En fallo histórico condenaron a ex directivos de Ford por la desaparición de obreros
El tribunal oral federal nº 1 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, sentenció a los ex directivos de la automotriz Pedro Müller y Héctor Sibila por el secuestro y las torturas que padecieron 24 trabajadores en la planta que la compañía tiene en General Pacheco.
El fallo demostró la participación de civiles y empresarios en el secuestro y tortura de 24 obreros de la planta de Ford en General Pacheco, lo cual la ubicó como otro Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en la dictadura cívico-militar.
Los mismos permanecieron entre 30 y 60 días desaparecidos en el interior de la empresa. Luego fueron “blanqueados” y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
“Nos levantaron en camionetas de la empresa y nos torturaron adentro del predio de la fábrica“, dijo para la Agencia Paco Urondo, Pedro Troiano, obrero detenido en 1976.
El tribunal oral federal nº 1 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, sentenció a los exdirectivos de la automotriz estadounidense Pedro Müller y Héctor Sibila por el secuestro y las torturas que padecieron 24 trabajadores en la planta que la compañía tiene en General Pacheco, un polo industrial al nordeste del distrito.
Müller, que era el jefe de manufactura, fue condenado a diez años de cárcel, mientras que Sibila responsable de la seguridad de la planta, recibió doce años de pena por delitos de lesa humanidad cometidos entre marzo de 1976 y 1977.
Los dos exdirectivos, acusados de los delitos de detenciones ilegales y tormentos agravados, permitieron la instalación de un centro clandestino de detención dentro de la fábrica y marcaron a los empleados que debían ser secuestrados y torturados.
Debido a su avanzada edad, los dos representantes de la filial de la automotriz fueron autorizados a cumplir prisión domiciliaria.
El tribunal argentino también condenó a quince años de cárcel al exmilitar Santiago Riveros, extitular de Institutos Militares del Ejército, que recibió una pena más alta porque también fue acusado del delito de allanamientos ilegales.
Es la segunda vez que la justicia argentina señala la responsabilidad empresarial como partícipe necesaria de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina.
En marzo de 2016 fue condenado a doce años de prisión por delitos de lesa humanidad Marcos Levin, dueño de la empresa de autobuses Veloz del Norte.
El juicio contra este empresario fue anulado al año siguiente por la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal de la esfera penal, hasta que en septiembre de este año la Corte Suprema ordenó reabrir la causa.
"Es un hito en la sanción de la responsabilidad civil con el terrorismo de Estado", celebró el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos.
El 7% de los civiles acusados de crímenes de lesa humanidad en Argentina son empresarios, de acuerdo al CELS.