de Salud, donde se quitaron vacunas. Todo nos indica que nos encontramos frente a una reacción más mediática y electoral para satisfacer una demanda social, que a establecer una verdadera política pública para combatir la inseguridad. Si hay un verdadero motivo que nos debe motorizar para atender el tema sería la integridad de los niños en todos los aspectos mencionados, y por consiguiente generar la reacción de quienes gobiernan para atender el tema con un debate serio.