La norma considera que estas políticas, pensadas originalmente para fortalecer el tejido PyME en todo el país, “impedían la dinámica natural del libre mercado” y representaban “funciones redundantes con una contribución marginal al interés general”. En otras palabras, desde la lógica libertaria, las herramientas de asistencia al sector eran un gasto innecesario y poco eficaz.

Lejos de mantener un perfil bajo, cuenta Data Clave, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no solo avaló la medida sino que la festejó públicamente. En un extenso mensaje en X, el economista explicó que los programas “eran ineficientes, discrecionales y estériles”, y que en la práctica representaban un “gasto de recursos para beneficiar a unos pocos privilegiados”.

“Había agencias que nunca se desplegaron, capacitaciones irrelevantes, consorcios de exportación sin escala, registros inútiles y vínculos forzados entre PYMES y grandes empresas”, aseguró el funcionario, que incluso cuestionó el Programa Promoción de la Competitividad PyME, incluido en el Presupuesto 2025. Según Sturzenegger, este solo contemplaba la asistencia a 150 firmas, frente a las más de 500 mil que hay en el país. “Un modelo para el 0,03% del universo productivo, tal vez amigos del poder y seguramente de CABA”, disparó.
La ofensiva libertaria no se quedó solo en el discurso. El decreto borra de un plumazo una serie de programas clave, entre ellos: el Sistema de Información MIPyME, la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, el Programa de Desarrollo de Proveedores, los Consorcios de empresas PYMES, el Programa Nacional de Capacitación empresaria, la Comisión Especial de Seguimiento, y el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.

Cada uno de estos instrumentos tenía funciones específicas que iban desde recolectar y difundir datos útiles para el sector hasta articular esfuerzos con grandes compañías, fomentar exportaciones, capacitar cuadros gerenciales o acompañar a emprendedores jóvenes. Sin embargo, para el oficialismo, todas estas herramientas eran simplemente parte de una burocracia sin impacto real.

En ese marco, Sturzenegger volvió a reivindicar el enfoque del gobierno: menos intervención, menos regulaciones, y más libertad de acción para los actores económicos. “Una política PyME no son programas vacíos ni planes marketineros, se construye con una macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir”, sentenció.

Los artículos anulados del cuerpo legal abarcan el núcleo operativo de los programas de asistencia y acompañamiento empresarial, lo que marca un nuevo retroceso en términos de política productiva federal. Lejos de la mirada territorial y con enfoque inclusivo, el recorte pone en jaque estructuras que venían funcionando, mal o bien, desde hace más de dos décadas.

El Decreto 339/2025 ya se encuentra vigente y responde directamente a la lógica trazada por el Decreto 70/23, que en diciembre de 2023 inició la era de desregulación masiva impulsada por el Gobierno nacional. En este caso, la eliminación de programas PyME representa uno de los gestos más contundentes del Ejecutivo hacia la reducción de la intervención pública en la economía productiva.