El mediático abogado y ahora candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, arremete contra la primera marca de cerveza de la Argentina. En principio, la Justicia Criminal y Correccional del Departamento Judicial de La Plata se declaró incompetente para intervenir en los pedidos de allanamientos, interceptación de correspondencia y mensajería electrónica, así como en el posible secuestro de documentación sensible, requerido por el equipo de abogados que lidera Burlando. Pero todo no quedó ahí.

La causa sustanciada en el marco de la IPP 06-0029680-25 investiga la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, desbaratamiento de los derechos acordados y fraudes al comercio y a la industria. El fiscal de La Plata Álvaro Garganta derivó el caso a su par de la Unidad Funcional de Investigación de Quilmes a través del Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de la magistrada Natalia Noemí Bavaro, que motivó la apertura de un tercer expediente bajo el número de Investigación Preliminar 13-0027192-25.

Paralelamente, se discute la competencia para intervenir en el posible delito de desobediencia judicial en el que habrían incurrido los directivos de CMQ frente a la medida cautelar
En paralelo, avanzan las investigaciones contra Beneroni SA, nueva distribuidora y actual socia de CMQ, cuyas autoridades fueron denunciadas por posibles hechos de usurpación de propiedad, defraudación, robo y privación ilegal de la libertad de un chofer de la firma QUILBEB SUR.

La fiscal Silvia Noemí Borrone, de la Unidad Funcional de Investigación nro. 4 de Berazategui, ordenó recibir declaraciones indagatorias a dos de los imputados para los días 7 y 9 
Desde el entorno de Burlando insisten con la potencial responsabilidad de las máximas autoridades de CMQ y de la brasilera AB InBev en una operatoria que habría consistido en desplazar de forma ilegal y por la fuerza a uno de sus principales distribuidores. Los delitos investigados incluyen asociación ilícita (art. 210 CP), coacción agravada (arts. 149 bis y ter CP), fraude comercial (art. 301 CP), desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11 CP), desbaratamiento de empresa (art. 174 inc. 6 CP) e infracción al art. 159 CP.
Fuentes cercanas a la investigación no descartan la acumulación de ambos procesos, en los que se encuentran mencionados múltiples autoridades de CMQ: Martín Ticinese (Presidente), Tomás Eloy Fracchia (Vicepresidente), los responsables de comercialización Fabio Baracho Martinelli, Javier Montes, Marcelo Pablo Carranza, Matías José Tabilla y Agustina Ivón Villalba.

También figuran los directivos Paula Soledad Marconi, Analía Toranzo, Ariel Sandler, Ignacio Suárez, Owen Dempsey, María Eugenia Botta y Jimena Pérez (Gerenta General de Uruguay). Además, aparecen mencionados Eugenio Raffo (VP de Marketing), Gonzalo Fagioli (VP de Asuntos Corporativos, Legales y Compliance), Erica Zamora (VP de Gente), Rodrigo Catalá y Mariano Toledo.
No se descarta las eventuales citaciones de altos ejecutivos de AB InBev Brasil, mencionados en la investigación como Michel Doukeris (Director Ejecutivo y responsable de las acciones comerciales en Argentina), Fernando Tennenbaum (Director financiero) y Carlos Lisboa (CEO Zona Sudamérica).

El estudio Burlando solicitó que se libren exhortos diplomáticos a la República Federativa de Brasil para citar a los máximos directivos de AB InBev, quienes según la denuncia formulada por QUILBEB SUR SA podrían tener responsabilidades activas u omisivas en las figuras delictivas investigadas.
Para el 30 de septiembre de 2025 fueron designadas audiencias entre las partes en el Departamento Judicial de Quilmes. Los abogados han sido citados en el marco de la ley 13.433 por la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos Penales.

Hasta ahora, Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) no se ha proninciado sobre el tema pese a las consultas periodísticas recibidas. Uno de los aspectos centrales que preocupan a los letrados, y en los que podrían hacer foco los investigadores, son los audios en los que se mencionan irregularidades relacionadas al mecanismo de cobro del denominado impuesto interno.