Se llama Enrique Raúl Albistur. Le dicen "Pepe". Histórico publicista de todos los peronismos, fue secretario de Medios en los primeros seis años del gobierno kirchnerista.

De su paso por la función pública quedan algunos pocos recuerdos y una causa judicial por la que será indagado en el mes de mayo próximo. El juez Julián Ercolini citó a Albistur a indagatoria porque, cuando era funcionario público, le otorgó pauta oficial a empresas de publicidad en vía pública (uno de los principales negocios del ex funcionario) con las que estaba vinculado.

Una maniobra clara. Por lo menos así lo entendió la fiscal Alejandra Mángano, quien pidió la indagatoria de Albistur y de otras tres personas que lo acompañaron en la función pública allá lejos y hace tiempo.

Para la fiscal Mángano -según el pedido de indagatoria al que accedió Infobae-, Albistur, Gustavo Fernández Russo, Alejandro Lenzberg y Guillermo De Lella cometieron los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública, malversación de caudales, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa en la que se investiga el negociado con las empresas está relacionada con el expediente en el que se analiza el enriquecimiento de Albistur y su círculo familiar y de negocios.

La fiscal analizó las composiciones accionarias de las empresas de vía pública que se vieron favorecidas con pauta oficial y las relaciones entre esas sociedades. Es por eso que decidió pedir la indagatoria de los cuatros ex funcionarios públicos.

Para la fiscal, quedó demostrado que Albistur, Lenzberg, De Lella y Fernández Russo, "todos ellos partícipes activos del rubro empresarial dedicado a las publicidades en la vía pública ingresaron a la administración pública nacional para ocupar los cargos de Secretario de Medios de Comunicación, Subsecretario de Gestión de Medios, Director Nacional de Políticas Regionales de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior Dirección General de Comunicación". "A partir de ello y valiéndose de las facultades propias del ejercicio de la función que les fue conferida otorgaron discrecionalmente contrataciones comerciales a las firmas en las cuales evidentemente no solo tenían un interés sino también una activa participación –amén de las maniobras utilizadas por los encausados para disimular dichos extremos-. Esto les permitió hacerse de los bienes del Estado Nacional que ellos mismos autorizaron a egresar", analizó.

La fiscal Mángano agregó que "esa apropiación ilegítima de los fondos cuya disposición y administración les había sido confiada, fue lograda por los entonces funcionarios públicos aquí imputados, a través del entramado societario creado e integrado principalmente por ellos. Empresas estas respecto de la cuales han conservado el control -al menos- a lo largo del período investigado, es decir desde el 5 de junio de 2003 hasta el 10 de abril de 2008. Es notable en este aspecto, el incremento del patrimonio de las empresas que han recibido pagos en concepto de contratación por pauta oficial durante el período referido".

Fuente: Infobae