En diálogo con Radio La Plata (FM 90.9), la presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (COLFARMA) y titular de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), María Isabel Reinoso, aseguró a que la decisión de la Corte de tomar el recurso en queja “genera preocupación y sorpresa”.

“La salud es un área reservada a las provincias. Esta empresa inició una demanda en 2012 y perdió en tres instancias, en el último la Corte Suprema bonaerense que resolvió que la ley está vigente y es perfectamente constitucional”, agregó Reinoso.

En julio del 2016, el máximo tribunal de la Provincia rechazó por unanimidad un recurso extraordinario que había presentado Farmacity contra un fallo de primera instancia, ratificado en segunda.

En la Provincia, la Ley 10.606 establece que las farmacias deben ser propiedad de farmacéuticos restringiendo a las sociedades anónimas, regula la instalación de las mismas de acuerdo con parámetros demográficos y geográficos y prohíbe posiciones dominantes en el mercado que redunden en perjuicio del derecho a la salud.

La empresa del Grupo Pegasus que tiene como uno de sus principales accionistas al vicejefe de Gabinete y funcionario de la “mesa chica” presidencial, Mario Quintana, creció al calor del macrismo en Capital Federal y desde hace años intenta dar el salto a Provincia.

“Estos últimos días, nos enteramos que la Suprema Corte de la Nación tomó un recurso en queja cuando todos preveíamos que lo iba a desechar”, expresó la titular del Colegió de Farmacéuticos.

“Esta ley permitió la instalación de farmacias en cada rincón de la provincia donde un vecino necesita medicamentos. Actualmente hay 4.500 farmacias distribuidas racionalmente en todo el territorio bonaerense”, agregó.

En caso de modificarse la ley, para Reynoso “pasaría lo que ocurre en Chile o en CABA, dejarían de existir farmacias en cada barrio para pasar estar solo en las avenidas o calles principales. Desde el punto sanitario es un gran retroceso, esta ley es tomada como ejemplo por la OMS”, y alertó: “Hay otras provincias que se rigen por la misma legislación y también estarían en peligro”.