Las acusaciones incluyen arbitrariedad en sus decisiones, negligencia alarmante y violaciones a derechos fundamentales como el debido proceso y la libertad de expresión. Además, las sospechas sobre presiones políticas externas en las que se apunta principalmente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, agravan la sospecha de una instrumentalización del sistema judicial para reprimir a militantes políticos que estén en contra del gobierno de Javier Milei.

La pelota ahora la tiene el Consejo de la Magistratura que debería investigar exhaustivamente estas denuncias. Ahora, la denuncia no sólo cuestiona la imparcialidad y falta de profesionalismo de Arroyo Salgado, sino que también alerta sobre posibles conexiones de la justicia argentina con el gobierno de turno, esta vez con el de La Libertad Avanza.
Mal desempeño en sus funciones. Arroyo Salgado incurre en negligencia grave, arbitrariedad y desconocimiento del derecho al ordenar detenciones injustificadas y allanamientos desproporcionados. Los hechos investigados, que consistieron en la instalación de un pasacalle y el arrojo de bolsas de excremento frente al domicilio del diputado Espert, no justificaban el nivel de intervención judicial ni la gravedad de las medidas adoptadas.
Violaciones al debido proceso. Los cinco detenidos, cuatro mujeres y un hombre, fueron incomunicados y trasladados al penal de máxima seguridad de Ezeiza bajo secreto de sumario, lo que les impidió ejercer su derecho a la defensa. En particular, se destaca el caso de Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense, cuya delicada salud fue ignorada por la jueza.
Ataque a la libertad de expresión. Las acciones judiciales contra los militantes peronistas son un ataque directo a la libertad de expresión. Los denunciantes argumentan que las protestas, aunque provocativas, se inscriben dentro del marco legítimo del derecho a manifestarse pacíficamente.
Presiones políticas y desviación del rol judicial. La denuncia también señala posibles influencias externas en las decisiones de la jueza. Se menciona una supuesta connivencia con el Poder Ejecutivo, liderado por Bullrich y el diputado Espert. La pregunta que surge es ¿Estas conexiones fueron utilizadas como instrumento de represión política contra opositores?.
La denuncia de Recalde y Siley se fundamenta en señalar a los detenidos presos políticos por el desmedido uso de las fuerzas del Estado para aprehenderlos e incomunicados.