La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación inició el proceso de selección del ombudsman, cargo vacante hace 16 años, que en la actualidad ostenta el subsecretario general Juan José Böckel.

El cuerpo encargado de la selección está presidido por el senador Daniel Kroneberger, con secretaría de la diputada Margarita Stolbizer y vocalías de Germán Martínez, Mónica Silva, Anabel Fernández Sagasti, Lilia Lemonie, Cecilia Moreau, Fabio Quetglas y Juliana Di Tullio, entre otros.

En ese marco, una de las postulaciones destacadas es la del exjuez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, abogado de dilatada trayectoria y probado compromiso con los derechos humanos.

El letrado, actual Secretario de Coordinación Municipal de La Plata y concejal en uso de licencia, cuenta con el título de Especialista en Derecho Administrativo y ha ejercido su profesión en el ámbito privado durante más de diez años, pero vinculado siempre a la función pública en diversos organismos de la administración nacional, provincial y municipal.

En 1999 accedió por concurso al cargo de Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, pero debido a la demora en su implementación recién pudo asumir en diciembre de 2003.

Durante su labor judicial se destacó por defender los derechos de quienes más lo necesitan y garantizar la justicia frente a los abusos de poder, en tanto que entre sus actuaciones más relevantes se encuentran la protección de familias vulnerables (cautelares para frenar desalojos y asegurar viviendas dignas); defensa de la salud frente a la burocracia y omisión estatal (ordenó a IOMA garantizar medicamentos esenciales y tratamientos médicos urgentes); y suspensión de aumentos injustificados en servicios de luz, gas y agua.

También bregó por el derecho a la verdad y reparación al investigar irregularidades durante la trágica inundación de La Plata en 2013, garantizando transparencia y visibilizando a las víctimas y abogó por la protección de personas en conflictos sociales, como ser la toma de Abasto en 2015, cuando se aseguró que la intervención judicial priorizara la vida y la dignidad de las familias, evitando la represión y promoviendo soluciones justas y pacíficas.

En suma, Luis Federico Arias reúne las condiciones más esenciales que debe tener un Defensor del Pueblo: independencia, compromiso con los derechos humanos, sensibilidad social y valentía frente al poder.

Su trayectoria judicial demuestra una coherencia infrecuente ya que siempre se situó del lado de las personas más vulnerables, defendiendo derechos frente a abusos estatales, corporativos o institucionales.

Asimismo, su figura se caracteriza por una ética pública firme al actuar incluso a costa de su propia estabilidad, enfrentando presiones políticas y mediáticas. De hecho, su destitución en 2018 –fuertemente cuestionada por organismos de derechos humanos– fue interpretada como una muestra del costo de ejercer la independencia judicial en defensa de la ciudadanía.

Arias no sólo entiende el derecho como una técnica, sino como un instrumento de justicia social. Su labor se inscribe en una tradición de pensamiento jurídico que reconoce al Estado como garante activo de los derechos, no como mero administrador. Esa perspectiva lo acerca naturalmente a la función de Defensor del Pueblo, que requiere no solo conocimientos técnicos, sino también empatía, legitimidad moral y coraje institucional.

Además, su experiencia académica y política reciente le permite comprender el entramado social y territorial del país, las necesidades concretas de la gente y los límites reales de las políticas públicas. Esa combinación de conocimiento técnico, compromiso ético y sensibilidad ciudadana lo convierte en un candidato capaz de reconstruir la confianza entre el Estado y la sociedad.