El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra Pablo Nocetti, el exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por supuestos "abuso de autoridad y violación de deberes" como funcionario público durante el operativo de Gendarmería que en 2017 derivó en la muerte de Santiago Maldonado.Noceti dio las órdenes "ineficaces e ilegales" el día de la represión a la Pu Lof de Cushamen, cuando desapareció Maldonado, y luego los funcionarios armaron la "ingeniería jurídica de la impunidad".

Es la conclusión a la que llegó la investigación interna ordenada por la actual conducción del Ministerio de Seguridad. Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves de los jefes a cargo de los operativos Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola pero afirma que sobre ellos hay "cosa juzgada".

Por su parte, en un informe periodístico, el periodista Pablo Duggan aseguró que el mismo funcionario le reconoció en su momento que la represión tenía que ver con la demanda de los terratenientes, puesto que las acciones de protesta de los Mapuches no la ameritaban.

En su denuncia, los actuales funcionarios de Seguridad explicaron que "la anterior conducción de la Gendarmería, con las autoridades del Ministerio de Seguridad 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017".

Esto fue posible porque ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y el pedido de cambio de carátula en la causa judicial hecho por los abogados de la ministra Bullrich, la investigación interna "liberó de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado". La auditoría que realizó este año la nueva conducción de la fuerza desmontó esa "ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada". Y en tal sentido concluyó que:

* No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017.

* Además de poner en riesgo a los manifestantes, se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.

* Ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social.

* Se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo diez efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, "además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados".

* Si bien había cortes intermitentes de la ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones, ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.

* "Se soslayó así, deliberadamente, la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza".

Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017, Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola.

A los dos primeros le adjudican haberse ausentado durante los operativos, y al último "por haber ordenado en forma intempestiva y apresurada que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes, con el uso de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para detener a los manifestantes".