La entidad recordó que ha cuestionado de manera constante toda decisión de funcionarios públicos que implique impedir la difusión de información, especialmente cuando se trata de hechos vinculados a autoridades estatales o de interés institucional. En este sentido, señaló que la resolución judicial constituye un nuevo ejemplo de órdenes estatales que restringen de forma ilegítima las libertades de expresión y de prensa.

ADEPA subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, salvo en casos que involucren la protección de la infancia y la adolescencia, cualquier medida preventiva que limite la circulación de información afecta la libertad de pensamiento y de expresión.

En su comunicado, la asociación precisó que la publicación de informaciones puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, y que el gobierno tiene las herramientas necesarias para investigar y sancionar posibles delitos relacionados con la grabación de los audios, así como para aplicar sanciones a los funcionarios que eventualmente hayan violado sus deberes de secreto.

Sin embargo, advirtió que las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y lesionan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que, independientemente de su naturaleza, pueden influir en la formación de la opinión pública.