En la noche del pasado domingo y en medio del desarrollo de los festejos navideños en todo el mundo, falleció el juez federal de Nueva York Thomas Griesa. El magistrado, que llevó adelante la mayoría de las causas por los bonos de deuda entrados en default de la Argentina, venía sufriendo las consecuencias de una larga enfermedad que lo había llevado a jubilarse en junio de este año.

Con 87 años de edad, ya había sido operado en dos ocasiones a lo largo de 2017, lo que motivó que perdiera la movilidad y tuviera que pasar sus días sentado en una silla de ruedas. La noticia de su deceso fue dada a conocer ayer por el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo tras ser informado oficialmente de su muerte por el tribunal federal neoyorkino.

Griesa había nacido en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, en 1930. Se graduó en Harvard en 1952 y en la escuela de Leyes de Stanford en 1958. Fue nominado como magistrado por el expresidente Richard Nixon en junio de 1972. En el año 2000 asumió el cargo de juez federal por el distrito sur de Nueva York, que mantuvo hasta el momento de su jubilación.

Condena nacional

Durante muchos años, Griesa fue considerado por la clase dirigente local como el “enemigo público número uno”, debido a su postura contundente a favor de los fondos buitre en relación con el reclamo de estos al país. Con un comienzo a favor de la posición nacional, más tarde el letrado se volcó de lleno en pos de los holdouts, comenzando una relación por demás compleja con las autoridades argentinas.

En 2001, la Argentina declaraba el default de su deuda externa con el famoso discurso pronunciado por el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá. En 2003, uno de los bonistas NML Capital, con Paul Singer a la cabeza, inició un juicio en Nueva York, siendo Griesa el juez que quedó a cargo de la causa y que tuvo a maltraer a la economía nacional por más de una década.

Una de las medidas que tocó de cerca al erario público fue la que sucedió el 27 de junio de 2014, cuando de forma intempestiva, en una acción que le valió la crítica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno de Barack Obama, congeló los pagos de bonos reestructurados condenando así al país a un “default selectivo”. 

Ese fallo quedó en firme en 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no lo trató. Así, la Argentina entró en un nuevo default, tanto con los bonistas a los que no les pagaba como a los que habían ingresado a los canjes de 2005 y 2010.

Llegado Mauricio Macri al poder en diciembre de 2015, el gobierno de Cambiemos inició una serie de charlas informales con el mediador Dan Pollack, que derivaron en que se terminara el trámite judicial con el pago de 9.300 millones de dólares para los fondos buitre, lo que concluyó con el arreglo con el 97% de los holdouts, quedando en disputa un 3% que todavía se dirimen en los juzgados neoyorkinos.