"Tampoco, todavía, hay certezas sobre la cantidad de muertos que dejó la inundación: ¿son 73, 89 o más de 100? La respuesta depende de quién los haya contabilizado: la Justicia Penal, la Administrativa o los familiares de las víctimas. Solo irá a juicio un funcionario municipal. No hay otros responsables gubernamentales que enfrenten el debate. El segundo acusado, Miguel Ángel de Lorenzo, funcionario de Defensa Civil de la provincia, murió antes de poder sentarse en el banquillo", detalla Lucesole su trabajo que a continuación reproduce Diario Full. 

Solo Sergio Ariel Lezana, funcionario de Defensa Civil municipal, enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito que se pena con entre un mes y un año de inhabilitación para ejercer cargos y multas de entre 700 y 12.500 pesos. 

Es tan baja la posible pena que enfrenta el único acusado que la causa iniciada en sede penal a cargo de delitos complejos ahora se tramita ante el juzgado correccional, el Nº 4, a cargo de Marcela Greco. La magistrada citó a declarar a 126 testigos. Pero muchos ya no tendrán que ir a tribunales por la muerte de De Lorenzo. 

Y ante la posibilidad de que Lezana pague la multa con anticipación, el debate podría clausurarse antes. El abogado del único acusado ya pidió a la Justicia abrir una cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depositar el máximo de la multa a fin de dar por extinta la responsabilidad penal de su defendido. "Es una vergüenza", dijo Marcelo Peña, abogado de uno de los damnificados, Ricardo Wagner. El profesional se opuso a una salida alternativa al debate oral "en desmedro y detrimento de los derechos de las víctimas". 

El fiscal Jorge Paolini, que instruyó la causa cuando era titular de la UFI de Delitos Complejos, indicó que en el auto de elevación a juicio la principal causa de la inundación fue la lluvia extraordinaria caída entre el 2 y el 3 de abril de 2013 -que acumuló 392 milímetros-. Enumeró las fallas en el sistema de alerta del Servicio Meteorológico y en la actuación de Defensa Civil. 

La Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación pidió en 2015 ante Paolini -entonces a cargo de la instrucción de la causa- el llamado a indagatoria del hasta esa fecha gobernador Daniel Scioli y del entonces intendente Pablo Bruera. Los pedidos no prosperaron. "No formulé imputación contra ellos. Pero no archivé la causa", dijo Paolini a LA NACION. 

El fiscal sostuvo que se basó en un informe de la Facultad de Ingeniería de La Plata para determinar que ante una tragedia similar los primeros responsables de organizar la evacuación son los municipios. "Imputé a los funcionarios de Defensa Civil porque ante un hecho extraordinario como fue la inundación de la noche del 2 al 3 de abril organizaron mal el recate. No tenían ni un bote. Ni una computadora conectada al teléfono. Fue una tarea caótica", precisó.

El fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo desconoce aún la cantidad de muertos. "No está determinada", indicó a LA NACION.

Ni Paolini ni Vogliolo están investigados por la Procuración General de la Corte en lo que respecta a su actuación en la causa. Tampoco hay denuncias sobre su actuación en el expediente en la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento.Ni el exgobernador Scioli ni el exintendente Bruera están procesados.

"Lezana está imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, que se pena con inhabilitación de un mes a un año más multa de entre $700 y $12.500. La acción penal se extingue con el pago de la multa. Si se paga antes del juicio, se extingue. Seguramente se pagará antes. No es necesario que se declare culpable", dijo Di Nardo. Y completó: "Lezana es un pobre tipo que no tiene ni para comer en este momento. Me gustaría que revisen este juicio. Los particulares damnificados no hicieron nada para que se cambie la calificación ni traigan a otros imputados. Quieren hacer política con el pobre Lezana".

La defensa del único acusado pagará la multa máxima de $12.500, con la intención de dar por extinta su responsabilidad sin condena. "Depositará el dinero la semana próxima", anticipó a LA NACION. Sin embargo, en el Juzgado Correccional Nº 4 dijeron que no es posible que se haga efectivo el pago antes de la fecha establecida para el debate.

La pena tentativa parece irrisoria si se compara con la cantidad de muertos. Incluso si se compara con otros números. El 80% de los platenses fueron afectados por el diluvio: 165.037 "impactados directos" y 357.500 "afectados indirectamente", con daños por $4000 millones. Es decir, alrededor de US$800 millones, al tipo de cambio entonces vigente según la Agencia Platense de Recaudación y la Secretaría de Gestión Pública municipal.

Pasaron casi seis años y todavía los vecinos de La Plata tienen más incertidumbres que certezas y esperan respuestas de la Justicia. Aún no hay una cifra oficial de la cantidad de muertos por los 392 milímetros que cayeron entre el 2 y el 3 de abril de 2013. Para una parte de la Justicia fueron 89 víctimas mortales y se estima que los daños alcanzaron los 4000 millones de pesos. Tampoco hay funcionarios investigados por la Justicia, como el entonces intendente de La Plata, Pablo Bruera, que hasta mintió públicamente en las redes exhibiendo fotos de su ayuda en la tragedia, cuando en realidad se encontraba de vacaciones en Brasil.