Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, junto a las comunidades hicieron una denuncia penal por el derrame ocurrido el 19 de octubre.

Luego del derrame de petróleo organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal neuquino para que se investiguen las responsabilidades penales por el derrame en el Yacimiento Bandurria Sur, que opera YPF.

Greenpeace apoyó la denuncia realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Confederación Mapuche Neuquina.

Las entidades responsabilizan a los funcionarios públicos del área de ambiente, al secretario de Estado Jorge Lara, y al subsecretario de ambiente Juan Lucchelli. La denuncia exige una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades penales de YPF y sus directivos.

De acuerdo a estimaciones de especialistas, el derrame alcanzó, por lo menos, un área de 85 mil metros cuadrados. Es el equivalente a 8 canchas de fútbol, y está a sólo once kilómetros de la localidad de Añelo en Neuquén.

Y como si fuera poco, dos semanas después del derrame , de acuerdo a información de YPF, un pozo no convencional quedó fuera de control durante 36 horas. Esta vez fue en Loma La Lata, cuando realizaban trabajos de terminación de un pozo convencional.

Leonel Mingo, vocero de la campaña de energía en Greenpeace expresó: “Lamentablemente este no es el único impacto del fracking, verdugo del ecosistema patagónico. Los últimos incidentes provocarán serios problemas ambientales, por eso desde Greenpeace apoyamos esta denuncia. Más petróleo equivale a más contaminación, contribuye al cambio climático provocando sequías e inundaciones cada vez más intensas y frecuentes que afectan a los argentinos y los recursos del país”.

La denuncia se fundamenta en la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos, que incorporó en el Código Penal Argentino la figura de los delitos o crímenes ambientales, “para el supuesto de quien, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.” La Ley establece además, una responsabilidad especial cuando la contaminación sea producto de imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas.

También se destaca que “cuando alguno de los hechos se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir".