La investigación por una nueva mega defraudación a las arcas provinciales desde la Dirección General de Cultura y Educación avanzó con más allanamientos y detenciones, que se sumaron a los que arrancaron el jueves en localidad del conurbano

Los seis primeros acusados que fueron aprehendidos en el marco de ocho allanamientos, siete de los cuales se hicieron en Lanús y uno en Lomas de Zamora, fueron indagados en las fiscalías de La Plata. Todos se mostraron visiblemente afectados y se negaron a declarar, informaron fuentes judiciales.

Se destacan entre ellos dos de los principales sindicados, el médico Rubén Darío Massobrio, de 72 años y sospechado de emitir certificados con patologías psiquiátricas falsas y Norberto Manuel Toledo Mazzei, de 25 años y ex empleado de una farmacia. El resto de los detenidos son auxiliares docentes, hombres y mujeres de entre 34 y 55 años, imputados de haber sacado licencias con certificados apócrifos informaron fuentes con acceso a la causa.

Uno de los allanamientos se hizo en la seccional Lanús del gremio UPCN, con la presunción de que “algunos dirigentes gremiales habrían formado parte de la maniobra”, trascendió de fuentes judiciales. Distintos voceros confirmaron al diario El Día que solamente en el lapso de 14 meses el psiquiatra Massobrio “emitió 1.818 certificados que significaron 38.816 días de licencia (o 106 años) para agentes de la educación”, entre los que había porteros, cocineros, personal de maestranza y también docentes, que no iban a trabajar, pero cobraban amparados “por certificados con patologías psiquiátricas falsas”.

Sólo en ese periodo acotado de tiempo -14 meses- la maniobra le costó al estado más de 20 millones de pesos que debió pagar para reemplazar al personal licenciado. Teniendo en cuenta que lo mismo habría sucedido en muchos distritos de la Provincia, durante años, la cifra es varias veces millonaria. “Tanto, que duele”, resumió el vocero. Y apuntó: “Es más, algunos eran reemplazados por sus parientes que también terminaban sacando licencias truchas”. Entre los domicilios allanados está la delegación Lanús de UPCN.  La investigación determinó, además, la existencia de una usina de certificados truchos: “Falsificaban sellos de médicos en ejercicio, pero también de personas inexistentes e incluso de profesionales ya fallecidos”, aportó un pesquisa. Según se desprende de la causa que se abrió con una denuncia anónima aportada por la Oficina de Fortalecimiento Institucional bonaerense, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, “25 auxiliares docentes de la provincia de Buenos Aires presentaron ante la Dirección General de Cultura y Educación, un total de sesenta y cinco certificados médicos apócrifos que les eran entregados, a cambio de una suma de dinero por otra persona a fin de obtener de ese modo licencias por enfermedad”.

Fuente: El Día