El fiscal platense Álvaro Garganta tomó una polémica decisión. Según se desprende de la resolución firmada por el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata y dirigida al director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, ante cada nuevo llamado los agentes de la Dirección Provincial de Explosivos realizarán los procedimientos correspondientes para descartar la amenaza y, de no hallar material explosivo, las clases continuarán su curso con normalidad.

En la nota, Garganta especifica que "para los casos de amenazas de explosivos en establecimientos escolares, de cualquier tipo, donde el único elemento probatorio que acredite la verosimilitud de esto sea la llamada recibida, esto es, que ni las autoridades, ni el personal, ni el alumnado ha percibido en el edificio ningún paquete, bulto u objeto extraño, no se ha visto ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional; la actuación policial se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar".

Asimismo, el Fiscal agrega que solo si los especialistas encontraran algún material que fuera necesario explotar se procederá entonces a realizar el usual perímetro y la evacuación del edificio.

La decisión que regirá, al menos, mientras su Fiscalía esté en turno (hasta el próximo 15 de agosto) busca evitar la pérdida de clases, pero, al mismo tiempo, supone un riesgo mayor para los jóvenes si, desgraciadamente, terminara por confirmarse la existencia de material explosivo en el interior de una escuela de la ciudad.

La Plata ha sido víctima de los llamados desde los comienzos del ciclo lectivo. Los llamados han significado gastos millonarios para el estado, que moviliza agentes y vehículos cada vez que sucede uno de ellos, a lo que se suman varias decenas de allanamientos con pocos resultados. Tras las vacaciones el número de amenazas va en aumento y las autoridades parecen superadas por la situación.