La defensa de Urribarri solicitó que los magistrados se aparten del expediente por considerar que "existen razones para temer sobre la parcialidad de sus resoluciones". Como estrategia, los defensores de Urribarri habrían requerido al máximo tribunal que se solicite a diversas compañías de telefonía celular del país los números de teléfonos donde Giorgio y Schumacher sean titulares y estén listados en llamadas entrantes y salientes desde el 25 de agosto de 2023 hasta la fecha. Al parecer, el equipo de Burlando se habría hecho eco de versiones de que los expedientes contra el ex embajador en Israel "habrían sido gestados ilegalmente en el seno de ciertos sectores del poder judicial".

Los voceros de Urribarri habían expresado con anterioridad que estaban "en presencia de una gigantesca causa armada" y que el abogado mediático pediría también "acciones penales y pedidos de juicio político". La defensa habría entendido que podrían existir evidencias comprometedoras contra los magistrados ya que el proceso "estaría plagado de irregularidades".

Por otro lado, el equipo de Burlando estaría evaluando una nómina de testigos que estarían dispuestos a declarar en caso de que se concreten las acciones judiciales y administrativas. Al respecto, Burlando no dio más precisiones pero aseguró que "la sentencia condenatoria contra el ex mandatario está plagada de irregularidades y viola un sinnúmero de preceptos vigentes tanto de la Constitución Provincial, de la Constitución Nacional y múltiples artículos del código de procedimiento penal en Entre Ríos".

Se aseguró que próximamente podría ingresar un pedido formal de juicio político contra Schumacher y Giorgio. Para esto, se habrían mantenido comunicaciones entre diputados y senadores de la oposición que estarían acordando con ciertos sectores oficialistas que podrían dar luz veces del ingreso de los pedidos contra los magistrados.

Se recordará que el abogado mediático anunció que asumiría por primera vez la defensa de un caso donde el involucrado es un ex funcionario público. "Tomé esta decisión luego de enterarme por colegas de Entre Ríos lo que estaba sucediendo con Urribarri, que es una verdadera aberración jurídica", había expresado Burlando y consideró que el ex gobernador "ha sido sometido a un escuadrón de fusilamiento judicial, político y mediático, con investigaciones y juicios plagados de arbitrariedades".