Las redes sociales estallaron en la noche del último domingo tras el informe de PPT sobre el Astillero Río Santiago.

El periodista Jorge Lanata disparó metralla hacia la empresa con conceptos tales como "hace 30 años que no constriuyen un barco", aunque luego bajó a 10 años.

En el informe, Lanata mostró lo que el gobierno nacional y provincial piensa sobre el Astillero. 

Hace pocos meses la Gobernadora decidió intervenir por decreto la empresa, corriendo de la presidencia a Cristian Curto y a otros 9 gerentes, para nombrar como interventor a Daniel Capdevila, ex Coordinador de Proyectos del Ministerio de Modernización de la Nación, la usina de donde surgen los más elaborados planes de ajuste.

Desde la asunción de Capdevila, los trabajadores denuncian persecuciones, aprietes y negociados, como la tercerización de los servicios médicos. Lo que no apareció nunca fue dinero para insumos o nuevos proyectos para encarar. Astillero Río Santiago demandará del Estado unos 3.500 millones de pesos este año para funcionar. Casi toda esa masa de dinero irá a parar a sueldos.

Pero puede costarle mucho más por los trabajos que tiene paralizados, como los buques petroleros Eva Perón y Juana Azurduy, cuya entrega lleva un año de demora -y sumaría al menos uno más-, lo cual puede derivar en juicios contra la Provincia por 50 millones de dólares por el incumplimiento del contrato, por parte de la venezolana PDVSA. El mismo cuadro puede darse por el retraso en la construcción de dos remolcadores y dos graneleros, para un cliente privado.

Para colmo, el gobierno decidió adquirir, mediante compra directa, cuatro buques patrulleros marítimos de clase Kership, por un monto total de 330 millones de dólares, al astillero Naval Group. En Ensenada calculan que si se hubiera fabricado en ARS costaría 110 millones menos. 

Y como informó Diario Full, comprar un buque que ya tuvo tres incendios por desperfectos.