En la misma línea, Milei justificó su postura: “La condición financiera es que los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos, y tienen que explicar de dónde van a sacar los impuestos, o qué gastos van a quitar para poder financiar esto”.

Las áreas técnicas del Ejecutivo están terminando en estas horas de pulir los argumentos que presentarán en los tribunales. El centro de la estrategia se apoya en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda norma que implique gastos no previstos debe establecer con precisión las fuentes de financiamiento.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la normativa tendría un impacto estimado de entre el 0,22% y 0,42% del PBI. Desde la Casa Rosada admiten que los recursos no fueron contemplados ni en el presupuesto prorrogado actual ni en las proyecciones para el próximo año. En rigor, la prioridad oficial es ganar tiempo para sostener el plan de déficit cero en la previa electoral.

Sin embargo, desde Tribunales consideran que es cuestión de que cualquier juez tome la presentación y la rechace de plano. Básicamente, porque el mecanismo por el que se aprobó la emergencia es el que está previsto en la Constitución y no hubo ninguna violación a los procesos estipulados. Ademas, el debate de la cuestión entraría en lo que se denomina como “cuestiones políticas no judiciables”. Por cualquiera de esos dos argumentos, el planteo oficialista debería caerse más temprano que tarde.

Cabe recodar que la ley sancionada dispone la regularización de pagos, actualización mensual de aranceles, compensaciones de emergencia para prestadores, financiamiento de pensiones no contributivas y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, redefine la certificación de la discapacidad según la Convención Internacional, habilita compatibilizar la pensión con el empleo formal y garantiza mecanismos de consulta con las organizaciones del sector.

El Gobierno, en paralelo, no actualiza el nomenclador de prestaciones desde diciembre de 2023, lo que desató reclamos masivos de prestadores. Manuel Adorni, vocero presidencial, había anunciado semanas atrás que se estaba evaluando un aumento en los montos, con fondos provenientes de la baja de más de 100.000 pensiones por invalidez que habían sido otorgadas de forma irregular. Sin embargo, el proceso de revisión avanza con lentitud y el alivio económico para el sector sigue sin aparecer.

La tensión se incrementó aún más tras la difusión de audios que destaparon un posible esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con la droguería Suizo Argentina. El escándalo golpeó de lleno en medio de las discusiones por la ley, alimentando la desconfianza de los prestadores hacia la gestión actual.

La iniciativa parlamentaria fija la Emergencia en Discapacidad hasta 2027 y obliga al Poder Ejecutivo a informar anualmente al Congreso sobre la ejecución de los fondos, pudiendo hacer reasignaciones presupuestarias para su implementación, siempre que no afecten otros servicios sociales.