miércoles 22 de mayo de 2019 - Edición Nº2065
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"Pura mierda", la reflexión de Pablo Morosi tras el juicio por la Inundación del 2A

El periodista y escritor, co autor de Genealogía de una Tragedia, dejó su opinión en la red social Facebook sobre la "condena" al ex funcionario municipal perejil. "El papel lamentable que hoy representó la Justicia bonaerense y la clase política en su conjunto que -salvo honrosas y puntuales excepciones que se sentó junto a los querellantes distendido y enfundado en un saco de lino colo crema con el que seguramente ha participado de más de un coctel- no acompañó, cuestionó ni se manifestó en ningún momento frente al derrotero de un juicio que, era sabido, terminaría en la impunidad, sienta un angustiante y peligroso precedente: Ahora nadie está obligado a hacer las obras o tomar las medidas necesarias porque nadie podría reprocharselo. Aun cuando vuelva a repetirse una tragedia, cosa que no es nada improbable".


Este señor (foto), Sergio Lezana, ex jefe de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata se sentó ante la titular del Juzgado Correccional N° 4, Claudia Grecco, y se declaró único culpable de la peor catástrofe sufrida por la Ciudad de La Plata en toda su historia ocurrida el pasado 2 de abril de 2013. Se comprometió a pagar una multa irrisoria y se fue a su casa.
Lezana incumplió con sus deberes como funcionario público pero honró la promesa de incinerarse que hizo a sus "superiores" y ahora espera que sean ellos los que cumplan su parte.
Frente a muchos familiares de víctimas Lezana -ataviado en mangas de camisa simulando ser un trabajador y hasta, quien les dice, un perejil, se prestó a la farsa sin pestañar- reconoció que al momento del temporal, en el ámbito de la Municipalidad de La Plata -entonces al mando de Pablo Bruera, es un decir porque todos nos enteramos luego de sus mentiras por tuiter que había viajado a tomar sol a Brasil- no existía un plan de atención en la emergencia para semejante evento. Dijo que tampoco había un sistema de alerta temprana ni siquiera un registro de voluntarios para colaborar frente a la crisis. A nadie pareció importarle eso, como si Lezana fuera el responsable del presupuesto de la dependencia para la provisión de recursos humanos, materiales y logísticos, cosa que es responsabilidad del Concejo Debilerante y de las autoridades ejecutivas. 
Lo mismo a nivel provincial, aunque la reciente muerte del bombero titular de Defensa Civil bonaerense, Miguel Angel Di Lorenzo quitó en parte ese incómodo foco sobre la figura de quien era gobernador y luego aspirante a presidente, Daniel Scioli, y de su gabinete.
Por supuesto que, asi las cosas, a nadie salvo a los familiares de las víctimas, se le pasó por la cabeza preguntar si el silencio en Cambiemos podría tener algo que ver con los muertos de aquella funesta jornada en la Capital Federal donde gobernaba Mauricio Macri -que casualmente estaba de vacaciones- y había dejado todo en manos de María Eugenia Vidal, actual gobernadora. Junto al intendente Julio Garro, todos unanimemente calladitos
Siguiendo el rito procesal, Grecco -que se planchó el pelo para semejante ocasión- condenó al ex funcionario a la pena de un año de inhabilitación y una multa que podría llegar, como máximo a 12.500 pesos, casi lo mismo que cuesta pasar un semáforo en rojo o apenas un poquito más de un sueldo mínimo vital y movil. Es decir si tomamos los 89 muertos contabilizados por el ex juez Arias serían menos unos 130 pesos por cada víctima. 
En el siguiente acto la jueza cerró el debate y le hizo saber a los abogados querellantes que rechazaba por fuera de tiempo las recusaciones que pretendían contra la figura del fiscal instructor de la casua, Jorge Paolini -miembro de una familia con enorme influencia en los tribunales-, responsable de reencuadrar la causa penal por las muertes y llevarla a la órbita de la justicia correccional bajo el la hipótesis de una tormenta extraordinaria e imprevisible, pese a que todos los peritos y la propia Corte Bonaerense -cubriendo su propias espaldas- advirtió que los ocasionales decisores a cargo del gobierno municipal estaban suficientemente enterados del riesgo hídrico de la ciudad y no hicieron nada para revertirlo.
El papel lamentable que hoy representó la Justicia bonaerense y la clase política en su conjunto que -salvo honrosas y puntuales excepciones que se sentó junto a los querellantes distendido y enfundado en un saco de lino colo crema con el que seguramente ha participado de más de un coctel- no acompañó, cuestionó ni se manifestó en ningún momento frente al derrotero de un juicio que, era sabido, terminaría en la impunidad, sienta un angustiante y peligroso precedente: Ahora nadie está obligado a hacer las obras o tomar las medidas necesarias porque nadie podría reprocharselo. Aun cuando vuelva a repetirse una tragedia, cosa que no es nada improbable. Flor de encubrimiento urdieron, frente a nuestra impotente perplejidad, los que supuestamente representan a la gente en los distintos estamentos del Estado. De esto si que no hay antecedentes.
Hoy, ellos volvieron a matar a los ahogados, a los infartados, a los desconectados, a los inválidos, a los abuelos, a los electrocutados... Y serán nuevamente impunes por eso. Siento una bronca y una tristeza inconmesurable por vivir en una sociedad sin reacción ante semejante atropello. Perdonenme pero para mi esto no es otra cosa que mierda pura.

 

Pablo Morosi nació en La Plata en 1965. Se graduó como periodista y licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de periodismo en las universidades nacionales de La Plata y Quilmes. Trabajó en los diarios Hoy en la NoticiaLa Nación y Página/12 y colaboró en diversos medios. Presidió la cooperativa de trabajo de periodistas El Atajo.
Es autor de varios libros periodísticos como ¿Dónde está Miguel? El caso Bru. Un desaparecido en democracia (2013), Juniors. La historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica (2014, en coautoría con Miguel Braillard), y Padre Cajade. El santo de los pibes de la calle (2016).

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"Es una vergüenza", dijo Marcelo Peña, abogado de uno de los damnificados, Ricardo Wagner. El profesional se opuso a una salida alternativa al debate oral "en desmedro y detrimento de los derechos de las víctimas". Este abogado presentó un escrito para pedir que el fiscal Jorge Paolini se aparte de la causa. Sergio Ariel Lezana, de Defensa Civil municipal, aceptó los cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito que tiene una pena de entre un mes y un año de inhabilitación para ejercer cargos y multas de entre 700 y 12.500 pesos.

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