Según el artículo del periodista Martín Soler, que investigó el caso, en el expediente, al odontólogo le reclaman 55.273,31 pesos de capital adeudado más 27.500 pesos de intereses y gastos judiciales, lo que implica un monto total de 82.773,31 pesos.

Caber recordar que Barreda también fue intimado, hace años, por la empresa ABSA para que regularice la deuda por el servicio de agua y cloacas que no se pagan desde el año 1992, cuando mató a escopetazos a su esposa, hijas y suegra.

El principal problema que tienen los notificadores judiciales es que no saben a qué domicilio llevar la cédula judicial ya que, oficialmente, la justicia dice desconocer el domicilio del odontólogo.

Por distintos medios de comunicación trascendió (y quedó registrado en imágenes) que luego de salir del hospital, Barreda encontró alojamiento en una pensión ubicada en la localidad bonaerense de General Pacheco. Allí fue enviado por la obra social PAMI.

La propiedad (cuyo valor de mercado inmobiliario es millonario en dólares) fue expropiada en el año 2012 por el gobierno provincial, pero Barreda (entonces con arresto domiciliario en la casa de su ex pareja Berta “Pochi” André) comenzó a dar batalla judicial y planteó una expropiación inversa para pelea por el precio de indemnización. Años después fue declarado “indigno” de heredar, pero esa sentencia de primera instancia fue apelada.

Cabe recordar que la causa penal de Barreda está extinguida ya que el múltiple asesino cumplió los 25 años de condena en el año 2017.

El 15 de noviembre de 1992, en su casona de calle 48 entre 11 y 12, Barreda asesinó con una escopeta a su esposa Gladys Margarita Mac Donald (57), su suegra Elena Arreche (86) y sus hijas Celina (26) y Adriana (24), según contó en el juicio, como una reacción a los maltratos y humillaciones que recibía de todas ellas.