Un detallado informe del portal de noticias Data Clave revela que bajo la gestión del radical mendocino la obra social pasó de tener un superávit de $2.960 millones a fines de 2023 a una deuda que, según distintas estimaciones, oscila entre los $126.000 y los $250.000 millones, afectando prestaciones básicas como cirugías programadas en todo el país.

Pablo Mendoza, Secretario General de la Seccional Punta Alta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó: “Hoy si no tenés el dinero en efectivo, no te puedes operar en ningún sanatorio ni de Bahia Blanca ni de Punta Alta y en la región sur donde, está Punta Alta, Bahía Blanca y Patagones tenés muchos trabajadores afiliados a IOSFA tanto de la Armada, Prefectura de Gendarmería que están sin prestaciones".

"Los que estamos viviendo en Punta Alta es atrasos de tres meses en medicamentos oncológicos para bebés, ancianos y jóvenes, todo el sistema terapéutico para chicos con discapacidad tampoco está al día, y lo más difícil es que corre riesgo la vida de los trabajadores de los pasivos y activos y hoy tenemos una prestación acéfala”, agrega.

Documentos oficiales y denuncias reconstruyen un proceso de toma de deuda, contrataciones cuestionadas y un drástico recorte de servicios, que se enmarca en el escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde también aparece involucrada la droguería Suizo Argentina, uno de los proveedores clave de la obra social militar.

En 2024, el Directorio autorizó la gestión de un préstamo por $40.000 millones ante el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), una operación que contó con la oposición de varios vocales y que, según denuncias, se usó para cancelar deuda previa en lugar de mejoras informáticas.

A marzo de 2025, informes técnicos ya consignaban una deuda reconocida de $126.526 millones, aunque fuentes sindicales la elevan por encima de los $160.000 millones. ATE adjudica este hecho a la situación de vaciamiento y de corrupción que existe en el interior de la obra social, que no tiene que ver con las prestaciones que los trabajadores y las trabajadoras imparten a los 650.000 afiliadas y afiliados que sostiene la obra social.

En este sentido, ATE denunció la firma de un contrato por 50.000 millones de pesos entre el IOSFA, a cargo del ministro Petri, y la droguería Suizo Argentina SA, empresa apuntada por el escándalo de las coimas que involucra a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Ruben López, secretario general ATE en el IOSFA, quien aseguró que están haciendo “colapsar” la obra social que hace dos años tenía superávit y que desde el cambio de Gobierno acumuló una deuda de más de 200 mil millones de pesos.

“Pedimos investigar a la gestión. Porque no entendemos cómo esta gestión –y lo volvemos a decir constantemente– asumió con un superávit y hoy la obra social tiene un endeudamiento de más de 200 mil millones de pesos”, dijo.

Y, sobre la deuda de IOSFA, afirmó: “Y crece mes a mes. Los afiliados no cuentan con ninguna cobertura. no les entregan medicamentos. Estamos en un desastre total. Y llevan apenas 20 meses”.

El impacto en los beneficiarios ya es tangible. En Mar del Plata, el prestador local comenzó a reprogramar cirugías, estudios y turnos que no impliquen riesgo de vida, manteniendo solo las urgencias. A esto se suman denuncias por faltante de medicamentos para VIH, diabetes y cáncer, suspensión de reintegros y el vaciamiento de farmacias en delegaciones provinciales.

La crisis de gobernanza es evidente: el instituto tuvo tres presidentes en 18 meses (Oscar Sagás, Roberto Fiochi y, desde junio, Betina Surballe). En este marco, el ministro de Defensa, Luis Petri, es señalado como el responsable político. Pese a haberse comprometido a gestionar fondos, las partidas no llegaron a tiempo, agravando la situación.