Finalmente, se cumplió la profecía de Elisa Carrió en la mesa de Mirtha Legrand: "los 44 tripulantes del ARA San Juan están fallecidos". La frase que pronunció la legisladora ante Itatí Leguizamón, la esposa de uno de los submarinistas y que cayó como un balde de agua fría, terminó siendo cierta. Lo que no podía decir el Estado, lo dijo ella y lo ratificó en las últimas hora la Armada. Después de 15 días de angustiosa búsqueda, la voz entrecortada del comandante Enrique Balbi, vocero de la institución anunció que  "no habrá salvamento de personas", por lo que ya no hay esperanzas de que los 44 tripulantes estén con vida. 

Sin un indicio del navío y con el conglomerado de las fuerzas más poderosas del mundo que llegaron hasta nuestras tierras para colaborar en la búsqueda, se cierra la tumba en las profundidades del mar y con ella quedan encerrados los misterios de lo que realmente ocurrió

La Armada tomó esa decisión, tras haber recorrido infructuosamente un millón de millas náuticas y analizar esa área palmo a palmo, a una profundidad de 300 metros. Por el momento, todos los esfuerzos han resultado infructuosos, sumado al hecho de que la última comunicación de la tripulación fue hace dos semanas. Sin embargo, si la embarcación está a más de 500 metros de profundidad se darán por finalizadas todas las operaciones.

De esta manera, los tripulantes ya no serán buscados con vida. La resolución fue tomada por el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el militar a cargo de la base naval de Mar del Plata, quien fuera el que emitió el último comunicado conocido sobre el problema en las baterías que sufrió el ARA San Juan.

Balbi manifestó ante la prensa que "no se encontró evidencia alguna de naufragio en las áreas exploradas ni se obtuvo contacto con el submarino ni con sus balsas". Fue la confirmación de los movimientos que se habían observado en las últimas horas. Llamó la atención que varios de los buques que participaban de las tareas en el Golfo San Jorge retornaban a Comodoro Rivadavia. Entre ellos el Atlantis, de los Estados Unidos, el Sophie Siem, de Noruega y el Didi-K, de Uruguay. Por lo que trascendió, López Mazzeo, a cargo del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (CEOAA), firmará un nuevo comunicado avisando a los 18 países que participaron de los rastrillajes del cambio de modalidad de los operativos.

Quiere decir, que a partir de ahora concluye el convenio internacional que estaba vigente mientras se buscaba a los tripulantes con vida. Frente a este escenario, las naciones que venían colaborando con la Argentina decidirán si continúan participando de las tareas para intentar rescatar los restos del ARA San Juan. Por lo pronto, la armada norteamericana decidió retornar a su país.

La historia del ARA San Juan se inscribe dentro de los grandes y más prolongados misterios de las tragedias navales. El submarino fue buscado desde el 15 de noviembre, cuando a las 7.30 de la mañana se registró la última comunicación con la base naval desde la altura del golfo San Jorge, a unos 432 kilómetros de la costa. 

Tres horas después, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE), registró una "señal inusual cerca de la última posición conocida" del "ARA San Juan". El ruido detectado por el organismo fue similar al captado por Estados Unidos, que detectó una "anomalía hidroacústica" en el mismo lugar en el que se comunicó por última vez el submarino.

Posteriormente, el  16 y 17 de noviembre se activó el operativo de búsqueda con dos naves de superficie de la Armada Argentina equipadas con sonar y dos aviones, primero, y luego se sumó la colaboración con apoyo logístico de Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos y Gran Bretaña.

El sábado 18 de noviembre pareció surgir una esperanza, al detectarse siete intentos de llamados satelitales, pero cuando fueron analizados se descartó que fueran del submarino. Ese día también se sumaron a la búsqueda diez naves de la Armada, ocho aviones y un satélite de los países que brindaban su colaboración: Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil, Francia, Italia.

El domingo 19 se incorporó a la búsqueda un minisubmarino de la Armada de los Estados Unidos, mientras que al día siguiente una sonda captó "un ruido" a 200 metros de profundidad y a unos 360 kilómetros de la Península Valdés, pero horas más tarde se confirmó que no salió del submarino. También se encontró una balsa vacía en el mar y se divisaron bengalas cerca del lugar de la búsqueda, pero posteriormente se determinó que tampoco correspondían al "Ara San Juan".

Al día siguiente, el 21 de noviembre, dos buques del Escuadrón de Rescate Submarino de la US Navy partieron desde Comodoro Rivadavia para sumarse a los operativos.

La novedad significativa de esta angustiante historia, se registró el 23 de noviembre, cuando el embajador en Austria, Rafael Grossi, envió al Gobierno argentino el informe elaborado por el organismo de Viena que detectó "un evento anómalo, corto, violento, singular y no nuclear, coincidente con una explosión", tal como lo describió el vocero de la Armada, Enrique Balbi, en conferencia de prensa.

La presunción más certera que se maneja, es la que esbozó el capitán de fragata (RE) e ingeniero naval Horacio Tobías, quién estimó que el submarino ARA San Juan sufrió una “descarga eléctrica descontrolada” por el ingreso de agua de mar desde el snorkel. Ello provocó una explosión interna que en “dos minutos” determinó la muerte de la mayoría de la tripulación por intoxicación con hidrógeno. La descarga fue como un rayo de 7,5 megawatts, mientras los motores producían un ruido insoportable para los tímpanos.

Las tragedias siempre tienen un costo político. Y lo que ocurrió con el submarino ARA San Juan, no será una excepción. Por estas horas ya se vislumbra lo que viene: la búsqueda de culpables, algo que es imprescindible desde lo humano, lo jurídico y lo político. Los familiares y la sociedad tienen derecho a saber por qué pasó lo que pasó. El Gobierno y la Armada tienen la obligación de entenderlo, para aplicar responsabilidades y para que no vuelva a ocurrir. Y la Justicia debe hacerlo para determinar si, por acción u omisión, se cometió un delito.