Los y las platenses víctimas de la inundación de abril de 2013 fueron asesinados. La falta de obras, la voracidad de un mercado inmobiliario que construyó edificios a mansalva sin tomar precauciones y la complicidad de políticos y empresarios van camino a la impunidad.

La posible suspensión del juicio oral al ex titular de Defensa Civil de La Plata, Sergio Lezana, por la trágica inundación del 2 de abril de 2013, encendió las luces de alarma en los denunciantes particulares en el proceso penal y uno de ellos ya presentó un escrito ante la jueza para oponerse a que se clausure la posibilidad que el caso sea ventilado en audiencias públicas de cara a la sociedad platense.

Se trata del abogado y ex candidato a intendente de La Plata, Marcelo Peña, quien figura como particular damnificado en el expediente, quien se opone al planteo de la defensa que impulsa un juicio abreviado. En su planteo el abogado Juan Di Nardo, haciendo uso de las facultades del derecho de defensa, acepta que a su asistido le impongan el máximo de la condena prevista para el caso: un año de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y una multa de 12mil pesos. El planteo deber ser aceptado por el fiscal Jorge Paolini y, si se opone, la jueza Claudia Greco deberá determinar finalmente si habrá debate oral o se echará mano a la herramienta legal del juicio abreviado.

Es más que importante la realización de éste debate oral, no por la vergonzosa tarea de la justicia de llevar al banquillo a dos trabajadores de Defensa Civil sino que en ésas jornadas tendremos los platenses claridad y transparencias de responsabilidades funcionales”, explicó Peña al diario digital de La Plata 0221.com.ar.

El denunciante quiere saber el destino de los fondos afectados para la reparación de la ciudad de La Plata y para la asistencia social. “Queremos conocer el destino de los fondos millonarios destinados por el BID y partidas presupuestarias de los años 2011 a 2013 que estaban aprobadas para realización de obras de desagües pluviales, fregaderos y el dinero de empresarios del famoso ‘pongui pongui’ o sea, saber dónde fue a parar ése dinero para, al menos, atenuar los daños económicos de las víctimas”.

Esa arista de la historia que cruzó a los platenses fue abordada sólo por Peña pero no lo acompañaron ninguno de los particulares damnificados que figuran en la causa. “La realización del juicio oral daría al menos un alivio a quienes perdieron seres queridos, es una deuda histórica de la Justicia local a los platenses”, expresó con vehemencia el denunciante.

Luego del trágico 2 de abril, desde el Estado nacional hubo una fuerte inyección de fondos para La Plata, pero ese dinero, no está claro a dónde fue destinado y también será investigado.

Tras la inundación, el entonces secretario de Comercio de la nación, Guillermo Moreno, pidió a empresarios que donen "fondos solidarios" para ayudar a los damnificados. En total se recaudaron unos 35 millones de pesos que se depositaron en una cuenta del Banco Nación y que, se sospecha, nunca llegaron a manos de los perjudicados por el temporal que dejó, al menos, 89 muertos. La colecta fue conocida como "el pongui pongui de Moreno", tras revelarse un audio que circuló en redes sociales.

La causa es un desprendimiento del expediente principal que fue instruido por el fiscal Jorge Paolini. Se trata de la trama política de la mayor tragedia natural que sufrió la capital bonaerense en su historia.

Por el momento, en la investigación se excluyó de responsabilidad penal a los principales funcionarios públicos de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad, Daniel Scioli y Pablo Bruera, amparándose en que las consecuencias de todo lo ocurrido se deben solo a una "lluvia extraordinaria", según estableció el informe técnico de la facultad de Ingeniería de la Universidad.

La única sentencia que existe en relación a la inundación fue dictada por el exjuez Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, en la que se estableció que fueron "al menos" 89 las personas fallecidas. Pero una investigación periodística publicada en el libro "2A. El naufragio de La Plata", abrió la ventana a un número mayor de víctimas fatales.

El antecedente inmediato -aunque no tan trágico- al 2 de abril de 2013 fue la inundación de fines de febrero de 2008 en la zona norte, en la que las localidades de Ringuelet, City Bell y Villa Elisa sufrieron las consecuencias de una fuerte sudestada. La explicación política de aquella vez fueron las obras hidráulicas no ejecutadas por el entonces concesionario de la autopista La Plata-Buenos Aires. Cuando el agua bajó y los ánimos comenzaron a calmarse, la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino aportó a la delegación de Villa Elisa un "Plan Operativo ante la Emergencia", que nadie recordó aplicar cinco años más tarde.