Barrios Cerrados, Gato Encerrado: denunciaron a Garro, ex funcionarios municipales y empresarios por supuesta matufia
Julio Garro, ex intendente de La Plata, fue imputado en una causa por corrupción, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. El fiscal a cargo del expediente, Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16 platense, ordenó el allanamiento a la casa de Garro al área de Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, en el marco de un expediente que investiga la connivencia de una serie de figuras políticas y empresas privadas en torno a presuntos desmanejos en torno a desarrollos inmobiliarios en la periferia de la ciudad.
Junto a Garro hay otros siete imputados, con cuatro empresas investigadas: los delitos que se investigan son los de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario publico, falsedad Ideológica de documento público, y administración fraudulenta. La actual investigación comenzó tras una denuncia de la actual intendencia, a cargo de Julio Alak.
“Al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento. Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas / desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de mil quinientos millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al municipio en un monto estimado en $700.000 millones de pesos”.
“Rezonificaban barrios en donde no se podía construir. Se hacía una ordenanza especial, se pagaba una plusvalía, con números inflados, con empresas ocupadas por los funcionarios”, asegura una fuente clave en la causa. La firma de Garro se repite en varios convenios urbanísticos investigados por la Justicia.
Entre los ex funcionarios imputados se encuentran María Botta, ex secretaria de Planeamiento Urbano; Marcelo Gustavo Genoro, ex Director General de Obras Viales; y Nahuel Julián Paradela, ex subsecretario de Servicio Públicos. Además, se encuentran implicados varios empresarios, entre ellos Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones).
El fiscal a cargo de la causa también ha solicitado investigar una documentación relacionada con sobreprecios en la obra pública de un barrio cerrado en La Cañada, City Bell. Según los documentos de la causa, los barrios ilegales desarrollados en La Plata violaban la ley provincial de uso del suelo, lo que los hacía nulos.
El informe de la investigación indica que desde 2015 hasta 2023, varios funcionarios municipales, en connivencia con empresarios, facilitaron el desarrollo de estos barrios ilegales en zonas no permitidas, sin la debida autorización provincial. Este accionar resultó en un perjuicio económico tanto para los compradores de los inmuebles como para el municipio, que estima una pérdida de alrededor de 700.000 millones de pesos.
El grupo de personas implicadas habría realizado estos actos fraudulentos en beneficio propio y de las empresas desarrolladoras involucradas, con un impacto económico estimado en 1.500 millones de dólares.