Pero una investigación conexa, vinculada a estafas dentro de IOMA podría depararle un destino aún peor

Por ello, tanto Pérez como Carbone fueron citados a declarar ante la Justicia el próximo 4 y 5 de octubre, según lo solicitó el fiscal Alvaro Garganta, en el marco de una causa que investiga el supuesto lavado de activos durante los últimos años de gestión del gobernador Daniel Scioli.

Por estas horas no falta quien compare a Pérez con el vicepresidente Amado Boudou. Ambos cayeron en desgracia y no encontraron cobijo bajo ninguna sábana, por lo cual no tienen acceso a fueros. Boudou enfrentará el juicio por Ciccone dos semanas antes de las elecciones. Pérez verá la elevación a juicio de las denuncias en su contra dos semanas antes de que comience 2018.

Actualmente, el fiscal a cargo de la investigación, Álvaro Garganta, titular de la UFI 11, lleva a cabo diligencias complementarias, de fondo, como paso previo a la elevación a juicio, que marcará el final de su trabajo. La pista que inició la trama fue el supuesto desvío de unos 10 millones de pesos para financiar la realización de 25 eventos que nunca se llevaron a cabo.

Pérez declaró en octubre del año pasado en esta causa. Y dijo que él no firmaba las facturas, sino que simplemente autorizaba los eventos y el cálculo estimado de cuánto costarían. En la Justicia, la excusa sonó poco creíble, y profundizó la investigación.

Lo último que se descubrió fue que hay más de 20 millones de pesos que tendrían que haber financiado la impresión de libros escolares que nunca se confeccionaron. Sospecha que, en su lugar, sirvieron para colorear unas 52 millones de boletas del PJ.

La Justicia busca resolver con pelos y señales la participación de Pérez en esa estafa. Hasta ahora, está imputado, junto con Carbone –quien saltó a la cama por la fastuosa estatua de un dragón que tenía en el patio de su casa, y que, se cree, escondía una caja fuerte- por “peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Por ahora, hay quienes creen que sobran indicios para sumar a Pérez en la estafa de las boletas. Pero una investigación conexa, vinculada a estafas dentro de IOMA –millones que debían destinarse a prestaciones que nunca se adquirieron- podría depararle un destino aún peor.

Las compras fueron radicadas en La Plata, Mar del Plata y otras ciudades del interior. Los montos son exorbitantes. Se sospecha que no sólo el poder político podría quedar comprometido, sino un puñado de empresas que, coludidas, se asociaron en el presunto delito. En el caso de IOMA, habría médicos y proveedores con las manos embarradas.

Las acusaciones son tan graves y las pruebas son tan contundentes, que el tema quedó excluido de la campaña. Una vez que baje la espuma electoral, después del 22 de octubre, las novedades empezarán a llegar. Pérez y los suyos temen que no sean del todo buenas.

Fuente: infocielo